Somos Tabasco acusa al INE de avalar fraude con boletas planchadas rumbo a 2027

El dirigente estatal del partido Somos en Tabasco, Juan Enoc Alvarado Ribón, acusó el 22 de septiembre al Instituto Nacional Electoral (INE) de buscar un "presunto fraude" con la autorización de las llamadas boletas planchadas. Su argumento es material: una boleta que no está doblada, dijo, es imposible que entre en la urna. Con esa premisa sostuvo que avalar esos documentos equivale a validar un fraude y pidió "congruencia" al organismo rumbo al proceso intermedio de 2027.

No es una impugnación ni una denuncia formal: es una declaración pública. Pero su momento y su emisor importan. Llega 19 días después de que el Consejo General del INE aprobara el criterio que cambió el tratamiento de esas boletas, y la hace un partido local en un territorio donde la contienda de 2027 se define en el Congreso estatal y los ayuntamientos.

De la exclusión automática al caso por caso

El 3 de septiembre, el Consejo General del INE aprobó —con siete votos a favor— que los consejos distritales ya no excluyan automáticamente del cómputo las boletas planchadas y que, en cambio, determinen primero si deben contabilizarlas. El cambio no ordena contarlas: traslada la decisión de la regla general a cada consejo distrital, caso por caso.

Ese matiz es el que la acusación no aborda. El acuerdo no valida la boleta sin doblez; entrega a los consejos distritales la tarea de resolver si tiene o no validez. La evidencia disponible tampoco precisa el número de acuerdo, su texto completo ni el sentido de los votos restantes. Sin ese documento, cualquier estimación sobre cuántas boletas están en disputa queda en el aire.

A Alvarado Ribón se le atribuye además un llamado al "Instituto Electoral". En Tabasco la elección local corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), así que la exigencia de congruencia no puede quedarse en el plano federal: si el criterio se replica o no en la elección local, la decisión será del organismo tabasqueño.

La lectura política

En su función práctica, la acusación opera como posicionamiento. Somos es un partido local que necesita agenda propia y un tema reconocible; la boleta planchada es un asunto tangible, fácil de explicar en un noticiero o en una barda, y permite a su dirigencia colocarse como vigilante del proceso. El costo de la declaración es bajo y la visibilidad alta. El riesgo corre en paralelo: acusar de fraude a la autoridad electoral sin elementos probatorios expone al partido a quedar como un actor que busca reflectores más que resoluciones.

El incentivo del INE apunta en sentido contrario. Al no excluir automáticamente las boletas y remitir la definición a los consejos distritales, el Consejo General reduce su exposición y evita cargar con una regla general que, en cualquier sentido, sería impugnable. También multiplica los frentes de conflicto: cada consejo distrital se vuelve una decisión política en miniatura, y Tabasco no será la excepción.

Para el resto de los partidos tabasqueños, la declaración puede funcionar como globo de prueba. Si el tema prende, otros podrán sumarse sin haberlo iniciado y sin costo de autoría. Para los aspirantes locales, entrega un lenguaje ya hecho sobre la limpieza de la elección, útil en una contienda donde el árbitro también estará en la boleta.

Lo que falta para que la acusación pase de declaración a consecuencia: una queja o juicio ante la instancia competente, datos sobre documentos concretos y una respuesta del INE. Sin eso, el "presunto fraude" es una afirmación política en disputa, no un hecho acreditado.

Qué sigue

Si Somos Tabasco formaliza una queja o promueve un juicio, la evidencia disponible no lo acredita; ese sería el primer indicador de que la acusación pasa del micrófono al expediente. En paralelo, el IEPCT tendrá que definir si adopta un criterio equivalente para la elección local, y el INE, si responde públicamente al señalamiento. Cuando los consejos distritales apliquen el acuerdo aprobado en septiembre, sus determinaciones podrán impugnarse por la vía contenciosa electoral, con lo que el conflicto se moverá de las mesas de cómputo a los tribunales. El dato pendiente y verificable es sencillo: el texto del acuerdo del 3 de septiembre, su número y el sentido de los votos restantes.