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Senado avanza nacionalidad única: candidatos deberán renunciar a otro pasaporte
La reforma a los artículos 82, 116 y 122 obligaría a los aspirantes a renunciar a otra nacionalidad antes del registro. El filtro pasó en comisiones con 12-6 y 11-3; PAN y PRI votaron en contra.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron un dictamen que exige nacionalidad única a quienes aspiren a la Presidencia, a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la CDMX: quien tenga otra nacionalidad deberá renunciar antes del registro. Morena y PT lo defienden como defensa de la soberanía; PAN y PRI lo rechazan por regresivo.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el dictamen que impide a mexicanos con doble nacionalidad aspirar a la Presidencia, a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La votación —12 a favor y 6 en contra en Puntos Constitucionales, 11 a favor y 3 en contra en Estudios Legislativos Primera— no consuma la reforma, pero define su dirección: el requisito de nacionalidad única deja de ser un principio difuso y se convierte en un filtro verificable antes del registro de candidaturas.
El requisito y su letra chica
La enmienda reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Para ocupar la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales se requerirá ser mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad; quien la tenga deberá renunciar antes de solicitar su registro, "en los términos que establezca la ley". El texto va más allá del registro: quien ejerza el cargo no podrá adquirir otra nacionalidad ni invocar ante autoridad extranjera una distinta de la mexicana. Enumera supuestos concretos: usar pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer ante él derechos políticos inherentes a su ciudadanía o acogerse a su protección diplomática.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que no se trata de "una prohibición general ni una restricción de derechos políticos, sino un requisito de elegibilidad". Al fijar la postura de Morena, Saúl Monreal Ávila afirmó que los migrantes conservan derechos y aportaciones aunque no puedan ser candidatos, y enmarcó la reforma en la defensa de la soberanía "ante las posturas de gobiernos extranjeros". Del otro lado, Marko Cortés Mendoza, del PAN, la llamó regresión en derechos humanos por el principio de progresividad y anunció que no acompañará el dictamen; Claudia Anaya Mota, del PRI, dijo que restringe derechos de connacionales. Alejandro González Yáñez, del PT, la calificó de soberanista.
Uno de los avales fue el senador Enrique Inzunza, a quien el gobierno de Donald Trump ha señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La lectura política
El punto central es que la reforma no regula la nacionalidad —México reconoce la doble nacionalidad desde finales de los noventa y este dictamen no la retira—, sino quién puede gobernar. Es una regla de elegibilidad, no una candidatura ni una precandidatura: hoy no descalifica a nadie porque no hay registros abiertos, y su efecto real se medirá cuando la ley reglamentaria defina cómo y ante quién se acredita la renuncia. Ahí está el nudo: renunciar a una nacionalidad extranjera supone un trámite ante la autoridad de otro Estado, precisamente la que el texto prohíbe invocar para otros efectos.
En la práctica, el dictamen opera como un test de lealtad verificable y difícil de simular. Una renuncia es un acto documentable, público y costoso, que los partidos podrán exigir a sus cuadros antes de arriesgar una candidatura, y que un adversario podrá exhibir si no se hizo. El marco elegido —"defensa de la soberanía"— es el eufemismo que ordena el movimiento: permite a Morena capitalizar la bandera nacionalista en un ciclo de fricción con Washington y coloca a PAN y PRI en la posición incómoda de votar contra una regla que se presenta como patriótica. La apuesta opositora es distinta: buscar el voto de electores con vínculos binacionales y de organizaciones migrantes, aun a costa de quedar expuestos a la acusación de defender intereses extranjeros.
El equilibrio interno del bloque mayoritario se sostiene: Morena y PT alineados en las dos comisiones, con el disenso concentrado en PAN y PRI. Pero una votación en comisiones no garantiza la mayoría calificada que exige una reforma constitucional en el Pleno. La coincidencia de Inzunza —señalado desde Washington— votando por blindar la soberanía es el tipo de detalle que sus adversarios usarán y que la mayoría no podrá evitar que circule.
El horizonte electoral es explícito aunque no se nombre: las gubernaturas que se renuevan en 2027 y la sucesión presidencial de 2030 son el terreno natural de esta regla. Quien quiera competir tendrá que resolver antes su situación documental.
Qué sigue
El dictamen pasa al Pleno del Senado, sin fecha confirmada en la evidencia disponible, donde requiere dos terceras partes de los votos. De aprobarse, seguiría la Cámara de Diputados con la misma mayoría y después la mayoría de las legislaturas locales. En paralelo queda pendiente la ley reglamentaria que fijará los "términos" del registro: es ahí donde se decidirá si la renuncia se acredita con un documento extranjero, con una manifestación ante autoridad mexicana o con ambos. PAN y PRI ya anunciaron su voto en contra, lo que anticipa un debate de progresividad y derechos políticos que, tratándose de una reforma constitucional, tiene un margen de control judicial limitado.