Senado vota hoy topes a deducciones y condonación de multas del SAT

El pleno del Senado de México discute y vota este martes las disposiciones del Paquete Económico 2027 que limitan las deducciones autorizadas a las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos y que regulan la condonación de multas y recargos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La sesión es la última estación legislativa antes de que el paquete de ingresos enfrente su fecha límite del 31 de octubre, y en ella se define quién paga la cuenta fiscal del próximo año.

Los cambios ya pasaron por la Comisión de Hacienda y por el pleno de la Cámara de Diputados. Ahí, el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, presentó una reserva para ampliar el programa de Regularización Fiscal del SAT, que reduce multas y recargos hasta 100% a grandes empresas. La reserva fue aprobada por la mayoría del pleno después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se reuniera con representantes de la Iniciativa Privada y con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

El Senado vota hoy dos reglas que cambian el costo fiscal de operar en México: el tope a las deducciones para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos y el marco para condonar multas y recargos del SAT.

El mecanismo es directo. Una deducción autorizada reduce la base sobre la que se calcula el ISR; si se limita, la empresa paga impuesto sobre una utilidad mayor a la que realmente registra. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) advierte que limitar las deducciones al 96.67% provocaría restricciones al flujo de efectivo, desproporcionalidad en los pagos provisionales, desvinculación entre la base gravable y la capacidad contributiva real de las empresas, además de inhibir nuevas inversiones. En paralelo, la condonación de multas y recargos opera en sentido contrario: alivia a quien ya trae una deuda con la autoridad, pero no toca la tasa ni la estructura del impuesto.

El costo no recae igual en todos: las empresas grandes absorben el tope a deducciones, mientras la condonación de multas y recargos del SAT concentra el alivio en contribuyentes con adeudos ante la autoridad.

El dictamen de la Ley de Ingresos también ajusta el umbral para acreditar hasta 50% de los pagos en casetas contra el ISR: las empresas autotransportistas deberán tener hasta 250 millones de pesos, en vez de 300 millones. Héctor Díaz, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), explicó que la disposición orillaría a las empresas formales a pulverizar sus operaciones y desviar unidades a carreteras libres para abaratar costos, lo que generaría más informalidad en el sector. Los transportistas piden que el umbral se incremente a 420 millones de pesos.

El sector privado no llega unido al pleno: el CCE busca reservas para proteger a compañías con costos elevados y ganancias reducidas, mientras transportistas y automotrices advierten riesgos operativos y fiscales.

Medina Mora comentó que el CCE ha mantenido conversaciones con el SAT y busca que el Senado incorpore cambios mediante reservas para proteger a las compañías cuyos costos elevados y ganancias reducidas responden a su modelo de negocio. Las conversaciones incluyen otras disposiciones de los dictámenes: el incremento de derechos para concesiones ferroviarias, los cobros que afectan al turismo y cambios para el cálculo de los pagos provisionales del ISR.

En la parte de derechos, el sector turismo advierte sobre el incremento de 17.8% al Derecho de No Residente, que pasa de 983 a 1,158 pesos, su segundo aumento consecutivo. El dictamen de la Ley Federal de Derechos también propone un alza de 10% en las cuotas por uso del espacio aéreo mexicano y un incremento del Derecho de vía ferroviario de 1.25% a 3.0% sobre ingresos brutos a partir del año 16 de la concesión, que se mantiene en 0.5% para proyectos nuevos.

La lectura

El margen del gobierno es acotado en el discurso y amplio en el calendario. Los tres dictámenes fueron aprobados en comisiones del Senado el 21 de octubre y la fecha límite para discutir y votar la parte de ingresos es el 31 de octubre. Si el pleno aprueba cambios, los dictámenes regresan a la Cámara de Diputados; si los aprueba sin modificaciones, pasan al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esa ruta le da al Senado una capacidad real de ajuste, pero también le traslada el costo político de cualquier corrección de último minuto.

La condonación de multas y recargos hasta 100% a grandes empresas, aprobada en Diputados, convive con el tope a deducciones. El paquete no diseña un régimen nuevo, sino que mueve dos palancas existentes: estrecha la base gravable de las empresas medianas y grandes y abre una ventana de regularización para quienes ya deben. El efecto cotidiano comprobable está en el flujo de efectivo de las empresas y en su decisión de inversión, no en la tasa de ISR, que no cambia en la evidencia disponible.

Qué sigue

La votación en el pleno del Senado define si el paquete se publica sin más trámite o si regresa a Diputados. El CCE mantiene abiertas las conversaciones con el SAT y busca reservas; transportistas y automotrices plantean umbrales distintos a los del dictamen. La fecha límite del 31 de octubre es el ancla temporal para saber si las reglas entran en vigor tal como salieron de comisiones o con ajustes de última hora.