TEPJF reencauza a tribunales locales las quejas contra perfiles de Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reencauzó las impugnaciones contra las designaciones de Julieta Ramírez y Manuel Cota como eventuales perfiles de Morena para las gubernaturas de Baja California y Baja California Sur. La resolución, tomada en sesión privada, no toca el fondo: reparte los expedientes entre la Sala Regional Guadalajara y el tribunal electoral de Baja California Sur. Con ello, la máxima instancia electoral evita pronunciarse, por ahora, sobre la pregunta que sostiene ambos casos: si las coordinaciones "de la defensa de la Transformación" son actos internos de partido o el mecanismo con el que Morena define anticipadamente a sus cartas rumbo a 2027.

Las quejas no vienen de la oposición, sino de la militancia. La diputada federal con licencia Evangelina Moreno Guerra, aspirante a la gubernatura de Baja California, impugnó "la indebida entrega de la constancia" como coordinadora estatal en favor de Julieta Ramírez Padilla y alegó alteración de los resultados de la encuesta interna, negativa a publicarlos, omisión de metodología y exclusión de la encuesta final. En Baja California Sur, la militante Estefani Briseth Torres Pérez denunció la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para resolver quejas contra el proceso que designó a Manuel Cota Cárdenas —diputado federal del Partido Verde— como coordinador del mismo comité.

Dos rutas y un criterio ya refrendado

Con un proyecto de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el pleno determinó que el caso de Ramírez lo analice la Sala Regional de Guadalajara, que primero debe resolver si la legisladora podía saltarse la instancia local; esa Sala puede reencauzar o resolver por sí misma. El expediente de Cota se remitió al tribunal electoral de Baja California Sur, con revisión posterior posible ante la Sala Regional Guadalajara y, en última instancia, ante la Sala Superior. En el caso de Ramírez, parte de los planteamientos podría quedar sin materia: Morena publicó las encuestas el 29 de septiembre, el punto central de la queja.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra. Sostuvo que la competencia no debe definirse "por el nombre que un partido dé a sus procesos internos, sino por la función electoral que dichos procedimientos cumplen", y que el asunto debía mirarse como estrategia nacional, no como litigios aislados por entidad. La mayoría refrendó el criterio adoptado en sesiones públicas previas.

La lectura política

El reencauzamiento parece trámite y opera como reparto del costo político. Al mandar cada expediente a su tribunal, la Sala Superior no valida ni invalida las designaciones: evita fijar un precedente federal sobre si una coordinación partidista equivale a una precandidatura. La distinción importa porque, en términos legales, no existe candidatura registrada alguna: hay nombramientos internos que, en la práctica, colocan a Ramírez y a Cota en posición de salida rumbo a 2027 y que, según el voto particular, replican el diseño aplicado en el resto de las entidades en juego.

Para Morena, el resultado es tiempo: gana meses de litigio fragmentado sin una resolución única que nombre lo que ocurre en sus procesos. Pierde certeza interna, porque cada entidad puede resolver con criterios distintos y las quejas de su propia militancia se vuelven el riesgo principal de sus definiciones anticipadas. Para los aspirantes desplazados, la ruta se alarga y se encarece: ahora litigan en dos o tres instancias donde buscaban una. Para la oposición, el mensaje es que este ciclo no habrá pronunciamiento federal sobre el uso de "coordinaciones" como equivalentes funcionales de precampañas.

La señal hacia dentro también cuenta: la designación de un diputado del Partido Verde como coordinador de Morena en Baja California Sur sugiere que la coalición se ordena bajo la marca del partido mayoritario, sin pasar aún por un proceso formal de postulación. Para sostener que estas coordinaciones son ya candidaturas falta pieza: no hay resolución de fondo ni criterio público de los tribunales locales.

Qué sigue

La Sala Regional Guadalajara debe resolver si acepta el salto de instancia de Moreno Guerra o devuelve el asunto al tribunal de Baja California. En paralelo, el tribunal electoral de Baja California Sur definirá la impugnación de Torres Pérez, con revisión posterior posible en la Sala Regional Guadalajara y, en último tramo, en la Sala Superior. Ninguna de las dos tiene fecha pública en el expediente.

Lo que hay que mirar no es solo el resultado, sino la coincidencia: si los tribunales locales confirman que los comités de defensa de la Transformación son actos internos, Morena consolida un mecanismo nacional sin control judicial de fondo; si alguno concluye lo contrario, el precedente obligará a revisar cómo se nombran los perfiles en el resto de los estados.