Suplente de Paraíso lleva al TET la decisión sobre quién gobierna el municipio

Edison García Wilson solicitó al Tribunal Electoral de Tabasco (TET) el cierre de instrucción de su juicio político-electoral, el paso procesal previo a una sentencia definitiva sobre su derecho a ocupar la presidencia municipal de Paraíso. Con ese escrito, presentado el 6 de octubre, el exdirector de Obras Públicas del ayuntamiento traslada a un tribunal una disputa que el cabildo resolvió por mayoría: quién gobierna el municipio mientras el alcalde Alfonso Baca está ausente.

Lo que se resolverá no es un trámite. El caso define si una vacante temporal en un ayuntamiento se cubre con el suplente que registró la planilla ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), o con la persona que designe el propio cabildo. García sostiene que la respuesta correcta es la primera y que la segunda vulneró su derecho.

Una vacante con dos rutas

De acuerdo con su versión, difundida en redes sociales, el cabildo tomó protesta el 22 de agosto a la síndica de Hacienda como presidenta municipal interina, sin atender entonces la solicitud de licencia que había presentado Baca. El 29 de agosto el cabildo volvió a sesionar: autorizó al alcalde una licencia de hasta 90 días y otra vez designó a la síndica, sin convocar a García para asumir como suplente.

El 7 de septiembre el exfuncionario presentó su demanda ante el TET, que la recibió el 11 de septiembre. El Ayuntamiento de Paraíso y el IEPCT fueron requeridos para entregar documentación e informes. El 1 de octubre, según el propio García, el tribunal admitió el juicio; cinco días después pidió el cierre de instrucción para forzar la resolución "dentro del plazo correspondiente", como escribió en su mensaje.

El requerimiento al IEPCT sugiere que el tribunal revisa, además de las actas del cabildo, el registro de la planilla y el orden de la suplencia: no solo quién fue nombrado, sino con qué base jurídica podía serlo. Si se resuelve a su favor, el TET podría reconocer a García como presidente municipal suplente y ordenar su incorporación al cargo.

La evidencia disponible tiene un límite claro: proviene casi toda de la parte demandante. El ayuntamiento, la síndica designada, el alcalde Baca, el IEPCT y el propio tribunal no fijaron postura pública en la información disponible, y no hay confirmación institucional de la fecha de admisión. Tampoco se precisan los términos exactos de la licencia, si es de 90 días o indefinida, ni si eso cambia la naturaleza del interinato.

La lectura política

El litigio cumple una función práctica: llevar ante un árbitro externo una decisión que el cabildo tomó por mayoría y que, en los hechos, mantuvo el control del ayuntamiento dentro del propio cuerpo edilicio. Designar a la síndica —integrante con voto y con conocimiento del presupuesto— reduce el riesgo de incorporar a un actor que llegue con agenda propia y con la legitimidad simbólica de haber sido electo en la planilla.

Para García, la vía judicial es la única que le queda tras dos sesiones en las que no fue convocado, y cada etapa del proceso le da visibilidad pública y posición de negociación. Para la mayoría del cabildo, sostener la designación implica conservar la conducción de obra pública, nómina y programas en un municipio de peso petrolero. Para el gobierno estatal, el pleito es incómodo: obliga a definir a quién respalda en un ayuntamiento donde el gobernador Javier May ha encabezado actos públicos.

Conviene ser preciso sobre el alcance rumbo a 2027: aquí no hay candidatura, precandidatura ni aspiración electoral en juego, sino la titularidad en funciones de un ayuntamiento que debe renovarse en el proceso concurrente. El efecto es indirecto pero real: quien controle la estructura municipal en los meses previos pesa en la organización local, y una sentencia del TET quedará como referencia sobre disciplina interna y sobre qué tan costoso resulta ignorar a un suplente electo.

Qué sigue

El TET debe resolver una vez cerrada la instrucción, dentro del plazo que fija la normativa procesal electoral local. Cualquiera de las partes puede impugnar la sentencia ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa.

Hay un reloj paralelo: la licencia autorizada el 29 de agosto, de hasta 90 días, vencería a más tardar el 27 de noviembre, lo que podría adelantar el regreso de Baca o dejar el conflicto sin objeto práctico, sin resolver de fondo la regla sobre suplencias. Y falta conocer los informes del Ayuntamiento y del IEPCT, que darán la versión institucional que hoy no existe.