Suspenden al director del penal de Mazatlán tras 12 muertes y sin respuestas

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa separó temporalmente a Enrique Mora García de la dirección del penal El Castillo, en Mazatlán, luego de dos incidentes violentos consecutivos que dejaron 12 muertos: 11 reclusos y un niño de un año que estaba de visita. El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, quien dijo a la prensa que la medida se tomó para permitir el desarrollo de las investigaciones sobre lo ocurrido en el centro penitenciario, que alberga a mil 800 internos.

La salida del director no es un detalle administrativo. Ocurre en una cárcel donde, según el propio secretario, las autoridades encontraron dos pistolas durante una revisión, y donde la pregunta central sigue sin respuesta: cómo ingresaron las armas y si algún funcionario del penal estuvo involucrado. Téllez indicó que será la autoridad judicial la que determine esas responsabilidades. La suspensión del director es la primera respuesta institucional verificable, pero no esclarece aún cómo operó la violencia dentro del penal ni quién permitió el ingreso de armas.

El primer incidente ocurrió el 8 de octubre, durante la hora de visita de familiares. En ese enfrentamiento armado murieron nueve presos y un niño de un año que estaba de visita, y otros 16 reclusos resultaron heridos. Al día siguiente, un segundo choque armado en la misma cárcel dejó dos presos muertos. La secuencia —dos episodios violentos en menos de 24 horas, con civiles menores de edad entre las víctimas— colocó al penal de Mazatlán en el centro de la discusión sobre el control de las prisiones en Sinaloa.

Un día antes del anuncio de la suspensión se difundió en redes sociales un video en el que se ve a varios hombres heridos en el suelo y en camillas, presuntamente reclusos del penal, custodiados por funcionarios policiales y militares fuertemente armados. Las autoridades estatales no confirmaron la veracidad del video. Esa falta de confirmación pública deja abierto un flanco: la difusión de imágenes no verificadas sobre hechos violentos en prisiones suele alimentar tanto la desinformación como la desconfianza en las instituciones, y hasta ahora no hay una explicación oficial sobre el material.

La lectura

El caso de El Castillo no puede leerse como un episodio aislado. Cuatro días después de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno construirá nuevos penales en seis estados, entre ellos Sinaloa, para enfrentar el hacinamiento. Sheinbaum reconoció que los 70 mil nuevos detenidos durante los primeros dos años de su sexenio complicaron los problemas de violencia y sobrepoblación en las 278 cárceles mexicanas. La decisión de construir penales reconoce un problema estructural, pero no responde a la pregunta inmediata sobre el control interno de El Castillo ni sobre la cadena de responsabilidades que permitió dos matanzas en dos días.

El diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, difundido el mes pasado, encontró sobrepoblación en 129 prisiones y hacinamiento en otras 124. La población penitenciaria creció 39.15% mientras la infraestructura carcelaria solo aumentó 5.89%. Para febrero pasado, México tenía 261 mil 388 personas privadas de la libertad. Analistas citados en el expediente señalan que el hacinamiento, en parte generado por la prisión preventiva —que mantiene encerrados a miles de presos sin sentencia—, sumado al escaso personal de custodia, ha favorecido la corrupción y la violencia al interior de los centros penitenciarios. La suspensión del director es una medida de contención, pero el patrón que describen los datos —sobrepoblación, déficit de infraestructura y prisión preventiva masiva— excede la responsabilidad individual de un funcionario.

La dimensión pública del caso también alcanza a las familias. El niño de un año murió durante una visita, es decir, en un espacio que el Estado debería garantizar como seguro para familiares y menores. Ese hecho, por sí solo, plantea una pregunta sobre las condiciones de operación del penal que la suspensión del director no agota.

Qué sigue

La investigación judicial deberá determinar cómo ingresaron las dos pistolas halladas y si hubo participación de funcionarios del penal. Hasta ahora no se ha informado de detenciones de personal penitenciario ni de avances concretos en esa línea. Tampoco se ha confirmado la veracidad del video difundido en redes sociales ni se ha explicado públicamente el estado de los 16 reclusos heridos en el primer incidente.

Queda por esclarecer si la separación temporal de Mora García se convertirá en una destitución formal o en una sanción administrativa, y si la investigación alcanzará a mandos superiores de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. La construcción anunciada de nuevos penales en seis estados, incluido Sinaloa, es una respuesta de mediano plazo que no resuelve el control interno de El Castillo ni la violencia que ya cobró 12 vidas. Sin resultados verificables de la investigación, la suspensión del director queda como una señal de que algo falló, pero no como una explicación de qué falló ni de quién lo permitió.