Sinaloa: TEESIN pide hasta 15% más y prevé 2027 de impugnaciones

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) pidió al Ejecutivo estatal un aumento de entre 10 y 15 por ciento a su presupuesto de 2027 para atender el alza de impugnaciones que prevé durante el proceso electoral. La cifra importa menos que la señal: un órgano jurisdiccional que se adelanta a pedir recursos para litigios que todavía no existen está, en la práctica, pronosticando un ciclo electoral conflictivo.

El magistrado presidente, Édgar Donato Vega Márquez, lo planteó con cautela. Explicó que no es posible anticipar cuántos recursos llegarán al tribunal porque el número de impugnaciones dependerá de la intensidad de la actividad político-electoral y de las afectaciones que ciudadanos, partidos, simpatizantes o aspirantes a candidaturas consideren que vulneran sus derechos. Las dos áreas donde espera mayor presión son los procedimientos sancionadores y las controversias por derechos político-electorales.

Esa precisión no es un detalle técnico. El TEESIN no puede actuar de oficio: sólo resuelve lo que le es presentado y sólo si existe una afectación concreta y una acción promovida por quien tiene capacidad jurídica para hacerlo. Dicho de otro modo, la carga de trabajo del tribunal no la decide el tribunal. La deciden los actores políticos que decidan litigar.

Vega Márquez reconoció que hay “efervescencia” en los procesos internos de los partidos. No mencionó nombres ni fuerzas y aclaró que la imparcialidad obliga a resolver únicamente con base en el marco jurídico vigente. “Nosotros siempre estamos con la Constitución y la ley en la mano”, dijo. Aun si el incremento solicitado no se autoriza en su totalidad, sostuvo, el tribunal tendrá que hacer frente a los asuntos que lleguen.

La lectura política

Un tribunal electoral que pide más dinero para un año electoral que aún no arranca está midiendo la temperatura de lo que viene. En términos presupuestales, la solicitud es un trámite; en términos políticos, funciona como un termómetro: la magnitud de las impugnaciones que un órgano jurisdiccional espera es, en buena medida, un reflejo de la conflictividad que anticipa en la disputa por candidaturas.

El dato clave no es el porcentaje sino el destino que le da el propio presidente: procedimientos sancionadores y derechos político-electorales. Es ahí donde suelen terminar las disputas internas de los partidos —la selección de candidatos, los métodos de elección, las exclusiones— cuando quienes pierden una definición interna buscan revertirla por la vía jurisdiccional. Cuando el tribunal se prepara para ese tipo de asuntos, está señalando que espera que la competencia interna sea reñida.

La solicitud también es una pieza en una negociación que no controla. El Ejecutivo estatal decide si incluye o no el aumento en el paquete presupuestal; el Congreso, si lo aprueba o lo recorta. Quien tenga interés en que ciertos litigios se resuelvan más rápido —o más lento— tiene un incentivo indirecto en esa decisión. El tribunal, en cambio, no puede condicionar sus resoluciones al dinero recibido: por eso Vega Márquez anticipa que, con o sin recursos extra, tendrá que resolver lo que llegue.

El límite del hecho es claro. Pedir más presupuesto no es una candidatura, no es una resolución y no demuestra sesgo. Es, en cambio, el indicador verificable más temprano de que la autoridad electoral de Sinaloa espera un 2027 más litigioso que el promedio. La señal va para los partidos: el tribunal estará ahí para lo que decidan llevarle.

Qué sigue

El primer paso es presupuestal. El Ejecutivo de Sinaloa definirá si incorpora el alza de 10 a 15 por ciento en el proyecto de presupuesto 2027 que envíe al Congreso; el Legislativo estatal tendrá la última palabra. La evidencia disponible no precisa el monto total del presupuesto ni la cifra base sobre la que se calcula el porcentaje, un dato que sólo se conocerá con el paquete formal.

El segundo es litigioso y no tiene fecha fija. Conforme avancen los procesos internos de los partidos y la definición de candidaturas rumbo a 2027, se sabrá si la previsión del tribunal se confirma o se queda corta. El número de impugnaciones que efectivamente lleguen al TEESIN será la medida real de qué tan conflictivo resultó el ciclo.