Senado avanza prohibición de doble nacionalidad a candidatos rumbo a 2027

El Senado abrió este 29 de septiembre el proceso legislativo en el Pleno para votar la reforma que prohíbe a las personas con doble nacionalidad ser candidatas a la Presidencia de la República o a las gubernaturas, a menos que renuncien a su nacionalidad extranjera. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó al tablero después de que al menos seis senadores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitaran licencia para las sesiones del 29 y 30 de septiembre de 2026.

Las solicitudes las firmaron las morenistas Cecilia Guadiana, Karina Ruiz Ruiz y María Martina Kantún Can, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, y los senadores del PVEM Virgilio Mendoza Amezcua y Virginia Magaña Fonseca. Con sus ausencias temporales asumieron el cargo los suplentes Octavia Hernández, Rocío de Aguinaga Peraza, Edgar Noé Larios Carrasco, Ixchel Pat Caamal, Luis Mario Baeza y Guadalupe Capetillo. Algunos titulares se reincorporarán el 1 de octubre.

El reporte no precisa el motivo de las licencias, y ese dato falta para sostener cualquier lectura sobre una negociación interna. En términos aritméticos, la operación no mueve el número de escaños por bancada: el suplente hereda el voto.

Licencias breves y el alcance real de la reforma

Las licencias son de dos días y no modifican la correlación de fuerzas. Si el objetivo de un legislador fuera restar votos a la reforma, el camino sería la ausencia sin suplente, no la licencia con reemplazo acreditado. El patrón —sesiones cortas, sustitutos tomando protesta y regreso inmediato el 1 de octubre— es más compatible con un mecanismo de control de asistencia y disciplina que con una fractura interna. Queda por verificar, además, si alguno de los seis legisladores tiene otra nacionalidad, dato que no aparece en la información disponible.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) sostuvo que la reforma a la Ley de Nacionalidad obligaría a quien aspire a un cargo público y tenga una segunda nacionalidad reconocida por un país extranjero a renunciar a ella, y a manifestar su respaldo a las leyes y a las autoridades mexicanas. El senador de Movimiento Ciudadano (MC) Luis Donaldo Colosio Riojas acusó a Morena de darle fast track a la iniciativa y afirmó que hay proyectos en materia de salud detenidos en la congeladora. En la misma sesión se votará una reforma contra la piratería.

Hay una ambigüedad normativa que conviene subrayar. La Constitución ya exige, para la Presidencia, ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, mientras los requisitos para gobernador se definen en cada constitución local con reglas heterogéneas. Además, el artículo 37 establece que la nacionalidad mexicana no se pierde por adquirir otra. De ahí que la pregunta operativa sea cómo se acredita la renuncia: falta conocer el texto del dictamen para saber si basta una reforma a la ley secundaria o si el cambio requiere tocar la Constitución.

La lectura política

En la práctica, la iniciativa no regula campañas, dinero ni organización electoral: redefine quién puede ser candidato. Y lo hace antes de que arranquen las definiciones internas que en 2027 renovarán gubernaturas; para la Presidencia el efecto se proyecta hasta 2030. Un aspirante con doble nacionalidad enfrentaría un costo nuevo y visible: renunciar públicamente a su otra nacionalidad antes de competir. Eso puede disuadir a perfiles con trayectoria binacional o forzarlos a resolver su situación mucho antes de que exista una candidatura formal.

El cálculo político del oficialismo es de bajo costo y alto rendimiento simbólico: la bandera de soberanía nacional tiene consenso amplio, y el disenso se concentra en el método —el fast track— más que en el fondo. Ese es justamente el terreno donde MC colocó su crítica, un posicionamiento que le permite marcar distancia sin defender la doble nacionalidad como bandera propia.

Para la coalición gobernante, el mensaje a aliados es de ordenamiento: la elegibilidad se fija desde arriba y antes del calendario. Para los partidos de oposición, la señal es que el costo de pelear el método se paga ante un electorado que aún no tiene el tema en su lista de prioridades.

Qué sigue

- La votación en el Pleno durante las sesiones del 29 y 30 de septiembre de 2026, junto con la reforma contra la piratería. - La publicación del dictamen y de su texto final, que definirá si el cambio es legal o constitucional. En el primer caso basta mayoría simple y promulgación en el Diario Oficial de la Federación; en el segundo se requieren dos tercios y el aval de la mitad de las legislaturas locales. - El regreso de los titulares el 1 de octubre y la conclusión del encargo de los suplentes. - El efecto hacia 2027: los aspirantes a las gubernaturas en renovación tendrían que acreditar su renuncia antes de los procesos internos de selección.