RUTA 27 · LOW
Sheinbaum defiende programas sociales en BCS y fija marco de la campaña 2027
El evento 'Honestidad y Resultados' reunió al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y a los cinco municipios del estado. Baja California Sur renueva su gubernatura en 2027 y el señalamiento de clientelismo se perfila como eje de la contienda.
En La Paz, Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los Programas para el Bienestar no compran votos y se entregan como derechos, acompañada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. El acto ocurre dentro del proceso electoral 2026-2027, en un estado que renueva su gubernatura en 2027 y donde 238 mil 413 personas reciben apoyos federales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró su gira "Honestidad y Resultados" en La Paz con la frase que su gobierno quiere fijar como marco del proceso electoral 2026-2027: "Nosotros no compramos votos, damos derechos al pueblo de México, que es muy distinto". No es un cierre retórico. Baja California Sur renueva su gubernatura en 2027 y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío no puede reelegirse.
El ciclo electoral ya arrancó: la propia Sheinbaum fechó el inicio formal el 10 de septiembre de 2026 y su Gabinete de Seguridad integró un equipo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para atender consultas del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Fiscalía General de la República (FGR). Diez días después, ante unas cinco mil personas en la Plaza de la Reforma, el mensaje fue otro: los programas no son moneda de cambio.
En Baja California Sur, según las cifras que expuso la Presidencia, 238 mil 413 personas reciben algún Programa para el Bienestar, con inversión anual de 4 mil 465 millones de pesos: 68 mil 839 adultos mayores con pensión, 15 mil 902 personas con discapacidad, 31 mil 628 jóvenes de preparatoria y 44 mil 870 de secundaria con beca, y 62 mil 247 niñas y niños de primaria con útiles y uniformes. También sostuvo que el salario mínimo pasó de 2 mil 800 a 9 mil 500 pesos mensuales y atribuyó a estas políticas una caída de la pobreza que, dijo, alcanzó a 13.5 millones de personas. Son datos de la propia Presidencia, sin medición independiente en este expediente; la afirmación de que antes los apoyos se condicionaban a la afiliación partidista es una declaración sobre administraciones pasadas, no un dato verificado aquí.
El marco legal que la declaración no resuelve
El artículo 134 constitucional no prohíbe entregar apoyos: prohíbe usar recursos públicos para promoción personal o para afectar la equidad de la contienda. El debate, entonces, no está en si la gente recibe el apoyo, sino en si entregarlo, contarlo y publicitarlo dentro del calendario electoral constituye promoción. Al definir los programas como derechos universales y no como favores, el gobierno traslada la carga al adversario: quien acuse clientelismo tendrá que acreditar condicionamiento, que es el umbral que exige la ley electoral.
La lectura política
El acto se presentó como rendición de cuentas, pero en la práctica funciona como posicionamiento en un estado con sucesión abierta. En Baja California Sur no hay candidatura ni precandidatura registrada; lo que hay es terreno preparado: el gobernador en el escenario, obras anunciadas —carretera Transpeninsular, presa El Novillo, viviendas en Los Cabos, hospital del IMSS, campus de la Universidad Rosario Castellanos— y un inventario de logros con el que la coalición gobernante quiere llegar a la boleta.
Los incentivos son simétricos. Para Morena, los programas son su activo territorial más eficaz; para la oposición, el único modo de neutralizarlos es convertirlos en prueba de clientelismo. Sheinbaum responde antes de que la acusación tome forma: fija la definición y obliga a discutir el condicionamiento. Compartir escenario y crédito con el gobernador y con los cinco municipios ordena la sucesión sin nombrar a nadie, y el canal institucional con la UIF y la SSPC busca mostrar que el gobierno no esquiva la vigilancia electoral.
El límite es claro: la frase es declaración, no defensa jurídica. No consta queja, sanción ni procedimiento en curso, y sin evidencia de condicionamiento la lectura más fuerte —que exista uso electoral efectivo de los apoyos— no se sostiene con este material.
Qué sigue
- 1 de octubre de 2026: Sheinbaum anunció 500 plazas docentes adicionales a las 500 ya entregadas, en medio del reclamo del magisterio. - Octubre de 2026: asignación de viviendas en dos desarrollos de Los Cabos, dentro de las 47 mil anunciadas. - Calendario 2026-2027: precampañas y registro de candidaturas a la gubernatura de BCS son los siguientes hitos formales; ahí se verá quién capitaliza el escenario. - Vigilancia electoral: si el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abren expediente por el uso de programas o por promoción en actos como el de La Paz, el asunto pasará de declaración a resolución. Hasta ahora no ocurre.