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SIP documenta tres asesinatos de periodistas y alerta por presión legal en México
El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa registra amenazas, agresiones y el uso de herramientas judiciales contra comunicadores. La impunidad sigue siendo el principal factor de riesgo, advierte.
La Sociedad Interamericana de Prensa alertó sobre la persistencia de la violencia contra periodistas en México: documentó tres asesinatos de comunicadores, amenazas, agresiones durante coberturas y presiones para retirar información. También cuestionó el uso de medidas legales que podrían limitar la libertad de expresión y señaló la impunidad como el principal factor de riesgo para el periodismo e
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre la persistencia de la violencia contra periodistas en México y documentó tres asesinatos de comunicadores, además de amenazas, agresiones y medidas legales que podrían limitar el ejercicio de la libertad de expresión. La advertencia no es un dato aislado: coloca de nuevo sobre la mesa pública el costo que tiene informar en el país y la deuda institucional frente a los ataques contra la prensa.
El informe de la SIP identifica los homicidios de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio pasado en Puebla; de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades; y de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto pasado en Puebla. La SIP, junto con el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, reclamó investigaciones exhaustivas que no descarten la actividad periodística como posible móvil de los crímenes.
El documento también menciona otros tres asesinatos en los que, según la información disponible, no se han identificado indicios de relación con el trabajo de las víctimas. Esa distinción importa: no todos los homicidios de comunicadores pueden atribuirse automáticamente a su oficio, pero la acumulación de casos y la falta de esclarecimiento alimentan un entorno de riesgo que afecta al conjunto del gremio.
Amenazas, coberturas y presión institucional
El informe no se limita a los homicidios. Documenta amenazas de muerte, agresiones durante coberturas y presiones para retirar información. Entre los casos citados está el de dos periodistas en Tamaulipas que denunciaron que integrantes de la Marina los obligaron a borrar imágenes de un presunto derrame de petróleo. La organización documentó amenazas de muerte, agresiones durante coberturas y presiones para retirar información, incluido un caso en Tamaulipas donde dos periodistas denunciaron que integrantes de la Marina los obligaron a borrar imágenes.
La SIP también alertó sobre el uso de herramientas legales contra la prensa. Mencionó la denominada 'Ley Serrano', una reforma aprobada en 2025 en San Luis Potosí que castigaba con hasta seis años de prisión el uso de inteligencia artificial para difundir contenidos falsos o afectar la confianza en las instituciones. La legislación, cuestionada por organizaciones de derechos humanos por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión, derivó en procesos penales contra periodistas, incluidas dos comunicadoras detenidas en mayo pasado, mientras que el Congreso estatal derogó la reforma en julio pasado.
El informe también recogió las críticas a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, aprobados en agosto, ante el riesgo de interferencias en la libertad editorial. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que estas disposiciones constituyan censura. El reporte mencionó asimismo los cuestionamientos al análisis gubernamental sobre una supuesta red de amplificación digital que incluía nombres de periodistas y analistas, mientras el Ejecutivo negó que buscara estigmatizarlos.
La lectura
La advertencia de la SIP describe un patrón que combina violencia física, presión directa durante el trabajo periodístico y uso de instrumentos legales con efectos disuasorios. No se trata de episodios aislados: el informe los presenta como parte de un entorno de deterioro para la seguridad de los comunicadores y para la libertad de prensa en el país.
El dato que ordena esa lectura es la impunidad. La SIP advirtió que la impunidad continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para el periodismo mexicano. Sin investigaciones que agoten la línea periodística y sin responsables judicialmente identificados, la violencia contra comunicadores deja un mensaje de costo bajo para quienes agreden. Esa es una inferencia sostenida por la propia organización, no una atribución de intenciones a instituciones concretas.
El contexto internacional refuerza la alerta. Según la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras de 2026, México ocupa el puesto 122 de 180 países en libertad de prensa y el 160 en el indicador de seguridad. México ocupa el puesto 122 de 180 países en libertad de prensa y el 160 en seguridad, según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras de 2026.
La respuesta institucional aparece fragmentada. Por un lado, el Congreso de San Luis Potosí derogó la 'Ley Serrano' en julio pasado, lo que sugiere que la presión pública y de organismos de derechos humanos puede revertir normas cuestionadas. Por otro, el Ejecutivo federal negó que los lineamientos sobre derechos de las audiencias constituyan censura y rechazó que el análisis sobre la red de amplificación digital buscara estigmatizar a periodistas. Esas negaciones son parte del debate público, pero no sustituyen una rendición de cuentas sobre los casos documentados.
Qué sigue
Queda por esclarecer el estado procesal de las investigaciones por los tres asesinatos que la SIP vincula con la actividad periodística y si las autoridades han agotado esa línea de pesquisa, como reclaman la SIP, el CPJ y RSF. También falta precisión sobre los otros tres homicidios mencionados en el informe y sobre las denuncias de agresiones, como la de Tamaulipas, para saber si derivaron en procedimientos formales.
En el terreno legal, la derogación de la 'Ley Serrano' no cierra automáticamente los procesos penales contra periodistas que ya se habían abierto. El informe no detalla si esas causas fueron sobreseídas o siguen activas, un elemento necesario para medir el efecto real de la reversión legislativa. Tampoco se conoce el alcance de las críticas a los lineamientos de audiencias ni si habrá ajustes.
La alerta de la SIP no resuelve esos vacíos, pero los hace visibles. El seguimiento dependerá de que las fiscalías informen avances verificables y de que los mecanismos de protección a periodistas operen antes de que las amenazas escalen. Mientras la impunidad siga siendo el factor de riesgo señalado por la propia organización, la advertencia se repetirá.