Sheinbaum blinda las encuestas de Morena; alianza con el PT sigue en vilo

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “un absurdo” y sin sustento la acusación del dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, de que Estados Unidos influyó en la definición de los coordinadores estatales de Morena rumbo a las elecciones de 2027. En su conferencia matutina sostuvo que esos perfiles se eligieron mediante encuestas acordadas por el partido. La respuesta presidencial no solo niega una injerencia de la que hasta ahora no hay evidencia pública: también blinda el método con el que Morena repartió posiciones de salida y acota el margen con el que su aliado negocia la coalición.

Anaya no se limitó a denunciar presión externa. Afirmó que hubo “presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centroderecha”, llamó a revisar los perfiles designados y sostuvo que el PT busca una coalición total con Morena para 2027, aunque dijo no percibir voluntad de sus aliados. Su señalamiento llegó, entonces, envuelto en una demanda de renegociación: las diferencias entre ambos partidos surgieron precisamente de las inconformidades con el proceso para definir a los aspirantes a las 17 gubernaturas en disputa, y apenas derivaron en la reanudación de una mesa negociadora.

Sheinbaum respondió en dos movimientos. Primero negó el sustento de la versión: “realmente no tiene ningún sustento lo que está diciendo”. Después atribuyó las inconformidades a una causa menos épica: los resultados adversos. “Hay veces que no sale en la encuesta la persona que hubiera querido uno de los partidos políticos u otra persona, y pues hacen estas interpretaciones que no tienen ningún sustento”, dijo. Y dejó una concesión mínima: el mecanismo “puede ser perfectible”.

Coordinación no es candidatura

En términos formales, los coordinadores estatales no son candidaturas registradas ante ninguna autoridad electoral: encabezan trabajos organizativos. En la práctica funcionan como precandidaturas de facto, porque colocan a quien los ocupa en posición de salida para las gubernaturas de 2027 y le entregan estructura, territorio y visibilidad sin obligación legal de que terminen en la boleta. Esa ambigüedad explica las dos conductas en disputa: por qué el PT pelea la fila y por qué Morena no quiere reabrirla.

La lectura política

Para el PT, impugnar la encuesta es la vía más barata de conseguir posiciones. No rompe el bloque oficialista, no lo obliga a competir solo y traslada el costo del desacuerdo a una supuesta falla del método. El ingrediente internacional eleva el volumen del reclamo: una queja atribuida a Washington obliga a la presidenta a pronunciarse y saca el diferendo del terreno del reparto interno, donde sería tratado como inconformidad de un socio menor.

Para Sheinbaum, en cambio, aceptar la tesis de la injerencia tendría dos costos. Uno es admitir vulnerabilidad frente a Estados Unidos en un asunto doméstico; el otro, más inmediato, es abrir el método. Si las encuestas se revisan porque un partido no quedó conforme, la demanda se multiplica: el PT no es el único inconforme, y dentro de Morena hay grupos cuyos cuadros no salieron favorecidos. La encuesta funciona, además, como dispositivo de arbitraje que evita al liderazgo nacional negociar caso por caso.

La señal es de doble filo. A los aliados les dice que el reparto ya está hecho y que lo revisable es el procedimiento, no los nombres. A los grupos internos, que las inconformidades no reabrirán resultados. Y a la oposición le deja circulando una acusación sin prueba, que difícilmente desaparecerá aunque la presidenta la haya descalificado en la mañanera. Falta el elemento que ningún actor ha aportado: evidencia documental o testimonial de la presión estadounidense. Lo acreditado, por ahora, es la declaración de Anaya y su rechazo desde Palacio Nacional.

Qué sigue

La prueba verificable está en la mesa Morena-PT ya retomada, cuyos puntos incluyen los resultados de las encuestas y los términos de la posible alianza. Si el PT suscribe la coalición sin que se reabran los resultados, su impugnación habrá operado como moneda de cambio y no como ruptura. Si la convierte en condición, el bloque entra a 2027 con una negociación abierta sobre sus propias reglas de selección.

No hay, en lo disponible, plazo ni acuerdo público que fije el desenlace. Mientras tanto, los coordinadores designados siguen en funciones y cualquier ajuste al método que se pacte difícilmente tendría efecto retroactivo. La candidatura formal solo existirá cuando haya registro ante la autoridad electoral, y ese paso aún no ocurre.