Sheinbaum pide a Morena aclarar la nacionalidad de su coordinadora en Nayarit

Claudia Sheinbaum puso distancia entre el gobierno federal y el expediente de Jasmine Bugarín. En lugar de respaldar a su coordinadora en Nayarit, pidió a Morena y a la propia legisladora que aclaren su situación de nacionalidad. "Que lo aclare Morena (…), que lo aclaren ellos y que lo aclare también Jasmine", dijo en la conferencia matutina del 30 de septiembre, y añadió que ella "no tiene por qué andar aclarando". La frase es breve, pero reparte responsabilidades con precisión: el nombramiento es del partido y la aclaración también.

Bugarín es senadora con licencia del Partido Verde (PVEM) y nació en California, Estados Unidos. Fue designada coordinadora de Morena en Nayarit rumbo a la elección de la gubernatura de 2027. Un día después del anuncio sostuvo que el tema ya fue atendido: que realizó los trámites que el proceso le requirió en su momento para ocupar cargos públicos y que su situación quedó en claro. La respuesta, sin embargo, contesta una pregunta distinta a la que se le formuló: para ocupar un escaño en el Senado basta la nacionalidad mexicana por nacimiento, aunque se conserve otra; el requisito para gobernar Nayarit es más estricto y opera en otro terreno.

Un requisito que la reforma federal aún no alcanza

Sheinbaum remitió al artículo 62 de la Constitución de Nayarit, que exige ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, nativo del estado o con vecindad efectiva en él no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. Antes de cualquier pronunciamiento, planteó, debe revisarse qué establece la norma local sobre los requisitos para ocupar la gubernatura.

Ahí está el punto que conviene no perder de vista: la reforma constitucional aprobada por el Senado —nacionalidad mexicana exclusiva para la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno, con renuncia previa a cualquier otra y restricciones durante todo el mandato, incluido el uso de pasaporte extranjero— aplicará a partir de los procesos electorales de 2028. No toca Nayarit 2027 y todavía requiere publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. La propia presidenta lo precisó ese mismo día: la reforma no prohíbe la doble nacionalidad en general, solo la cierra a quien aspire a esos cargos.

Para 2027, entonces, el filtro real no es la reforma federal sino el texto estatal y lo que resuelvan las autoridades electorales de Nayarit. Y eso es lo que Morena no ha aclarado: no hay documento público sobre el estado de nacionalidad de Bugarín, ni confirmación de si conserva otra ciudadanía, ni una resolución que interprete el artículo 62 aplicado a su caso.

La lectura política

En la práctica, la coordinación estatal funciona en Morena como una precandidatura de facto: no es candidatura registrada, no hay precampaña formal ni constancia ante el instituto electoral, pero es el instrumento con el que el partido ordena su salida rumbo a la gubernatura y coloca a una persona en posición de salida. Sheinbaum defendió ese método el mismo 30 de septiembre, cuando sostuvo que las encuestas internas —y no un "dedazo"— definieron a los coordinadores y llamó a respetar el acuerdo asumido por el partido.

El problema es que el método reparte posiciones, no blindajes jurídicos. Al pedir a Morena y a Bugarín que aclaren, la presidenta protege dos cosas a la vez: mantiene intacto el mecanismo de selección que ella misma avala y evita respaldar personalmente a un perfil cuya elegibilidad nadie ha documentado. Quien gana margen es la dirigencia nacional de Morena, que decide si sostiene o reemplaza el nombre sin costo político para el Ejecutivo federal; quien carga el costo inmediato es Bugarín, obligada a probar por sí misma un requisito que el partido no verificó antes de anunciarla.

Hay un segundo plano que la evidencia permite señalar, pero no reconstruir: entregar la coordinación nayarita a una legisladora del PVEM con licencia apunta a un arreglo entre partidos de la coalición gobernante. Los términos de ese reparto, y si el PVEM lo negoció como cuota, no están documentados en lo publicado hasta ahora.

El movimiento envía una señal doble a aliados y adversarios. A los aliados: quien reciba una coordinación hereda también la carga de limpiar su expediente legal. A los adversarios: el partido en el gobierno no tiene todavía una respuesta escrita sobre el requisito que su propia coalición endureció para 2028. El precedente queda trazado, además, hacia adelante: los estados con elección en 2027 se regirán por normas locales, y los comicios siguientes ya con la exigencia de nacionalidad única. Cualquier perfil con doble nacionalidad que aspire a gobernar tendrá que resolverse por escrito y no en conferencia.

Qué sigue

- La publicación del decreto de reforma en el Diario Oficial de la Federación, sin la cual no entra en vigor. - Un pronunciamiento de la dirigencia nacional de Morena sobre la situación de Bugarín, que hasta ahora no ha llegado. - La verificación documental: si renunció a otra nacionalidad y cómo acredita el vínculo con Nayarit que pide el artículo 62. - El arranque formal del proceso electoral local en Nayarit, cuando las reglas de elegibilidad dejan de ser interpretación y se convierten en filtro de registro de candidaturas.