TEPJF deja en los estados la queja contra 'coordinadores' de Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó, con cuatro votos contra uno, el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que pretendía obligar a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) a investigar los procesos de selección de los "coordinadores en defensa de la transformación y soberanía nacional" de Morena. La votación sepulta el intento de convertir una queja en expediente único de alcance nacional. No declara lícitas las designaciones: define qué autoridad las investiga. Y esa definición llega mientras la coalición oficialista acomoda sus piezas para las 17 gubernaturas de 2027.

El expediente que se partió en cinco

Movimiento Ciudadano (MC) presentó la queja el 28 de agosto. Pedía al INE investigar los procesos de selección de los "coordinadores" en Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa como actos anticipados de campaña, con el argumento de que las personas designadas serán los futuros candidatos de la coalición oficialista a las gubernaturas en juego en 2027. El 7 de septiembre la UTCE respondió que no le tocaba investigar el proceso interno de Morena y lo invitó a presentar denuncias por separado ante los organismos públicos locales electorales (OPLE).

MC impugnó. Sostuvo que la queja no podía analizarse de manera fragmentada porque en las designaciones participó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) morenista, lo que daba al proceso interno una "actuación partidista de alcance nacional", producto de una "presunta estrategia sistematizada y organizada" para posicionar de forma adelantada a quienes serían sus candidaturas estatales. Rodríguez Mondragón le dio la razón.

Felipe Fuentes Barrera tomó la palabra para decir que no compartía "el sentido ni las consideraciones del proyecto": las denuncias apuntan a procesos electorales estatales, ninguno federal. Anticipó la crítica y advirtió que "aquí no estamos absolviendo a nadie de ninguna conducta que se denuncie", sino definiendo qué autoridad debe investigar. Añadió que el proyecto reabría, por la vía de la competencia, una controversia ya resuelta este año por la propia Sala, cuando los magistrados determinaron que no puede hablarse de estrategia sistemática "para referirse a procesos anteriores y a un hecho de futura realización".

La lectura política

El nombre formal del cargo es partidista: no existe "coordinador en defensa de la transformación" en ninguna ley electoral ni es una candidatura registrada. Tampoco hay, con esta evidencia, una precandidatura formal ni un acto de precampaña acreditado. Pero en la práctica la figura opera como estructura de posicionamiento anticipado —vocería, recorrido territorial, identificación con la marca guinda— y como antesala verosímil de las candidaturas estatales, que es exactamente lo que MC quería que un tribunal mirara. La Sala no dijo lo contrario: no validó los hechos ni los descartó.

El efecto inmediato es de arquitectura procesal. En lugar de un expediente nacional, el conflicto se reparte en cinco rutas locales, cada una con su calendario, su estándar probatorio y su posible resolución de incompetencia. Morena gana tiempo y desactiva la vitrina nacional; MC pierde el foro único, aunque conserva el relato y la vía local; la UTCE queda fuera del foco pero expuesta a la acusación de fragmentar; los OPLE cargan el costo político de decidir.

El 4-1 tampoco equivale a un tribunal sistemáticamente deferente con el INE. En otro asunto del mismo 30 de septiembre, la Sala Superior ordenó al instituto incluir a los partidos con voz sin voto en su Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Lo que la mayoría rechazó aquí fue ampliar la competencia nacional de la UTCE, no corregir al árbitro en bloque. La señal a los actores es que la disputa por los "coordinadores" se seguirá litigando, pero estado por estado.

El límite de esta lectura también importa: la resolución no absuelve a nadie, y el fondo —si hubo o no actos anticipados— sigue sin resolverse. El precedente de la propia Sala sobre "estrategia sistemática" es estrecho y obliga a probar hechos concretos, no una intención de futuro. Si MC no replica la queja en los cinco estados, el asunto se apaga sin pronunciamiento de fondo.

Qué sigue

MC debe decidir si presenta denuncias por separado ante los OPLE de Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa, como le sugirió la UTCE; cada organismo admitirá, sustanciará y resolverá con su propio calendario, y puede declararse incompetente o determinar la inexistencia de las conductas. En paralelo, las designaciones de "coordinadores" en otras entidades de las 17 gubernaturas seguirán produciéndose: cada nuevo nombramiento abre la puerta a otra queja y a la misma discusión de competencia. La frontera legal que ordenará el debate serán las precampañas y el registro de candidaturas del proceso concurrente 2026-2027. Con el estándar vigente, la probabilidad de que una investigación local produzca sanción antes de las campañas es limitada, aunque el riesgo no desaparece.