Senado encamina veto a la doble nacionalidad con la mira en 2027

El Senado quedó a un paso de reescribir los requisitos para gobernar. El 24 de septiembre de 2026, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera aprobaron, sin cambios y con el voto en contra del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), el decreto que reforma la Constitución para exigir nacionalidad única a quien ejerza la titularidad de los poderes ejecutivos federal y local. El dictamen, ya avalado por la Cámara de Diputados, se discutirá y votará en el pleno del Senado el próximo martes.

La enmienda toca un requisito de elegibilidad: quien aspire a la Presidencia o a una gubernatura deberá ostentar solo la nacionalidad mexicana. El alcance preciso depende del régimen transitorio del decreto, que la información disponible no detalla; no puede afirmarse si alcanzaría a titulares en funciones con doble nacionalidad ni cómo se resolverían casos ya consumados.

El trámite tampoco se cierra el martes. Una reforma constitucional exige dos terceras partes de los presentes en cada cámara —el Senado es aquí la revisora— y luego el respaldo de al menos 17 de los 32 congresos locales. La votación será, por tanto, una prueba de mayoría calificada, no de mayoría simple.

El debate en comisiones dejó el mapa de posiciones. Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), rechazó que la enmienda vulnere derechos y la describió como "una iniciativa soberanista". Marko Cortés (PAN) anunció el voto de su grupo en contra porque, sostuvo, viola derechos políticos y humanos de los migrantes mexicanos y es regresiva. PRI y MC acompañaron el rechazo.

Una jornada con dos dictámenes y la misma oposición

El mismo día, las comisiones de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos Primera aprobaron otro decreto: el que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, orientado a cumplir compromisos internacionales, entre ellos el T-MEC. La oposición del PAN, PRI y MC acusó que esos cambios restringen la libertad de expresión; el oficialismo lo negó y llamó exagerados los señalamientos. Dos dictámenes y un mismo bloque votando contra el oficialismo: la coincidencia no es anecdótica.

La lectura política

En la práctica, el decreto no registra ni promueve candidatura alguna: mueve el cerco de quién puede competir por un Ejecutivo. Su efecto se sentirá en las gubernaturas que se renueven a partir de 2027 y en la sucesión presidencial de 2030, no en un comicio inmediato. Leerlo como precandidatura de facto de alguien sería un error: es una regla de elegibilidad que redefine el universo de aspirantes antes de que arranquen las definiciones.

Para el bloque oficialista hay dos utilidades. Una programática: sostener la bandera soberanista en un tema donde la oposición apela a los derechos de los migrantes. Otra operativa: acreditar que puede aprobar reformas constitucionales en un Senado donde la mayoría calificada exige acuerdos que la mayoría simple no requiere.

Para el PAN, el PRI y MC, el voto en contra es registrable y de bajo costo, y los deja en una posición defendible ante un electorado con vínculos migratorios. Además, llegan al martes con una alineación que no siempre ha sido la norma en la cámara alta: la misma coincidencia en dos dictámenes el mismo día.

La aritmética es el dato duro. Con las tres bancadas opositoras anunciando voto en contra, la mayoría calificada deberá salir de los escaños del oficialismo o de una fisura en esos grupos. Y como el decreto llega "sin cambios", modificar el texto obligaría a devolverlo a San Lázaro: la disyuntiva real es aprobar o rechazar. Eso convierte, en la práctica, al Senado en cámara de ratificación y traslada la negociación fina a los congresos locales.

Qué sigue

- Martes. Discusión y votación en el pleno del Senado. Al venir sin cambios de Diputados, el pleno no puede modificarlo sin reiniciar el circuito legislativo. - Si aprueba. Cómputo y envío a los 32 congresos locales. La reforma queda consumada con el aval de al menos 17; el calendario dependerá de la agenda de cada legislatura. - Si rechaza o modifica. El decreto regresa a la Cámara de Diputados y el proceso se alarga. - Pendiente en la misma ruta. El dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, aprobado en las comisiones de Justicia y Economía, también debe pasar al pleno.

Actualización

El hecho nuevo confirma que las comisiones del Senado aprobaron la reforma, resolviendo la incertidumbre previa sobre si el dictamen sería aprobado o rechazado en esa etapa. Leer el nuevo desarrollo.