Sheinbaum se desmarca de la pugna Morena-PT y deja la alianza a los partidos

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó correr la disputa entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) sin pronunciarse sobre el fondo. En la conferencia matutina del 24 de septiembre de 2026, cuestionada por las exigencias del petista Benjamín Robles —quien reclamó "piso parejo" en la selección de candidaturas rumbo a 2027 y dejó abierta la posibilidad de que su partido analice su continuidad en la coalición—, la mandataria respondió: "No me voy a meter, la verdad. Son temas de la alianza electoral que está haciendo Morena."

El deslinde vino con un complemento que pesa más que el silencio: Sheinbaum recordó que Morena estableció las encuestas para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales, figuras que después podrían convertirse en candidaturas para los cargos en disputa en 2027. No opinó sobre el reclamo, pero sí respaldó el instrumento que el PT está impugnando. Ahí está el mensaje.

La encuesta como regla

Nombrar la encuesta no es un detalle técnico. En Morena funciona como método estatutario, pero también como mecanismo de ordenamiento interno: traslada la decisión a un procedimiento repetible, medible y controlado por la dirigencia, y desplaza la negociación de cuotas a un terreno donde el partido mayor define el ritmo. Para el PT, con menor estructura territorial y menor techo electoral propio, un plebiscito aplicado sin acuerdos previos reduce su capacidad de negociación: no compite por simpatía medida en encuesta, compite por espacios garantizados en un convenio.

Ese es el punto que la disputa deja a la vista. Lo que hoy se define en Morena no son candidaturas. "Coordinador o coordinadora" de estado, municipio o distrito es una figura partidista; la candidatura formal exige registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y depende de que exista un convenio de coalición firmado y presentado en tiempo. Mientras ese convenio no exista, el PT conserva una capacidad de presión que la frase "la encuesta decide" tiende a invisibilizar. En la práctica, quien gana una encuesta interna queda colocado en posición de disputar el cargo —una precandidatura de facto—, aunque legalmente nada esté cerrado.

La lectura política

La no intervención opera aquí como una forma de intervenir. Al remitir el diferendo a la dirigencia de Morena y a sus militantes, la Presidenta no se coloca como árbitro, pero tampoco queda neutral: al defender la encuesta como el camino estatutario, avala la primacía del partido mayor en la coalición y, sin decirlo, responde al reclamo del PT.

El cálculo tiene lógica para el Ejecutivo federal. El proceso electoral de 2027, que renueva la Cámara de Diputados federal y un conjunto de gubernaturas y congresos locales, es una disputa de territorio, no de investidura presidencial: gastar capital político en un reparto de cuotas entre aliados tiene costo alto y beneficio bajo. Mantenerse fuera permite conservar la investidura intacta para los temas que sí requieren arbitraje presidencial y, al mismo tiempo, no cerrar el canal con el PT.

Los incentivos de cada actor apuntan en direcciones opuestas. Morena gana si el conflicto se resuelve con encuestas: ordena su sucesión interna, mide lealtades, contiene posibles rupturas y evita que el reparto de posiciones se convierta en una pasarela pública de aspirantes. El PT gana si logra que la negociación sea política y no plebiscitaria, porque su fuerza no se mide en simpatía individual sino en capacidad de bloqueo: sin su firma, no hay coalición. La señal que ambos reciben es que Palacio deja la mesa libre, con ventaja para quien tiene el método en las manos.

El límite de esta lectura también es claro: no hay evidencia pública de que el PT haya fijado una fecha o un umbral para romper, ni de que Morena haya rechazado cuotas. Sin el calendario de encuestas ni el borrador del convenio, la disputa sigue siendo política, no jurídica.

Qué sigue

La dirigencia nacional de Morena debe precisar el calendario de encuestas por estado y, antes que nada, el contenido del acuerdo de alianza con el PT y el Partido Verde. El PT, por su parte, tiene pendiente decidir si su exigencia de "piso parejo" se traduce en una demanda formal dentro de la mesa de negociación o en una revisión de su continuidad en la coalición.

El reloj real lo marca el INE: los convenios de coalición tienen plazos fijos dentro del calendario electoral de 2027 y, hasta que se presenten, ningún reparto está blindado. La señal a observar en las próximas semanas es concreta: si aparecen cuotas —distritos, posiciones plurinominales, espacios en demarcaciones específicas— antes de que las encuestas se levanten, la alianza va. Si no aparecen, el "no me voy a meter" habrá dejado al PT sin árbitro y con una decisión incómoda.