Sheinbaum niega dedazo en Morena y blinda las encuestas rumbo a 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum negó el 30 de septiembre de 2026 que exista dedazo en la definición de los virtuales candidatos de Morena a las gubernaturas que se disputarán en 2027 y atribuyó la selección a las encuestas. “No hay dedazo, como era en la época del PRI, no hay dedazo ni de la presidenta ni de cualquiera de las dirigencias de Morena ni de los partidos aliados. No hay dedazo, es la encuesta”, dijo en su conferencia matutina.

La defensa tiene peso propio porque lo que quedó bajo escrutinio no es el resultado, sino el método. Sheinbaum reconoció que hay rechazo a algunos de los designados y respondió con un argumento de legitimidad: “Habrá algunos que no les guste quién quedó de coordinador o coordinadora, pero es lo que dijo la gente”. Añadió que la encuesta es la manera en que el movimiento reconoce qué dice la gente y que, aunque la gente puede equivocarse, es preferible equivocarse con su decisión que con la de una sola persona.

El objeto de la disputa son los 17 coordinadores y coordinadoras de la Defensa de la Transformación que Morena ya presentó en los estados. La presidenta respaldó esas definiciones y llamó a respetar el acuerdo asumido por los integrantes del partido.

El nombre formal y la función real

“Coordinador de la Defensa de la Transformación” es, en la práctica, una precandidatura de facto: identifica al perfil que competirá por la gubernatura antes de que exista candidatura alguna. Formalmente nadie está registrado ante autoridad electoral y el partido conserva la facultad de fijar método y tiempos. Ese desfase —figura interna ya en operación, candidatura todavía inexistente— es la razón por la que la palabra “dedazo” no se resuelve con una negativa, sino con la trazabilidad del instrumento: quién levantó la encuesta, con qué muestra, con qué cuestionario y si los resultados se publican. Nada de eso aparece en la evidencia disponible; sin ese dato, la afirmación presidencial es una declaración política, no una verificación.

En la misma conferencia, la presidenta pidió a Morena aclarar si la coordinadora en Nayarit, Jasmine Bugarín Rodríguez, renunciará a su doble nacionalidad ante la reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a una gubernatura. El contraste es revelador: la encuesta resuelve la disputa política, pero no los requisitos legales de elegibilidad.

La lectura política

La encuesta opera como un dispositivo que concentra la negociación en el centro del partido y en la Presidencia, mientras traslada la legitimidad a “la gente”. Ganan margen quienes quedaron designados —reciben un activo político antes de tiempo, sin haber pasado por una contienda interna formal— y la dirigencia nacional, que conserva la llave del método. Pierden los aspirantes excluidos y los grupos estatales, que quedan sin espacio institucional para impugnar un resultado que no se dirime en urnas internas ni en asambleas. La presidenta gana un papel arbitral, pero también la propiedad del resultado: si un designado tropieza, como ocurre en Nayarit, el costo se cobra en el centro y no en la entidad.

El contraste con “la época del PRI” no es un adorno retórico: es un marco que encarece el disenso, porque cuestionar el resultado equivale a cuestionar a quien decidió, es decir, a la gente. La frase “te puedes equivocar, pero es mejor equivocarse con la decisión de la gente” funciona como llamado a la unidad y, al mismo tiempo, como cierre anticipado de la discusión interna en un año en que Morena defiende un número amplio de gubernaturas.

Conviene precisar el límite de esta lectura. La evidencia disponible no permite afirmar que las encuestas no se hayan realizado ni que sus resultados se hayan alterado. Lo que sí sostiene es que el método funciona hoy como fuente de disciplina interna y que su trazabilidad no se ha hecho pública, lo cual deja abierta la pregunta sobre cuánto pesa la medición y cuánto la negociación que la precede.

Qué sigue

El primer punto verificable es si Morena publica metodologías, muestras y resultados de los ejercicios que validaron a los 17 coordinadores, y si los inconformes presentan recursos ante las instancias internas del partido. El segundo es la aclaración sobre Nayarit y el destino de la reforma de nacionalidad única: si entra en vigor como se ha anunciado, la encuesta no bastará para sostener una candidatura. El tercero es el calendario formal: el registro de candidaturas ante las autoridades electorales ocurrirá después, y hasta entonces lo que existe es posicionamiento y precandidatura de facto, no candidatura registrada.