ECONOMÍA · HIGH
SHCP ofrece deducir 91% de activos fijos para elevar inversión a 28% del PIB
El Paquete Económico 2027 incluye deducciones inmediatas para activos fijos, un 25% extra en innovación y trato preferencial al capital repatriado. La meta oficial es llegar a 28% del PIB en 2030.
La Secretaría de Hacienda presentó incentivos fiscales para la inversión privada y el capital repatriado dentro del Paquete Económico 2027: deducción inmediata de hasta 91% en activos fijos nuevos y 25% adicional en innovación. Édgar Amador fijó la meta de elevar la inversión a 28% del PIB en 2030. El costo fiscal no fue cuantificado y el beneficio depende de que las empresas inviertan en México.
La Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó ante inversionistas globales un paquete de incentivos fiscales para la inversión privada y el capital repatriado, dentro del Paquete Económico 2027. El titular de la dependencia, Édgar Amador, lo expuso en el Simposio Global de Inversionistas del Milken Institute 2026, en la Ciudad de México, y fijó una meta explícita: elevar la inversión hasta 28 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2030.
El anuncio no es un ajuste técnico menor. Las empresas podrán deducir de inmediato hasta 91 por ciento de las inversiones admisibles en nuevos activos fijos y solicitar una deducción adicional de 25 por ciento sobre gastos admisibles en formación e innovación, según Amador. El Paquete Económico 2027 incluye además un tratamiento fiscal preferencial para el capital repatriado que se invierta en actividades productivas.
El mecanismo: quién paga y quién cobra
Una deducción inmediata permite a la empresa restar de su base gravable el costo de una máquina o planta en el año en que la compra, en lugar de repartirlo durante varios ejercicios. El efecto práctico es que el impuesto sobre la renta de ese año baja y el flujo de caja mejora justo cuando la empresa desembolsa el dinero. Para el gobierno, el costo es un menor ingreso tributario en el corto plazo; el beneficio esperado es que esa inversión ocurra y genere actividad, empleo y, más adelante, base gravable.
El beneficio inmediato lo absorben las empresas con capacidad de invertir: las que ya tienen utilidades que declarar y acceso a crédito. Una pyme sin liquidez o sin utilidad fiscal difícilmente aprovecha una deducción, porque no tiene qué deducir. El costo fiscal, en cambio, lo absorbe el erario, es decir, el conjunto de contribuyentes que financia el gasto público. La evidencia disponible no cuantifica cuánto dejará de recaudar Hacienda por estos estímulos, y ese dato es indispensable para saber si el incentivo se paga con gasto recortado, con deuda o con otros impuestos.
El secretario presentó el paquete como parte del Plan México y lo vinculó a infraestructura: más de 300 mil millones de dólares en inversión pública y mixta hasta 2030 en energía, ferrocarriles, carreteras, puertos, sanidad, agua y educación. El Presupuesto 2027 destina 2.6 por ciento del PIB a infraestructura, complementado con proyectos público-privados. Amador mencionó la modernización de más de 5 mil kilómetros de autopistas y la construcción de más de 3 mil kilómetros de vías férreas, además de 23 mil megavatios adicionales de generación eléctrica.
El argumento oficial es que esos proyectos reducen los "cuellos de botella" que elevan los costos de producción, de modo que la inversión privada llegue con menores costos logísticos y suministro más confiable de agua y electricidad. Es una cadena de causalidad plausible, pero no automática: depende de que las obras se ejecuten en los plazos y de que el incentivo fiscal se traduzca en equipo nuevo instalado en México y no en compras contabilizadas para reducir impuestos.
Para las pymes, Hacienda señaló que Nacional Financiera y Bancomext ofrecerán hasta 120 mil millones de pesos en financiamiento, con garantías que cubren hasta 80 por ciento de los préstamos elegibles. Ese es el canal por el que el gobierno intenta que el estímulo no quede sólo en las grandes empresas.
La lectura
El margen del gobierno es doble. Por un lado, ofrece renunciar a ingresos presentes para atraer inversión; por otro, presume una economía que "va bien", con crecimiento de 3 por ciento, inflación de 3.6 por ciento en la primera quincena de octubre, IED récord de 34 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026 y previsiones al alza de la OCDE y el FMI. El incentivo fiscal es, en los hechos, un reconocimiento de que la inversión todavía no alcanza el nivel que el gobierno considera necesario, y su éxito se medirá por la inversión efectiva, no por el discurso ante inversionistas.
El efecto cotidiano comprobable será indirecto: más obra pública y privada puede traducirse en empleo y en mejores servicios de agua y electricidad, pero también en menor recaudación que, si no se compensa, presiona el gasto social o la deuda. La nota oficial no precisa el costo fiscal ni el calendario de evaluación de los estímulos.
Qué sigue
El Paquete Económico 2027 deberá discutirse y aprobarse en el Congreso, donde se definirá el alcance final de las deducciones y del trato al capital repatriado. Falta conocer la estimación de costo fiscal, los candados para evitar que el beneficio se use sin inversión real y los indicadores con los que Hacienda medirá el avance hacia el 28 por ciento del PIB en 2030.