TEPJF tumba la prohibición del INE y partidos vigilarán entrevistas rumbo a 2027

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) que mantenía a los partidos políticos fuera de las entrevistas del proceso de selección de funcionarios electorales. La resolución se conoció este 23 de septiembre de 2026 y reabre a las dirigencias partidistas una etapa que el INE había buscado mantener bajo control institucional: la designación de las personas que, ya en el cargo, operarán las estructuras con las que se organiza y se califica una elección.

No es un ajuste administrativo menor. Es la disputa por quién vigila a quién designa.

Un filtro que se cae

El INE había estimado que la presencia de representantes partidistas en las entrevistas podía generar estrés a los aspirantes, y con ese razonamiento sostuvo la prohibición. El Tribunal Electoral lo echó abajo. La consecuencia inmediata es que los partidos recuperan la posibilidad de observar —y eventualmente documentar— cómo se elige al personal que después ocupará posiciones sensibles dentro del aparato electoral.

El material disponible no precisa el alcance exacto de la sentencia: falta conocer el expediente, la ponencia, la votación y si la revocación cubre únicamente las entrevistas en curso o se extiende a todas las etapas de designación del ciclo 2026-2027. Tampoco confirma si las plazas en cuestión corresponden a los consejos distritales y locales, es decir, a quienes resuelven en primera instancia sobre resultados, o a otro tipo de cargos. Sin esos elementos, cualquier lectura sobre el universo de plazas afectadas queda en el terreno de la inferencia. Lo que sí queda claro es el criterio: el argumento de que la mirada partidista estresa a los aspirantes no alcanzó para excluirla.

La lectura política

El reparto de ganancias es nítido. Los partidos ganan un mirador en una etapa donde se decide la integración del personal que administrará la elección de 2027; el INE pierde un escudo que le permitía conducir el proceso sin acompañamiento partidista, y el TEPJF se coloca otra vez como el árbitro que fija dónde termina la autonomía técnica y dónde empieza el derecho de las fuerzas políticas a vigilar.

Los incentivos apuntan en dos direcciones. Para los partidos, observar entrevistas sirve para identificar perfiles, anticipar designaciones incómodas y, más adelante, tener material para impugnar. Para el INE, la vigilancia partidista es una fuente de riesgo doble: presión sobre los aspirantes y, si una designación se cae después por vicios de origen, costo institucional en pleno año electoral. La justificación del estrés, sin embargo, era jurídicamente frágil: no basta invocar incomodidad para recortar atribuciones de control de los partidos.

El mismo 23 de septiembre, el TEPJF ordenó al INE instrumentar mecanismos para evitar que servidores de la nación y personas vinculadas a programas sociales actúen como observadores electorales en 2027, según la versión publicada del proyecto. Son expedientes distintos, pero el eje es reconocible: el Tribunal amplía la vigilancia partidista y restringe la participación de estructuras gubernamentales. Más partidos, menos gobierno, es la señal que envían ambos movimientos a aliados y adversarios a menos de un año del arranque formal de las campañas.

Hay un límite que conviene no borrar. Que los partidos puedan estar presentes en las entrevistas no equivale a que puedan vetar aspirantes ni a que las designaciones queden sujetas a negociación política. La ausencia de reglas de acreditación, número de representantes y alcance de las intervenciones es justamente el terreno donde puede colarse la presión indebida sobre quien aspira a un cargo técnico.

Qué sigue

El INE deberá emitir un acuerdo de cumplimiento que materialice la presencia partidista: quién se acredita, cuántos representantes por instituto político, qué pueden preguntar y qué se registra. También está pendiente la publicación íntegra de la sentencia con su expediente, que fijará los alcances reales del criterio.

En paralelo, el calendario del proceso electoral 2026-2027 sigue: conforme avancen las etapas de selección, los partidos tendrán la oportunidad de usar lo observado para impugnar designaciones ante el propio INE o ante el Tribunal. La prueba de fuego será si la vigilancia se ejerce como control democrático o como instrumento de negociación.