Sheinbaum pide a Morena aclarar la doble nacionalidad de su aspirante en Nayarit

La presidenta Claudia Sheinbaum convirtió este miércoles un expediente estatal en un asunto de disciplina nacional. En la conferencia matutina del 30 de septiembre pidió a Morena y a Jasmine Bugarín Rodríguez aclarar si la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nayarit renunciará a su nacionalidad estadounidense, requisito que la reforma aprobada el martes en el Senado impone a quienes aspiren a la Presidencia o a una gubernatura a partir de las elecciones de 2027.

“Que lo aclare Morena y que lo aclare también Jasmine”, dijo, horas después de celebrar el aval senatorial con una fórmula que resume su posición: “Las y los presidentes de México solo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo a quien defender”. La enmienda, impulsada por ella misma, pasó primero por la Cámara de Diputados y ahora espera la ratificación de los congresos estatales para entrar en vigor por completo.

El caso es incómodo por partida doble. De origen: Bugarín nació en Estados Unidos y su designación como coordinadora estatal se concretó sin que el filtro de nacionalidad estuviera resuelto. De método: la misma mañana en que exigió la aclaración, Sheinbaum defendió las encuestas con las que Morena definió a sus 17 coordinadores rumbo a 2027 y sostuvo que con ese mecanismo “no hay dedazo”. El requisito constitucional, sin embargo, es un filtro de elegibilidad que ninguna encuesta mide.

El martes, ante los señalamientos, Bugarín declaró que renunciaría a la ciudadanía estadounidense. La figura que hoy ostenta —coordinadora de la defensa de la transformación— no es todavía una candidatura registrada, pero en Morena ha operado como precandidatura de facto a la gubernatura.

Un requisito con dedicatoria discutida

La oposición sostuvo, cuando la iniciativa llegó al Congreso, que el cambio constitucional apuntaba a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas con nacionalidad estadounidense, prófugo de la justicia y mencionado como posible aspirante presidencial para 2030. Sheinbaum lo descartó y enmarcó la reforma como defensa de los intereses nacionales frente a injerencias extranjeras; también cuestionó a los legisladores que votaron en contra, entre ellos el morenista Adán Augusto López.

La lectura política

En la práctica, la presidenta no resolvió el caso: lo delegó. Exigir a Morena y a la aspirante que aclaren su situación le permite sostener el estándar de su reforma sin firmar una exclusión y sin fijar plazo, mientras el costo político lo absorbe el partido. Es la maniobra inversa a la del domingo anterior: primero se defendió el método de encuestas como decisión de la gente; ahora se admite que la elegibilidad requiere una verificación posterior que ese método no contemplaba.

Para Bugarín, el margen se estrecha. Su viabilidad ya no depende solo del respaldo interno, sino de un trámite cuya ruta y calendario la evidencia disponible no detalla, y que se vuelve exigible en la medida en que los congresos estatales ratifiquen la reforma y Nayarit ajuste su marco local. La señal alcanza a los otros 16 coordinadores y a los senadores que votaron contra: la elegibilidad se verifica antes del registro, no después.

El precedente es verificable: el requisito introduce un filtro de nacionalidad en la selección de perfiles, con horizonte en 2027 y efecto potencial en 2030. Lo que aún no ocurre, en términos legales, es la entrada en vigor completa —falta la ratificación estatal— ni existe constancia de que Bugarín haya iniciado algún trámite. Tampoco está documentado si el partido revisará el resto de sus designaciones bajo el mismo criterio.

Qué sigue

Los congresos de las 32 entidades deberán ratificar la reforma para que sea exigible; el de Nayarit es el caso directamente implicado. Morena está obligado a fijar postura formal sobre su coordinadora, y Bugarín, a informar si renuncia a la ciudadanía estadounidense. En paralelo correrá el calendario electoral de 2027: cuando arranquen los registros de candidaturas, el requisito dejará de ser declarativo y se convertirá en causa de improcedencia para quien no lo cumpla.