Sonora: IEEyPC aprueba anteproyecto 2027, el costo aún no está garantizado

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora aprobó por unanimidad el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio electoral 2026-2027, destinado a la elección de gubernatura, diputaciones locales y los 72 ayuntamientos del estado. Es, en apariencia, un trámite administrativo. En la práctica es el primer acto que le pone precio a la contienda y el punto de partida de una negociación que el instituto no controla.

El consejero presidente Nery Ruiz Arvizu explicó que el documento contempla las actividades del proceso electoral local y también los trabajos relacionados con la elección del Poder Judicial prevista para 2027: material electoral, preparación e instalación de los consejos que se requerirán para esa elección. El anteproyecto será remitido al Poder Ejecutivo para incorporarse al proyecto de presupuesto estatal, conforme a la Ley de Responsabilidad Hacendaria.

Ahí está el nudo. Un anteproyecto no es dinero. La ruta es larga: el Ejecutivo estatal decide qué conserva al integrarlo a su paquete, el Congreso local lo aprueba o lo recorta, y sólo entonces el instituto conoce su techo real de gasto. La unanimidad del Consejo —seis votos o más, según la integración vigente— no anticipa ese resultado; anticipa que hoy no hay conflicto interno que valga la pena librarse en público.

El 3 de 3 y la ampliación que Sonora pidió para 2026

En la misma sesión, el Consejo aprobó una ampliación al presupuesto de 2026 para adquirir material electoral que se usará en la jornada del 6 de junio de 2027. Según lo expuesto por el consejero presidente, el organismo hizo ajustes internos por más de 18 millones de pesos y solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación cercana a los 50 millones. Que un órgano autónomo deba rascar recursos de su propio gasto para comprar material de una elección del año siguiente dice algo sobre el margen con que opera: el calendario electoral avanza más rápido que su financiamiento.

El otro acuerdo con consecuencia política directa fue el requisito 3 de 3 contra la violencia de género, aplicable a las candidaturas locales del proceso 2026-2027. Para verificar que ninguna persona candidata haya sido sancionada o condenada por violencia familiar, agresiones de género, delitos sexuales o incumplimiento de obligaciones alimentarias, el instituto firmará convenios con el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Estatal Electoral, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General del Registro Civil.

La lectura política

La unanimidad tiene bajo costo en esta etapa. Ningún consejero gana nada peleando por un anteproyecto que otro poder puede vaciar después, y todos ganan margen si el recorte lo carga el Ejecutivo. El conflicto real no es interno: es con Hacienda y con el Congreso, donde el presupuesto se convierte en decisión política y donde cada partido calcula si un instituto mejor financiado le conviene o no.

El 3 de 3 es el movimiento más relevante del paquete. Convierte a la autoridad electoral en un filtro de elegibilidad antes del registro de candidaturas, y traslada a tribunales y fiscalía la carga de responder a tiempo sobre cada aspirante. Eso reduce el control de los partidos sobre quién aparece en la boleta, algo que ningún dirigente acepta sin resistencia. El riesgo operativo es de calendario: si los convenios se firman tarde o las autoridades responden con lentitud, el filtro puede terminar judicializado en plena etapa de registro.

Sonora renueva gubernatura, Congreso y cabildos en un solo año, y a esa carga se suma la elección del Poder Judicial. Quien gane la gubernatura en 2027 heredará también la discusión sobre el diseño institucional electoral que se está definiendo ahora, mientras el instituto que organizará esa elección sigue dependiendo de una bolsa que aún no le aprueban.

Falta un dato para sostener cualquier lectura más fuerte: la información disponible no incluye el monto total del anteproyecto ni su desglose. Sin esa cifra no se puede medir si el pedido es suficiente ni compararlo con ejercicios anteriores.

Qué sigue

El anteproyecto pasa al Poder Ejecutivo estatal, que lo incorporará —completo, ajustado o recortado— a su proyecto de presupuesto. Después vendrá el Congreso de Sonora, que tiene la última palabra y cuyo calendario de aprobación depende de los plazos de la legislación local.

En paralelo queda pendiente la respuesta de la Secretaría de Hacienda a la ampliación cercana a los 50 millones de pesos para material electoral, y la firma de los convenios del 3 de 3 con los cinco entes mencionados. El arranque formal del proceso electoral local y la instalación de los consejos distritales y municipales serán el siguiente hito verificable: ahí se sabrá si el dinero alcanzó para lo que el instituto prometió.