Senadores de Morena blindan encuestas que definirán su mapa rumbo a 2027

El 30 de septiembre de 2026, senadores de Morena cerraron filas en torno a las encuestas con las que el partido definirá las coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional, el nombre formal con el que la dirigencia agrupa a los perfiles que competirán por el partido. La defensa no fue incondicional: los legisladores admitieron límites del método y, al mismo tiempo, lo presentaron como el menos malo de los disponibles. La discusión, sin embargo, no es metodológica. Quien fija las reglas de la medición fija también quién aparece después en la boleta.

Margarita Valdez lo planteó como comparación con el pasado: “las encuestas se me hacen un método mucho más efectivo que la tómbola, […] que el compadrazgo, el dedazo, el yo te invito”. Recordó que en 2018 había menos interés por las candidaturas del partido y que ocho años después la competencia por los espacios es mayor, y sostuvo que las mediciones mejoraron al incorporar aspectos positivos y negativos de cada aspirante.

Verónica Camino Farjat puso la condición técnica: una encuesta levantada en un grupo reducido o concentrada en un mismo punto de una ciudad, sin dispersión territorial, “puede perder confiabilidad”. Aun así, afirmó que el de encuestas es “lo que mayor confiabilidad le puede dar al partido”, y añadió un argumento que rebasa la vida interna: si hay que construir acuerdos con otras fuerzas políticas, una medición que muestre el respaldo de cada perfil resulta especialmente relevante. Óscar Cantón Zetina completó el cuadro con una advertencia: las encuestas “no deben considerarse como el único elemento”. Según lo que conoce —aclaró que no participa hoy en los trabajos internos—, Morena levanta una encuesta y luego recurre a encuestas espejo de empresas privadas; corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones explicar cómo se hacen las mediciones.

La lectura política

Primera precisión de vocabulario: “coordinación estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional” no es una candidatura, es el nombre formal de una figura interna. En la práctica funciona como precandidatura de facto: coloca a quien la recibe en posición de ser postulado. Lo que no ha ocurrido todavía, en términos legales, es la candidatura: no hay registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), no hay convocatoria pública conocida ni método publicado. Sin esas piezas, cualquier lectura sobre favorecidos es especulación.

Segunda, los incentivos. La encuesta convierte una decisión de cúpula en un resultado aparentemente objetivo y traslada el costo de la exclusión del dirigente al instrumento. Impone también un precio de entrada: quien se somete a la medición acepta el resultado antes de conocerlo. El recurso a encuestas espejo —si se confirma en todos los casos— opera como arbitraje ante aspirantes que sospechan una regla hecha a modo.

Tercera, el equilibrio interno. Que salgan senadores en funciones a blindar el método no es neutral: son aspirantes y, a la vez, parte de la elite que negociará las listas. Su defensa con reservas —sí a la encuesta, pero con muestra bien distribuida— es la postura de quien quiere que el mecanismo sobreviva y deja constancia de que puede impugnarse si la muestra se cocina. Esa ambigüedad es margen de maniobra, no contradicción.

Cuarta, la señal hacia afuera. Camino Farjat ató las encuestas a la posibilidad de acuerdos con otras fuerzas políticas. Traducido: la medición sirve como argumento en la mesa donde Morena y sus aliados reparten espacios, porque permite desplazar la discusión de cuotas a datos. Rumbo a 2027, un partido que ordena su mapa sin fracturas llega con ventaja a esa negociación; uno que acumula inconformidades llega con litigio.

Qué sigue

El siguiente paso verificable es la convocatoria y el método que publique la Comisión Nacional de Elecciones: diseño muestral, casas encuestadoras, si habrá encuestas espejo en todos los casos y qué instancia resuelve las inconformidades. También falta el calendario de levantamientos y el financiamiento de las mediciones. Si las quejas escalan, la última palabra dejaría de estar en el partido y pasaría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Queda además un dato ausente en esta ronda: cuántos estados y qué cargos integran el paquete que los senadores dicen defender.