Sheinbaum defiende nacionalidad única para cargos de gobierno; oposición la cuestiona

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el 30 de septiembre la reforma constitucional que exige nacionalidad única a quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Lo hizo un día después de que el Senado aprobara el dictamen con 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, y a unas horas de que Morena cerrara la designación de sus coordinadores estatales rumbo a 2027. En la práctica, el cambio funciona como un filtro de elegibilidad: una condición jurídica verificable —no un juicio sobre lealtades— para los cargos ejecutivos más disputados del siguiente calendario electoral.

"Cualquier persona que quiera ser gobernador o que quiera ser presidente tiene que tener una sola nacionalidad", dijo en la conferencia matutina. La mandataria rechazó que la reforma pretenda limitar la doble o múltiple nacionalidad: "Cualquier mexicano, mexicana puede tener doble nacionalidad, puede tener triple nacionalidad, puede tener cuádruple nacionalidad", sostuvo. El requisito, insistió, aplica sólo a quienes compitan por esos cargos.

El dictamen no se queda en la declaración: quien tenga otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como aspirante y acreditar que terminó el vínculo jurídico con el otro Estado. La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, que fijan los requisitos del Ejecutivo federal, de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, y ya fue enviada a los congresos locales.

En el Senado, Morena y sus aliados respaldaron el cambio; la oposición lo cuestionó por sus efectos sobre los derechos políticos. El panista Miguel Márquez Márquez sostuvo que contar con otra nacionalidad no significa necesariamente tener una segunda lealtad y que ésta debe juzgarse por los actos de cada persona. La senadora Ivideliza Reyes Hernández objetó que la nacionalidad múltiple se use, por sí misma, como criterio de lealtad o como límite de acceso a cargos públicos.

Sheinbaum ligó el requisito al conflicto de lealtades: "Cuando haya un problema entre esos dos países, ¿a quién vas a defender? ¿A otro país o a México?". Y puso un ejemplo concreto: Jasmine Bugarín, coordinadora de la Transformación en Nayarit, tendría que renunciar a la nacionalidad estadounidense. El mismo día, la presidenta pidió a Morena aclarar la situación de la coordinadora, cuestionada por haber nacido en Estados Unidos.

La lectura política

El momento importa tanto como el contenido. Los "coordinadores de la Transformación" no son candidaturas registradas —no existe aún una precampaña formal—, pero funcionan como precandidaturas de facto a las 17 gubernaturas en disputa en 2027. Al fijar una condición objetiva de elegibilidad, la reforma entrega a la dirigencia y a la Presidencia un criterio dirimible para resolver disputas internas: permite separar a un aspirante por una razón jurídica, no por una decisión discrecional difícil de defender ante la militancia.

Eso admite dos lecturas. Para el oficialismo es una señal de orden: la regla se anuncia como principio general, aplicable a todos, y reduce el margen de conflicto abierto en un proceso que la propia presidenta describió como de "mucha unidad" y sin "dedazo". Para la oposición es un límite a derechos políticos que puede terminar en tribunales. Ninguna de las dos está resuelta en el texto: no hay evidencia de que la reforma se haya diseñado para un caso específico, y el gobierno la presenta como regla general. Pero el ejemplo que la propia presidenta eligió —una coordinadora estatal con nacionalidad estadounidense— anticipa cuál será el primer test práctico de la norma.

El costo político es asimétrico. El requisito es popular como enunciado de soberanía y difícil de combatir sin quedar expuesto a la acusación de defender intereses extranjeros; su aplicación, en cambio, sí puede judicializarse. Falta un elemento para sostener cualquier lectura más fuerte: no se sabe todavía cómo se acreditará la renuncia ni quién la validará, y ese vacío concentrará la disputa.

Qué sigue

La reforma requiere el aval de la mayoría de las legislaturas estatales; sólo entonces el Congreso puede emitir la declaratoria y publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Si el proceso avanza, la pregunta operativa será el mecanismo probatorio: qué documento acredita que el vínculo jurídico con el otro Estado terminó y en qué momento se exige. También queda por ver si las convocatorias internas de Morena incorporan el requisito para alcaldías y diputaciones. En Nayarit, la definición sobre Bugarín anticipará cómo se aplicará la regla en la práctica.