Sheinbaum propone que Talleres Gráficos concentre la papelería electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará una propuesta para que Talleres Gráficos de México se convierta en la instancia principal de producción de papelería electoral, operando como una empresa con consejo de administración y supervisión externa. El anuncio ocurrió en la conferencia mañanera, en el mismo tramo en que la mandataria cuestionó la concentración de contratos electorales en un grupo reducido de empresas y pidió a la Auditoría Superior de la Federación investigar presuntas irregularidades en la materia.

La propuesta busca transparentar licitaciones y reducir costos mediante una empresa pública con consejo de administración y supervisión externa. Según la propia Presidenta, los contratos para producir papelería electoral se han concentrado durante años en "dos o tres empresas" que funcionan como intermediarias y subcontratan a otras compañías. "Se han convertido en duopolio, triopolio", dijo. Frente a ese diagnóstico, planteó que Talleres Gráficos opere con un gobierno corporativo abierto: "Que se abra todo eso", concluyó.

El movimiento no es aislado. Ocurre en una conferencia donde Sheinbaum también cuestionó los llamados "superpoderes" de la nueva consejera presidenta interina del INE, Blanca Cruz, y defendió que cualquier cambio legal debe considerar que el proceso electoral ya está en marcha. La Presidenta pidió una investigación de la ASF y advirtió: "No puede haber tapadera de una corrupción". En ese contexto, la propuesta sobre Talleres Gráficos se presenta como una pieza de un cuestionamiento más amplio al diseño institucional electoral.

La lectura política

El anuncio desplaza el eje del debate: de la disputa por nombres y cargos en el INE hacia el diseño operativo de la producción electoral. Al proponer una empresa pública con supervisión externa, Sheinbaum intenta fijar agenda en un terreno donde puede mostrar una solución concreta —transparencia y ahorro— en lugar de solo señalar irregularidades. Es un movimiento que le permite capitalizar el descontento con las contrataciones electorales sin esperar los tiempos de la ASF.

El INE pierde margen de maniobra sobre un eslabón sensible: la cadena de producción de papelería electoral. Si la propuesta avanza, el instituto dejaría de ser el principal contratante de ese insumo y pasaría a coordinarse con una empresa del Ejecutivo con consejo y supervisión externa. Eso no elimina la autonomía constitucional del INE, pero sí reconfigura su relación operativa con el gobierno federal en un año electoral. La Presidenta aclaró que cualquier cambio legal debe respetar la prohibición constitucional de modificar leyes electorales durante el proceso, lo que acota el alcance inmediato de la propuesta.

Las empresas intermediarias que hoy concentran los contratos son las principales perdedoras del anuncio. El diagnóstico presidencial las coloca en el centro del problema de costos y opacidad. Sin embargo, la evidencia disponible no permite sostener que exista una red de corrupción comprobada: la propia Presidenta remitió la determinación a la ASF. Falta conocer el contenido formal de la propuesta, su base legal y si requiere cambios legislativos o solo administrativos.

El anuncio también tiene una lectura de competencia institucional. Talleres Gráficos depende del Ejecutivo federal. Convertirlo en productor principal de papelería electoral concentra en el gobierno una función que hoy se licita. La supervisión externa y el consejo de administración buscan responder a esa objeción, pero el diseño concreto definirá si el contrapeso es real o solo formal.

Qué sigue

La próxima semana Sheinbaum presentará la propuesta formal. Habrá que ver si se trata de una iniciativa de ley, un decreto o un cambio administrativo, y si el INE es consultado. También queda pendiente la investigación de la ASF sobre las contrataciones señaladas y la definición sobre los "superpoderes" de la consejera presidenta interina, que la Presidenta condicionó a lo que considere la Cámara de Diputados. El proceso electoral en marcha impone un límite temporal: cualquier modificación legal de fondo tendría que esperar, salvo que se acredite que no afecta la contienda.