RUTA 27 · MEDIUM
Senado prohíbe candidaturas con doble nacionalidad; la reforma pasa a congresos
Con 86 votos de Morena, PT y PVEM, la reforma a los artículos 82, 116 y 122 pasa a las legislaturas locales. La oposición advierte un mensaje contra los migrantes y señala su efecto sobre la candidatura de Nayarit.

El Senado aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra prohibir que personas con doble nacionalidad sean candidatas a la Presidencia, gubernaturas y jefatura de gobierno de la CDMX. Morena, PT y PVEM la impulsaron; PRI, PAN y MC votaron en contra. Ahora la reforma depende de la mitad más uno de los congresos estatales y ya se señala su impacto en la candidatura de Nayarit.
El Pleno del Senado aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma constitucional que impide que personas con doble nacionalidad se registren como candidatas a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No es un ajuste de trámite: modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, es decir, los requisitos de elegibilidad de los tres cargos ejecutivos de mayor peso del sistema. Con la aprobación, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum deja el Senado y entra a una ruta más lenta y menos visible: los congresos estatales.
Los números, los argumentos y un nombre propio
La reforma se consumó con los votos de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra. El PAN argumentó que hay temas más urgentes —la violencia, la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos— y que la reforma envía un mensaje hostil a los connacionales con doble nacionalidad que buscan espacios de representación. La priista Carolina Viggiano sostuvo que Morena no acreditó que algún presidente o gobernador haya antepuesto intereses extranjeros a los de la Nación, y llamó a la reforma "un retroceso de tres décadas", con referencia a la reforma de 1995 que reconoció la naturalización de los migrantes mexicanos en el exterior. Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, cuestionó el fast track y contrastó la velocidad de esta reforma con iniciativas de salud detenidas en la Cámara alta.
El costo político tiene cara. Senadores de oposición señalaron que la nueva regla aplica a Jasmine Bugarín, senadora con licencia del PVEM nacida en Estados Unidos, quien será candidata de Morena a la gubernatura de Nayarit; para competir tendría que renunciar a su nacionalidad extranjera. La coalición gobernante defendió que no se elimina un derecho político ni se cancela una nacionalidad, y que quien aspire a un cargo público con segunda nacionalidad deberá renunciar a ella y manifestar respaldo a las leyes y a las autoridades mexicanas. El senador Óscar Cantón Zetina proyectó un video de Sheinbaum con una carta de migrantes que respaldan la regla. La evidencia disponible no incluye el texto aprobado, de modo que no es posible precisar qué quedó en la Constitución y qué dependerá de una reforma a la Ley de Nacionalidad.
La lectura política
En la práctica, la reforma funciona como un filtro de elegibilidad sobre el esqueleto del poder ejecutivo —federal, estatal y capitalino— y llega cuando las gubernaturas de 2027 ya ordenan las ambiciones internas de la coalición gobernante. El caso de Nayarit muestra el mecanismo: la regla no prohíbe a Bugarín competir, la obliga a un acto público de renuncia. Eso opera, políticamente, como una prueba de lealtad verificable: convierte una decisión personal en un gesto de disciplina ante la coalición y deja al PVEM, socio menor, pagando el costo de una reforma que no diseñó.
Para Morena hay dos ganancias. Primero, fija agenda en un tema de alta resonancia —migración y soberanía— y coloca a la oposición en la posición de votar contra un texto que la coalición puede presentar como defensa de la Nación. Segundo, estrecha el margen de candidaturas incómodas: cualquier aspirante con pasaporte extranjero queda sujeto a un escrutinio que antes no existía. Para PRI, PAN y MC, el cálculo es de posicionamiento: con la reforma en los congresos locales, el costo del "no" se reparte entre 32 legislaturas y se diluye en la discusión estatal. Lo que la evidencia no permite sostener es que la regla alcance registros ya consumados ni cargos distintos de los tres mencionados: el texto aprobado y la eventual legislación secundaria definirán ese alcance.
Qué sigue
El siguiente paso verificable es el cómputo en los congresos estatales: se requiere la aprobación de más de la mitad de las legislaturas locales —al menos 17 de 32— para que la reforma pueda declararse válida y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. La evidencia no incluye fecha para la declaratoria ni para la entrada en vigor. Queda por verse también si la coalición gobernante empuja la legislación secundaria en materia de nacionalidad, y si Bugarín formaliza la renuncia a su nacionalidad estadounidense antes de que arranque la definición de candidaturas en Nayarit.