Sheinbaum: Bugarín tendría que renunciar a su doble nacionalidad para competir en Nayarit

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este miércoles 30 de septiembre de 2026 que Jasmine Bugarín Rodríguez, coordinadora de Morena en Nayarit, tendría que renunciar a su doble nacionalidad si pretende competir por la gubernatura en 2027, en caso de que entre en vigor la reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a ese cargo. La presidenta acotó que primero debe revisarse qué establece la Constitución de Nayarit sobre el requisito de nacimiento, pero añadió que, de aprobarse la reforma, entraría en vigor “de manera inmediata”.

El señalamiento aterriza sobre una figura que Morena colocó hace días en el centro de su estrategia nayarita. Bugarín es integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), senadora con licencia, y fue designada coordinadora estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional, el cargo con el que el partido ordena su estructura en las entidades que tendrán elección en 2027. Morena confirmó que tiene doble nacionalidad y que se comprometió a realizar los trámites necesarios para conservar únicamente la mexicana.

Su llegada al cargo no fue producto de un triunfo en la encuesta. Según la información difundida por el propio partido, la designación respondió a los principios de paridad de género y ocupó el sitio de Héctor Santana, alcalde con licencia de Bahía de Banderas. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, dijo el martes 29 de septiembre que Bugarín “se comprometió a que lo que hubiera que hacer adicional para completar todo el trámite para tener solo la nacionalidad mexicana, lo haría”, y sostuvo que ya había realizado gestiones cuando fue senadora. La secretaria general, Citlalli Hernández, añadió que la nacionalidad de nacimiento no es una decisión de la persona y que lo relevante es el lugar donde decide ejercer su representación política.

Elegibilidad: regla federal, llave estatal

La reforma que da contexto al caso fue aprobada en el Senado y pasó a los congresos estatales para continuar su proceso. Sheinbaum defendió ese mismo día que la medida no elimina el derecho a tener más de una nacionalidad: sólo reserva la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a quienes tengan una sola. El detalle que falta está en Nayarit. Si la Constitución local ya exige nacimiento en el estado o nacionalidad por nacimiento, la reforma federal opera como requisito adicional; si no lo hace, la regla nueva entra y estrecha la elegibilidad de inmediato. Sheinbaum dijo que hay que revisarlo, pero no precisó qué dice el texto nayarita. La evidencia disponible tampoco precisa en qué consiste el trámite que Bugarín se comprometió a completar ni cuándo concluiría: ese dato falta para saber si el requisito quedaría resuelto antes o después de la definición de candidaturas.

La lectura política

“Coordinadora estatal” no es una candidatura ni una precandidatura registrada: es un cargo partidista. En la práctica funciona como plataforma de posicionamiento y coloca a Bugarín en la ruta de la candidatura, sin que exista todavía un registro ante el organismo electoral local. Confundir el cargo con la candidatura sería un error; ignorar que cumple esa función, también.

La declaración presidencial tiene doble efecto. Fija el estándar de elegibilidad para todas las fuerzas, incluido el PVEM, aliado de Morena, y al mismo tiempo expone una designación que el partido presentó como parte de un proceso ordenado y sin “dedazo”. El mecanismo interno queda a la vista: Sheinbaum respaldó las encuestas como método al presentar a los 17 coordinadores estatales, pero Bugarín no ganó la encuesta y llegó por paridad de género. La encuesta legitima; la excepción decide. Esa combinación es justamente la que conserva margen de maniobra en la dirigencia.

Para 2027, la señal es que el requisito de nacionalidad única puede operar como filtro de elegibilidad sobre perfiles ya designados. Quien aspire a gobernar y tenga doble nacionalidad tendrá que resolver su situación antes de que arranque el proceso, y no hay indicio de excepciones para partidos aliados. El costo político, si eso ocurre, no recae sólo en Bugarín: recae en la coalición, y traslada la negociación al reparto de otras posiciones en Nayarit. También envía un mensaje a cuadros con trayectoria binacional en otras entidades: la ventana para ordenar papeles se cierra con la publicación del decreto, no con el registro.

El límite: no hay resolución del Instituto Nacional Electoral ni de tribunal alguno, no hay fecha cierta de entrada en vigor y no hay candidatura registrada. Sin el texto de la Constitución de Nayarit y sin la publicación de la reforma, la inhabilitación de Bugarín es una posibilidad condicionada, no un hecho consumado.

Qué sigue

El siguiente eslabón es el paso de la reforma por los congresos estatales; la evidencia no precisa fecha. En paralelo, la revisión de la Constitución de Nayarit que Sheinbaum puso como primer paso, y la conclusión del trámite de nacionalidad de Bugarín, que Morena dice en curso y sin plazo público conocido.

Más adelante viene la definición de candidaturas de Morena y sus aliados rumbo a 2027 y, en su caso, el registro formal, que todavía no ocurre. Punto de verificación: si la reforma entra en vigor antes del arranque formal del proceso electoral en Nayarit, el caso se resolverá en la boleta o en los tribunales electorales.