RUTA 27 · LOW
Sheinbaum veta doble nacionalidad desde 2028 y deja libre el 2027
La reforma constitucional firmada el 7 de octubre exige renunciar a otra nacionalidad antes del registro de candidaturas ante el INE. La exención de los comicios de 2027 concentra el cálculo político.
Claudia Sheinbaum firmó el 7 de octubre de 2026 la reforma constitucional que impide a aspirantes a la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tener doble nacionalidad. Entrará en vigor en 2028, por lo que no toca los comicios de 2027. El oficialismo ajustó así las reglas de elegibilidad de la sucesión presidencial; la oposición sostiene que el diseño bloquea a adve
Claudia Sheinbaum firmó el 7 de octubre de 2026 el decreto de la reforma constitucional que prohíbe a quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tener doble nacionalidad. La medida, impulsada a finales de agosto por Morena y sus aliados, entrará en vigor en 2028 y deja fuera los comicios de 2027. En clave de poder, no toca el ciclo electoral que ya está en marcha: rediseña la elegibilidad de la sucesión presidencial siguiente.
El candado y su ventana de excepción
En la conferencia matutina, la presidenta defendió la medida como un blindaje contra la injerencia extranjera: "Ningún presidente o presidenta, gobernador o gobernadora pueden tener doble nacionalidad", declaró, y precisó que quien tenga otra ciudadanía deberá renunciar a ella antes de competir por esos cargos. La firma en Palacio Nacional cerró un proceso legislativo acelerado y el texto se publicó ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación: a partir de 2028, la renuncia será un requisito verificable antes del registro de la candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
El contexto internacional pesa. La promulgación coincide con presiones desde Washington para endurecer el combate al narcotráfico y con amenazas de intervención atribuidas al presidente estadounidense Donald Trump; el bloque oficialista aprobó además herramientas para anular elecciones por injerencia externa y sancionar el espionaje. Cifras citadas en el debate señalan que cerca de 40 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos, comunidad cuyos lazos con la política nacional quedan en el centro de la discusión. El PAN, activistas y empresarios rechazaron la reforma; el empresario Ricardo Salinas cuestionó que el diseño normativo busque bloquear aspiraciones políticas opositoras, señalamiento que funcionarios federales y diplomáticos rechazan al sostener que responde a mayores exigencias de los cargos de alta jerarquía.
La lectura política
El dato decisivo no es la prohibición, sino su fecha. La exención de 2027 deja intacta la elegibilidad de quienes compitan en las gubernaturas y en la Jefatura de Gobierno —incluidos cuadros con doble nacionalidad que hoy ocupan posiciones de salida— y cierra el candado justo cuando arranca la sucesión presidencial de 2028. Es un ajuste de reglas hecho por la fuerza política que hoy controla la mayoría calificada, sobre un terreno que no depende del voto ciudadano: quien fija los requisitos de elegibilidad define de antemano el universo de competidores posibles.
Las categorías importan. Esto no es una candidatura, una precandidatura ni un posicionamiento: es un requisito de elegibilidad que convierte un atributo biográfico —tener otro pasaporte— en una decisión política, renunciar a él o quedar fuera. El efecto práctico solo se vuelve filtro si el universo de afectados coincide con el de los adversarios, algo que la evidencia disponible no permite afirmar; tampoco hay elementos para sostener que la norma apunte a una persona específica.
El patrón es revelador. El mismo 7 de octubre, Sheinbaum recordó que la prohibición constitucional del nepotismo electoral regirá hasta 2030, mientras Morena aplicará una regla equivalente en sus procesos internos desde 2027; ese día también detalló la metodología de consulta interna del partido, con encuestas de diez preguntas y varias encuestadoras. En ambos casos, el bloque mayoritario se autorregula en lo inmediato y legisla para el mediano plazo: ordena quién puede competir antes de que la competencia empiece. La señal es doble. Hacia adentro, que la disciplina y la elegibilidad se definen desde el centro. Hacia los opositores, que las reglas del juego son materia disponible para quien tiene los votos.
Qué sigue
El primer paso verificable es la instrumentación: el INE deberá precisar cómo acreditará la renuncia a otra nacionalidad antes del registro de candidaturas de 2028, y los partidos, incorporar el requisito a sus convocatorias. El segundo es la ruta del conflicto: el PAN y otros actores han expresado rechazo, pero la evidencia disponible no muestra que hayan anunciado una impugnación concreta; ese es el elemento que falta para saber si el pleito se traslada a tribunales. El tercero es la prueba de 2027: los comicios exentos —incluida la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México— mostrarán si la prohibición se aplica solo donde dice la Constitución o se extiende por la vía de las reglas internas de Morena. Queda pendiente, además, el calendario del nepotismo, con su entrada en vigor constitucional fijada para 2030.