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TEPJF manda a OPLEs las quejas contra corcholatas; INE no las verá
Cuatro magistrados rechazaron concentrar en la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE las denuncias por presuntos actos anticipados. El asunto se repartirá entre los organismos electorales de cinco estados, sin que el tribunal haya resuelto el fondo.
La Sala Superior del TEPJF avaló por mayoría que sean los organismos electorales locales, y no el INE, quienes resuelvan las quejas de Movimiento Ciudadano contra la designación de los 17 coordinadores estatales de Morena y aliados. El tribunal no absolvió a nadie: solo definió qué autoridad investiga. La decisión dispersa en los estados el litigio sobre presuntos actos anticipados rumbo a 2027.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló por mayoría que las quejas contra la designación de los "coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía" de Morena y sus aliados las resuelvan los organismos públicos locales electorales (OPLE) y no el Instituto Nacional Electoral (INE). No es una absolución: es una definición de competencia. Y esa definición reparte entre cinco árbitros estatales un litigio que la oposición quería concentrar en una sola autoridad nacional.
El caso nació de una denuncia de Movimiento Ciudadano (MC) contra Morena y quienes resulten responsables por la designación de esos cargos en Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California. MC acusó presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, incumplimiento del deber de cuidado y una ventaja indebida rumbo a 2027, y señaló la difusión de los nombramientos en las redes del partido y en cuentas de sus dirigentes. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE había resuelto que no tenía competencia para atenderla; el proyecto del magistrado ponente Reyes Rodríguez Mondragón proponía lo contrario: un análisis "integral" desde el órgano nacional. La mayoría rechazó esa vía.
Votaron en contra de llevar al INE el proceso interno de Morena los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Gilberto de Jesús Bátiz García, Felipe de la Mata y Claudia Valle Aguilasocho. Fuentes Barrera defendió el criterio local —"estamos ante una pluralidad de hechos, cada una con incidencia local"— y subrayó que la determinación no prejuzga: "no estamos absolviendo a nadie de ninguna consulta que se denuncie; simplemente estamos decidiendo qué autoridad es la que debe investigar los hechos motivo de la denuncia".
De la denuncia nacional al expediente local
El telón de fondo es el cierre, el 29 de septiembre, del proceso interno con el que Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) eligieron a 17 coordinadores estatales. Entre ellos están Nora Ruvalcaba Gámez (Aguascalientes), Beatriz Mojica Morga (Guerrero), Carlos Torres Piña (Michoacán), Eugenio Segura Vázquez (Quintana Roo) y Verónica Díaz Robles (Zacatecas), cinco de las entidades mencionadas en la denuncia. La dirigencia los presentó como los cuadros que, cuando la ley lo permita, serán candidatos a las gubernaturas en 2027. Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó en su conferencia matutina el método de encuestas, recordó que el partido lo aplica desde hace años y negó un "dedazo" propio o de las dirigencias; participantes no seleccionados denunciaron opacidad e irregularidades.
La lectura política
El nombre formal —Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional— no equivale a una candidatura. No hay registro ante autoridad electoral, no existe precampaña en sentido legal y los procesos locales de 2027 todavía no arrancan. En la práctica, el cargo funciona como una precandidatura de facto: coloca a cada designado en posición de salida para la gubernatura y le da plataforma de difusión con estructura partidista. Ese diferimiento —el cargo existe, la candidatura no— es lo que MC intenta llevar a tribunales como acto anticipado.
El incentivo de Morena y sus aliados es dispersar el litigio: cinco expedientes locales, con calendarios y criterios distintos, pesan menos que una resolución nacional capaz de fijar un estándar sobre el uso de estructuras partidistas antes del arranque formal. Para MC el revés es doble: pierde al árbitro nacional, más visible y con criterio uniforme, y queda ante cinco OPLEs que serán además los árbitros de la contienda de 2027 en sus estados. Para el TEPJF, la mayoría eligió una salida procesal: define jurisdicción, evita cargar al INE hechos de incidencia local y no se pronuncia sobre el fondo. El costo posible es la disparidad: la misma conducta podría resolverse de forma distinta en cada entidad. Queda abierto un flanco que esta determinación no despeja: si el deber de cuidado imputado a los partidos, asunto de alcance nacional, puede ser atraído por el INE.
Qué sigue
Los expedientes deben remitirse a los OPLEs de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California, que sustanciarán y resolverán en primera instancia. MC puede impugnar esas resoluciones, aunque el criterio de competencia ya fue fijado por la Sala Superior. Falta ver si el mismo criterio se aplica a otras quejas por hechos de incidencia local y si los organismos estatales las acumulan o las resuelven por separado. La evidencia disponible no precisa plazos ni fechas de resolución. En paralelo, el proceso interno de la alianza oficialista ya concluyó y sus inconformidades siguen sin canalización pública.