Sheinbaum y Monreal exigen auditorías al INE rumbo a 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, exigieron este viernes 23 de octubre que se aclaren mediante auditorías las presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), en un momento en que el organismo se prepara para organizar las elecciones federales de 2027. La presidenta sostuvo que "no debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE" y respaldó que las dudas se despejen con revisiones, sobre todo porque el país se encamina a una elección presidencial.

La declaración ocurrió en la Mañanera del Pueblo, al ser cuestionada sobre los señalamientos que involucran a proveedores del instituto y a personas cercanas a su consejera presidenta, Guadalupe Taddei. Al preguntarle si Taddei debería dejar el cargo, Sheinbaum respondió: "Eso depende de ella", y reiteró que lo importante es transparentar las operaciones del organismo. Horas antes, Monreal había fijado postura: "No lo vamos a hacer, no somos tapadera de nadie", dijo al referirse a la posibilidad de que alguien haya incurrido en irregularidades, y advirtió que no se puede exigir la salida de un funcionario sin pruebas.

La controversia escaló desde el 19 de octubre, cuando se publicó una investigación sobre Jonathan Navarrete Torres, colaborador del INE que aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg desde junio de 2023, vínculo que no habría sido declarado en su declaración patrimonial de 2026. Navarrete fue contratado por el instituto en abril de 2025 y ha sido identificado en distintas publicaciones como chofer o asistente de Taddei; ella ha rechazado que se tratara de su conductor personal y lo describió como un asistente especializado. Los señalamientos se extendieron a empresas proveedoras de material electoral, entre ellas Cajas Graf, que recibió un contrato de alrededor de 198 millones de pesos para la elección judicial. Taddei ha negado favorecer a compañías específicas y solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que este viernes informó que inició una investigación de oficio.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica: Sheinbaum y Monreal trasladan el costo de la aclaración a las instancias de control y, al mismo tiempo, marcan distancia de la consejera presidenta sin pedir su cabeza. La frase "depende de ella" no es una defensa ni una exigencia de renuncia; es una forma de dejar la decisión en manos de Taddei mientras el gobierno federal conserva margen para aparecer como garante de la transparencia. Para Morena, el cálculo es doble: si el caso se resuelve sin responsabilidades, el partido puede decir que no encubrió; si escala, ya fijó la posición de que no será tapadera.

El incentivo opositor es simétrico. Los partidos de oposición han pedido que Taddei se separe del cargo durante las investigaciones, y el caso les ofrece un argumento para cuestionar la equidad de la organización electoral de 2027. Hasta ahora, los señalamientos no constituyen una resolución definitiva de responsabilidad penal o administrativa; esa distinción importa porque la crítica política puede avanzar más rápido que la evidencia jurídica.

El equilibrio interno del INE también está en juego. Taddei ha sostenido que las críticas buscan debilitar a la institución, y Sheinbaum se refirió a la defensa histórica del organismo bajo la consigna "El INE no se toca": proteger al árbitro electoral no significa impedir que se revisen sus actuaciones, sino garantizar que opere sin sospechas de corrupción. Esa formulación permite al gobierno reclamar la bandera de la transparencia sin cargar con la defensa de una funcionaria cuestionada.

Rumbo a 2027, la señal es clara para aliados y adversarios: el gobierno federal no está dispuesto a blindar a Taddei, pero tampoco a precipitar su salida sin pruebas. La incertidumbre sobre la credibilidad del INE se convierte en un factor que puede ordenar la competencia política y las eventuales impugnaciones.

Qué sigue

La ASF deberá determinar si existen elementos para establecer responsabilidades administrativas o penales por el manejo de recursos públicos en las contrataciones del INE. Taddei ha dicho que facilitará información y que no renunciará; la oposición mantendrá la presión para que se separe del cargo. El calendario electoral de 2027 avanza y el instituto deberá definir sus procedimientos de contratación para la organización de los comicios. La pregunta verificable es si las auditorías concluyen antes de que inicie formalmente el proceso electoral y si sus resultados alcanzan a funcionarios en activo.

Actualización

El nuevo hecho detalla la consecuencia política local (riesgo de abstención y pérdida de confianza) de las exigencias de auditorías y los señalamientos de corrupción al INE mencionados en la historia anterior. Leer el nuevo desarrollo.