Senador de Morena alerta simulación y pide reglas claras para 2027

El senador Juan Carlos Loera advirtió que la incorporación de políticos de otras fuerzas puede alejar a Morena de los principios con los que llegó al poder, y exigió reglas transparentes —y respetadas— en convocatorias y encuestas rumbo al proceso electoral de 2027. Su crítica se publicó el 12 de octubre, dos días después de que el Consejo Nacional del partido aprobara por unanimidad su política de alianzas y tomara protesta a 17 coordinadores estatales.

La secuencia importa más que la queja aislada. En la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, celebrada el 10 de octubre y encabezada por Alfonso Durazo, presidente de ese órgano, y por Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, el partido hizo dos movimientos simultáneos: votó unánime su política de alianzas para 2027 y levantó una estructura territorial de 17 coordinaciones estatales de "Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional". Ese mismo fin de semana, en el Congreso partidista, los dirigentes llamaron a fortalecer la unidad interna. La entrevista del senador aparece justo cuando la dirigencia formaliza la apertura hacia cuadros externos.

El cuestionamiento no es a las alianzas en abstracto. Loera señaló que algunos de esos perfiles llegaron acompañados por los grupos políticos que los respaldaban antes, lo que ha desplazado a militantes y simpatizantes que construyeron el movimiento desde sus años en la oposición. Dijo mantener su confianza en las encuestas, pero pidió que el partido no engañe a sus bases con convocatorias que después no se respeten, y que haga transparentes las reglas y su aplicación. Entre las prácticas que mencionó están los espectaculares, los eventos multitudinarios, las funciones de lucha libre y otras actividades de promoción que, afirmó, dan ventaja a quienes tienen acceso a recursos y estructuras de gobierno.

Un partido que crece hacia afuera y se tensa hacia adentro

El nombre formal de las 17 coordinaciones no equivale a una candidatura ni a una precandidatura en términos legales: son posiciones internas y el proceso de 2027 no ha arrancado. En la práctica, ese tipo de estructura opera como andamiaje territorial y plataforma de visibilidad: coloca a quien la ocupa en posición de ventaja para una aspiración futura, sin constituir todavía un derecho de candidatura. La evidencia no permite sostener que los 17 hayan sido designados candidatos ni que exista un método de selección definido; faltan convocatorias, criterios, calendario y la decisión sobre si las encuestas serán vinculantes.

El costo político del ensanchamiento, en cambio, ya es visible. Ampliar la coalición aporta estructura, votos y experiencia de gobierno; también erosiona identidad y desplaza a quienes sostienen la movilización en territorio. La queja del senador funciona menos como objeción moral que como advertencia sobre capacidad de movilización: si las bases perciben simulación, el partido puede ganar cuadros y perder calle.

La lectura política

La disputa de fondo no es la alianza, sino quién controla las reglas que la harán operar. Quien redacta las convocatorias y define cómo se aplican las encuestas controla, en la práctica, el acceso a las posiciones. De ahí la función táctica del reclamo: fijar por escrito los criterios antes de que se publiquen y encarecer la posibilidad de ignorarlos. La política de alianzas se aprobó por unanimidad; la disidencia no se expresó en el Consejo Nacional, sino desde la bancada y en voz pública, lo que sugiere que el costo del ensanchamiento lo absorbe la dirigencia mientras el malestar se canaliza fuera de las sesiones.

El señalamiento sobre espectaculares, actos multitudinarios y promoción con apoyo de estructuras gubernamentales toca un terreno con reglas propias: piso parejo, fiscalización del gasto y, en el extremo, uso de recursos públicos. Conviene ser preciso: hasta ahora es una advertencia política sobre las condiciones de competencia interna, no una denuncia formal ni un procedimiento ante autoridad electoral. Ningún órgano ha iniciado nada con base en estas declaraciones.

La señal hacia afuera también cuenta. Que un senador del partido en el gobierno hable de riesgo de simulación entrega a la oposición un argumento listo para 2027: que las candidaturas de Morena se decidirán por estructura y dinero, no por encuestas. Es la clase de acusación que el partido suele descalificar y que resulta más difícil de contener cuando viene de dentro. Hacia adentro, el mensaje es doble: a los aliados recién incorporados les recuerda que hay reglas por escribir; a las bases, que alguien está dispuesto a nombrar el problema.

Qué sigue

Los pasos verificables son acotados. Si Morena publica convocatorias con criterios, requisitos y fechas, y si esas reglas coinciden con lo que después se aplica. Si las encuestas se difunden con metodología y si sus resultados se asumen como vinculantes o se ajustan después. Cómo despliegan las 17 coordinaciones estatales su trabajo territorial, que es donde se verá si funcionan como estructura partidista o como plataformas de posicionamiento. Y si la crítica permanece en los cauces del Consejo Nacional o escala a disputa abierta entre dirigencia y bancada.

El límite temporal es claro: mientras el proceso electoral de 2027 no arranque formalmente —lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) al aprobar el calendario y las reglas de fiscalización—, todo lo anterior es vida interna de un partido. Cuando ese arranque ocurra, la frontera entre posición partidista y precandidatura deja de ser retórica y se vuelve materia legal. La evidencia disponible no reporta fechas para ninguno de esos pasos.