Senado exige nacionalidad única a Presidente y gobernadores; pasa a estados

El Senado aprobó con mayoría calificada y turnó a los congresos estatales una reforma constitucional que reserva los tres cargos ejecutivos de mayor jerarquía —Presidencia de la República, gubernaturas y jefatura de Gobierno de la Ciudad de México— a quienes tengan exclusivamente nacionalidad mexicana. El texto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y obliga a los mexicanos por nacimiento que posean otra nacionalidad a renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.

El alcance es acotado —tres cargos, no todos los de elección popular—, pero toca el punto donde se construyen las carreras políticas y las sucesiones. La reforma no elimina el reconocimiento de la doble nacionalidad vigente desde 1997 ni impide votar, militar en un partido o competir por una diputación, una alcaldía o un escaño. Lo que hace es fijar una condición de elegibilidad en el momento exacto del registro: quien no acredite la renuncia no aparece en la boleta. Y todavía no está vigente. Por tratarse de una reforma constitucional, el artículo 135 exige el respaldo de al menos 17 de las 32 legislaturas locales, además de la declaratoria correspondiente.

El choque en el pleno

A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Saúl Monreal sostuvo que el dictamen no pretende modificar el reconocimiento de la doble nacionalidad y que nacionalidad y ciudadanía son conceptos jurídicos distintos. Argumentó que poseer otra nacionalidad implica derechos, obligaciones, participación política y protección diplomática frente a otro Estado. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, añadió que la reforma "no está hecha contra nadie" y que busca establecer una condición de "lealtad institucional y constitucional" para quienes encabecen un Poder Ejecutivo. La senadora del Partido Verde, Rocío Corona Nakamura, la resumió con un dicho: "A quien dos amos sirve, con uno queda mal".

La oposición votó en contra. El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que "tener otra nacionalidad no convierte a nadie en enemigo de la patria" y calificó de "ocurrencia peligrosa" la idea de que un documento determine la lealtad; en su intervención sugirió que mientras se sataniza a quien tiene doble nacionalidad, a quien se hace testigo protegido de otro país se le hace candidato, sin nombrar destinatario alguno. El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, sostuvo que el asunto ya está previsto en el artículo 32 y advirtió que exigir una renuncia hace depender el registro electoral de trámites ante otro Estado, con costos y tiempos fuera del control de las autoridades mexicanas; acusó además que la injerencia que "lastima a México" tiene otros rostros, como el crimen organizado que financia campañas. La panista Laura Esquivel dijo que los migrantes no deben ser considerados "ciudadanos de segunda categoría" y que Morena quiere de ellos "su voto y su dinero", pero no que sean votados.

La lectura política

La reforma funciona como una regla de acceso, no como una prohibición, y su efecto práctico es encarecer la entrada a los cargos desde los que se construye una sucesión. En las intervenciones recogidas ningún senador nombró a un destinatario individual, y la evidencia disponible no permite identificar a uno: si el objetivo político fuera bloquear a una persona concreta, ese elemento no aparece en el debate. Lo que sí queda claro es el efecto de conjunto: reduce el universo de perfiles elegibles en los tres puestos que concentran poder ejecutivo.

Para el bloque oficialista el costo político es bajo y el rendimiento simbólico alto. Coloca a sus adversarios en la posición de votar contra un requisito de soberanía, no contra una medida administrativa, y traslada la discusión a un terreno de símbolos donde la oposición responde con el marco de derechos humanos. La bancada del PRI, el PAN y MC hizo precisamente eso, con el argumento de que la lealtad se acredita con hechos y no con pasaportes. La mayoría calificada obtenida confirma, además, la cohesión del bloque gobernante y de sus aliados en una votación constitucional.

El segundo acto se juega en los congresos locales. Ahí la reforma deja de ser un debate nacional y se convierte en un ejercicio de alineamiento: cada legislatura vota y cada voto es medible. Los gobiernos estatales y las mayorías locales adquieren, por unas semanas, un margen de interlocución frente al Ejecutivo federal en el ciclo que desemboca en 2027, con la renovación de la Cámara de Diputados y varias gubernaturas. Conviene ser preciso en las categorías: esto no es una candidatura, ni una precandidatura, ni el registro de nadie. Es un cambio en las reglas de la competencia que puede alterar la lista de aspirantes viables sin necesidad de nombrar a uno solo, y que por su naturaleza constitucional difícilmente encontrará cauce en el litigio electoral.

Qué sigue

El siguiente dato verificable no es un discurso, sino un conteo: cuántas de las 32 legislaturas locales aprueban el texto. No hay calendario público de esas votaciones en la información disponible, ni lista de congresos que ya lo hayan agendado. Se requiere la mayoría, es decir, al menos 17 aprobaciones; después viene la declaratoria de validez y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que es el momento en que la regla se vuelve exigible.

A partir de entonces el requisito morderá primero en el registro de candidaturas a gubernaturas y, más adelante, en la ruta hacia la Presidencia y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Quedan dos puntos abiertos que conviene vigilar: si algún aspirante anuncia públicamente la renuncia a otra nacionalidad y si el Instituto Nacional Electoral (INE) emite criterios sobre cómo se acreditará ese trámite, el punto que Colosio señaló como dependiente de una autoridad extranjera.