Taddei gestionó ingresos al INE de colaboradores de proveedor bajo indagatoria

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, gestionó la contratación en el organismo de colaboradores del empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del propio instituto al que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga desde 2023 por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de factureras. Entre los ingresos que Taddei gestionó está el de Jonathan Navarrete Torres, apoderado legal de Corporativo Zeg, una de las siete empresas de la red bajo revisión.

El dato no es un rumor de pasillo: la propia Taddei reconoció que Navarrete Torres estaba en la nómina del INE. Lo hizo en un mensaje a medios sin preguntas, en el que sostuvo que "jamás fue mi chofer" y que ya no labora en el instituto. Su declaración patrimonial y el directorio del organismo, sin embargo, le asignaban la función de "transportar de manera segura y eficiente" a la presidenta, con un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales. Taddei también admitió que su otro chofer, Luis Alberto Bustamente, aparece en nómina como líder de proyecto con casi 70 mil pesos, y dijo que prefiere llamarle "asistente especializado".

La UIF congeló 400 cuentas bancarias de la red de empresas en 2023 y 2024; hoy siguen vigentes 70 bloqueos que alcanzan a 13 personas físicas y 7 empresas. El expediente incluye a Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas y Grupo Selati, todas proveedoras del INE o de institutos electorales locales. Cajas Graf obtuvo un contrato por 197 millones de pesos, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisa a las compañías ante indicios de que operan como factureras.

El patrón no se agota en Navarrete. También fueron contratados Jesús Octavio García, director de Administración y ex representante del mismo consorcio de material electoral, y Mario Burciaga, actual director de Recursos Materiales. Es decir, personas ligadas al proveedor ocupan o ocuparon posiciones dentro de la estructura que decide y ejecuta compras del organismo.

La lectura política

En la práctica, el caso coloca a la presidencia del INE en el centro de una contradicción entre su función de árbitro y su gestión administrativa. El INE no solo organiza elecciones: también adjudica contratos, y quien preside el Consejo General tiene un peso decisivo en la conducción administrativa. Que la propia presidenta haya gestionado ingresos de colaboradores de un proveedor bajo investigación financiera erosiona el margen de credibilidad del instituto en un momento en que su desempeño será escrutado por todas las fuerzas políticas.

El incentivo de Taddei, según lo que muestran sus propias declaraciones, es contener el daño: reconocer lo innegable —que las personas estuvieron en nómina— y negar la etiqueta más costosa, la de "chofer fantasma". Ese reconocimiento parcial es una estrategia de administración de crisis, no una explicación completa. La diferencia entre el nombre formal del puesto y la función real es precisamente el punto que la evidencia deja abierto: el directorio y la declaración patrimonial describen una función de transporte que la presidenta niega en el discurso.

El movimiento también envía una señal al interior del INE y a los partidos: la presidencia está dispuesta a defender su terreno sin abrir un espacio de rendición de cuentas. Taddei anunció un portal de transparencia de contrataciones y remitió antecedentes al Órgano Interno de Control (OIC), pero lo hizo después de que el caso ya estaba en la prensa. Esa secuencia importa: la transparencia reactiva no sustituye la fiscalización previa ni resuelve el conflicto de interés que se señala.

Rumbo a 2027, el costo es doble. Para el INE, porque la confianza en el árbitro es un insumo no renovable: si los partidos perciben favoritismo o opacidad, cada resolución del Consejo General queda expuesta a la sospecha. Para el sistema electoral, porque las empresas señaladas proveen materiales en un proceso en marcha, y cualquier impugnación sobre adjudicaciones puede convertirse en un frente de conflicto postelectoral.

Qué sigue

El OIC del INE tiene en sus manos la revisión de los contratos y de las contrataciones de personal señaladas; su resolución será el primer filtro institucional verificable. La UIF mantiene vigentes 70 bloqueos de cuentas, y el SAT revisa a las empresas por presunta operación como factureras. Falta conocer si el Consejo General abre un espacio formal de rendición de cuentas o si la presidenta comparece ante el pleno. También queda pendiente saber si los contratos con Cajas Graf y Corporativo Zeg se revisan o se suspenden mientras avanzan las indagatorias. Sin esos pasos, el caso seguirá siendo una controversia política sin desenlace institucional.