Taddei exige a partidos respaldar a consejera del INE tras denuncia de amenazas

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, reclamó a los representantes de los partidos políticos que no se hubieran manifestado en favor de la consejera Frida Gómez ante el ataque que denunció, y les pidió que lo hicieran "en las siguientes intervenciones, porque no es posible que una consejería en este instituto esté sometida a presiones de ninguna naturaleza". El exhorto, formulado en la sesión del Consejo General del 8 de octubre, tuvo efecto inmediato: los representantes quedaron obligados a fijar posición pública sobre un conflicto interno del árbitro electoral, a un año del arranque formal de la contienda de 2027.

Minutos antes, Gómez había leído ante el pleno una denuncia de "amenazas graves y directas" contra su integridad física que, según dijo, "se han extendido incluso a integrantes de mi familia". La consejera advirtió que no buscaba colocarse en una posición de víctima, sino señalar una frontera: "cuando esa intimidación está relacionada con las decisiones que una autoridad electoral adopta en el ejercicio de sus funciones, el problema deja de ser exclusivamente personal". Hasta ahora ningún actor ha sido señalado públicamente como responsable, y la evidencia disponible no permite afirmar que exista una denuncia penal presentada por la consejera.

La denuncia llegó en un tramo áspero de la relación entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Gómez es autora de acuerdos que la Sala Superior revocó en semanas recientes: el cambio en el procesamiento de las boletas "planchadas" —inválidas por defecto de impresión— y la eliminación de la verificación del INE para garantizar que los observadores electorales no sean funcionarios ni operadores de programas sociales. Los acuerdos fueron impugnados por partidos de oposición, no por Morena ni sus aliados. En esa misma sesión, Taddei rechazó que otra resolución del TEPJF —la que ordenó integrar a los partidos a la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas— represente una descalificación al trabajo del instituto.

Una sesión que midió lealtades

Tras el exhorto de Taddei, los representantes expresaron su solidaridad con la consejera. Algunos partidos de oposición aprovecharon para recordar antecedentes: la denuncia del diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna ante la Fiscalía General de la República y el Órgano Interno de Control contra seis consejeros que en 2021 pospusieron la consulta de revocación de mandato, y la queja del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, contra tres consejeros actuales por ordenar la baja de videos de propaganda. La solidaridad, así, llegó con memoria selectiva.

El consejero Arturo Chávez, también designado por la mayoría legislativa de Morena, defendió a su compañera y sostuvo que "este INE no pretende convertirse en un partido político opositor al gobierno, como lo hizo un sector del otro INE" —referencia al grupo del expresidente del instituto, Lorenzo Córdova Vianello—, además de afirmar que "quien crea que la ley es la ley tiene un pensamiento autoritario". Gómez, por su parte, defendió su propuesta sobre las boletas y aseguró que "se ha distorsionado completamente".

La sesión desahogó además agenda ordinaria: la presentación del catálogo de 4 mil 48 emisoras obligadas a transmitir promocionales del INE y de los partidos durante 2027. El proceso electoral federal 2026-2027 ya corre desde el 29 de septiembre, cuando Taddei tomó protesta a las 32 presidencias de los consejos locales.

La lectura política

El exhorto de Taddei no fue protocolo. Convirtió una denuncia personal en una prueba de lealtad registrada en acta: quién respalda a una consejería del órgano que en 2027 calificará la elección y quién no. En la práctica funciona como mecanismo de cohesión del bloque que hoy tiene mayoría en el Consejo General, en el que Gómez forma parte de los tres consejeros designados por la mayoría legislativa de Morena y cuya suerte está atada a los acuerdos que ese bloque empujó y que el TEPJF anuló.

El dato más revelador es la asimetría: los partidos que impugnaron esos acuerdos en tribunales fueron los que ofrecieron solidaridad en la sesión, mientras la fuerza que designó a Gómez no protagonizó la defensa. La defensa institucional del bloque, en los hechos, la administra la presidencia del INE, no los partidos que lo integran. Ese arreglo tiene un límite: deja a la presidenta como única responsable de sostener a consejeros que responden a otro designio político.

El segundo efecto es la competencia de terrenos. La denuncia de amenazas y la exigencia de solidaridad conviven con una seguidilla de reveses judiciales; la frase de Chávez sobre la ley sugiere que una parte del bloque lee esas resoluciones como disputa política y no como control de legalidad. Existe el riesgo —no la prueba— de que la denuncia se use como escudo retórico frente a la revisión del TEPJF. Sin identificación de los autores de las amenazas, no puede sostenerse que provengan de un actor político determinado; ese es el elemento que falta para cruzar de la inferencia a la afirmación.

Rumbo a 2027 no hay aquí candidatura alguna, ni precandidatura formal ni de facto, ni aspiración partidista en juego. Lo que se disputa es el control de criterios operativos: qué se hace con las boletas inválidas por impresión, quién vigila a los observadores, cómo se verifica la integridad de las candidaturas. Quien fija esos criterios condiciona el piso sobre el que competirán todos.

Qué sigue

El INE quedó sin los criterios que Gómez impulsó; corresponde al Consejo General definir si emite nuevos lineamientos conforme a lo resuelto por el TEPJF o si el asunto regresa a tribunales. En el plano de las amenazas, la ruta verificable es una denuncia formal ante la fiscalía competente: mientras no exista, la solidaridad política no sustituye la investigación. Y el calendario no se detiene: el proceso 2026-2027 ya está en marcha, con el catálogo de emisoras en trámite y las juntas locales operando, de modo que cada sesión del Consejo General será una nueva oportunidad para medir si el bloque sostiene su mayoría o si los reveses judiciales empiezan a reacomodarla.