Senado cierra candidaturas a doble nacionalidad; AmSoc denuncia pérdida de derechos

La American Society of Mexico (AmSoc) calificó como una restricción a los derechos políticos la reforma constitucional que el Senado aprobó para impedir que las personas con doble nacionalidad compitan por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En un comunicado difundido el 29 de septiembre de 2026, la agrupación que reúne a empresarios de Estados Unidos y México expresó su "profunda preocupación" y sostuvo que la medida deja fuera a millones de mexicanos de la deliberación y de la vida pública.

El reproche es de procedimiento y de fondo. La organización reclamó que "una decisión de esta trascendencia se tomó sin consultar a los millones de mexicanos que podrían verse afectados y sin abrir un espacio de parlamento abierto". Y agregó: "la doble nacionalidad no cancela la identidad mexicana, la lealtad al país ni la participación de sus ciudadanos en la vida pública". AmSoc también afirmó que los 86 votos a favor respondieron a una "disciplina política malentendida", colocada, dijo, por encima de los derechos de mexicanos comprometidos con su nación.

La cifra no es anecdótica. El Senado aprobó el proyecto en lo general y en lo particular con 86 votos a favor y 42 en contra, y lo envió a los congresos de las entidades federativas. La reforma toca los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución: el primero fija los requisitos de la Presidencia; el segundo, de las gubernaturas; el tercero, del gobierno de la Ciudad de México. No es una ley secundaria ni un acuerdo administrativo: es una regla de elegibilidad inscrita en el texto constitucional, lo que la vuelve más difícil de revertir que cualquier reforma legal.

El bloque oficialista ha defendido la medida con un argumento distinto al que le atribuyen sus críticos. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no se busca impedir que las personas tengan más de una nacionalidad, sino fijar una condición para quienes aspiren a cargos de gobierno: "Las personas pueden tener doble, triple nacionalidad, pero si quiere ser presidente de México o gobernador de cualquier estado mexicano, solo puede ser mexicano". El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, añadió otro eje: recordó que quienes sirven en el Servicio Exterior deben ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad para ejercer como embajador o cónsul general, y planteó extender "un principio semejante" a determinadas responsabilidades del Estado.

La lectura política

En la práctica, la reforma cierra una ambigüedad. El requisito de ser mexicano por nacimiento ya existía; lo que se agrega es la exclusión expresa de quien tenga además otra nacionalidad. El efecto no es migratorio sino de elegibilidad: convierte una condición personal en un criterio de inhabilitación política para los tres cargos de mayor visibilidad del país.

El movimiento también funciona como medición de lealtades. Una reforma constitucional exige la ratificación de la mayoría de los congresos locales, y ese trámite obliga a gobernadores, legislaturas y dirigencias partidistas a pronunciarse por escrito sobre un tema que no admite matices cómodos. El 86-42 del Senado ya dejó una fotografía nítida de la mayoría legislativa y del bloque que votó en contra; la ronda estatal hará lo propio entidad por entidad.

Rumbo a 2027, el impacto directo no está en la Presidencia —la próxima elección presidencial es en 2030— sino en las gubernaturas que se renovarán ese año. Ahí se juega la aplicación concreta del nuevo requisito y, sobre todo, la señal a perfiles de trayectoria binacional: empresarios, profesionistas y cuadros con redes en Estados Unidos que hasta ahora podían aspirar sin renunciar a su segunda nacionalidad. Gana margen quien controla la agenda constitucional; lo pierde cualquier aspirante cuyo capital político dependa de una identidad dual.

Qué sigue

La reforma quedó en manos de los congresos estatales. La Constitución exige el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas —al menos 17 de las 32— y la declaratoria correspondiente. AmSoc pidió a legisladores y autoridades "escuchar a las personas afectadas"; su comunicado, en cambio, no anuncia ninguna vía jurídica ni convoca a movilización alguna.

Falta un dato que la evidencia disponible no aclara y que será decisivo: el régimen transitorio. De él depende si la restricción aplica ya a los procesos de 2027 o solo a los siguientes. Ese es el punto donde la discusión dejará de ser simbólica y empezará a ordenar candidaturas.