Sheinbaum pide a la ASF auditar contratos electorales desde 1999

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el historial completo de contrataciones de material votable, desde 1999 hasta hoy, y planteó transferir la producción de boletas y papelería electoral a Talleres Gráficos de México. El anuncio no es un trámite: coloca la contratación del árbitro electoral bajo escrutinio federal y abre la puerta a denuncias penales contra proveedores y, eventualmente, contra funcionarios electorales.

En la misma intervención, la mandataria reconstruyó la trayectoria de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), para desmentir versiones que la vinculaban orgánicamente con Morena. Recordó que Taddei presidió el organismo público local electoral de Sonora en 2014, cuando el partido aún no existía formalmente, y que su llegada al INE en 2023 se definió por insaculación ante la falta de dos terceras partes en la Cámara de Diputados. "Si ella cometió ilícitos en el Instituto Electoral, que se investigue", dijo, y pidió "la auditoría profunda del Instituto Nacional Electoral y las responsabilidades y el deslinde de responsabilidad".

El diagnóstico presidencial apunta a un grupo de aproximadamente cuatro empresas e intermediarios que habrían acaparado licitaciones durante más de dos décadas. Mencionó el conflicto de 1999 en el Estado de México, ligado a Cartonera Plástica y a los hermanos Hernández Casillas, que derivó en la renuncia del entonces presidente del Instituto Electoral del Estado de México, y la dimisión en pleno de los consejeros mexiquenses en 2005 por anomalías con los mismos proveedores. La lectura oficial es que existe un mercado cautivo de papelería electoral que sobrevivió a distintas administraciones y a distintos partidos en el gobierno.

La solución propuesta es de fondo: que Talleres Gráficos de México asuma la producción integral de boletas y papelería, con comités de transparencia. Es decir, se sustituye intermediación privada por imprenta estatal. La presidenta también sostuvo que la revisión administrativa y los relevos internos en el organismo electoral no ponen en duda la certeza de los procesos de 2027.

La lectura política

El movimiento tiene dos caras que conviene separar. La primera es de fiscalización: pedir a la ASF revisar 27 años de contratos permite al Ejecutivo fijar la agenda del escándalo sin esperar a que el INE o el Poder Legislativo la definan. La segunda es de contención política: al deslindar a Taddei de Morena y, al mismo tiempo, pedir que se investiguen sus responsabilidades, la presidenta envía una señal de imparcialidad hacia afuera y de disciplina hacia adentro.

En la práctica, la auditoría funciona como un mecanismo de presión sobre el árbitro electoral en un año en que se define el calendario de 2027. No es una candidatura ni una precandidatura: es una operación de reposicionamiento institucional. Quien controla el relato sobre los contratos controla también el margen de maniobra del INE y de los organismos locales. El costo político es que cualquier hallazgo de la ASF, en una dirección u otra, se leerá como parte de una disputa más amplia entre el Ejecutivo y el árbitro.

El precedente verificable es la propia lógica de la insaculación de 2023: cuando el Congreso no alcanza mayorías calificadas, la selección de consejeros queda en manos del sorteo, lo que reduce la responsabilidad política directa de quien los nombra. La presidenta lo recordó para desactivar la acusación de cuota partidista. Lo que falta por verificar es si la ASF tiene competencia y capacidad para revisar contratos de organismos autónomos con la profundidad que se anuncia, y si los hallazgos se traducirán en denuncias penales o quedarán en observaciones administrativas.

Qué sigue

La ASF deberá definir el alcance y el calendario de la revisión; no hay fecha pública comprometida. Talleres Gráficos de México requeriría una ruta jurídica y presupuestal para absorber la producción electoral, que hoy depende de licitaciones del INE y de los organismos locales. El INE, por su parte, tendrá que responder institucionalmente a la solicitud y fijar postura sobre la propuesta de imprenta estatal. El primer punto de verificación será el informe de auditoría y, en su caso, la denuncia penal que la propia presidenta dejó abierta.