RUTA 27 · MEDIUM
Tres consejeros del INE insisten en fiscalizar las precampañas adelantadas
Humphrey, Castillo y Faz Mora llevarán de nuevo al Consejo General un acuerdo bloqueado hace siete meses, ahora con Morena ya habiendo designado 17 coordinadores estatales rumbo a 2027.
Tres consejeros del INE —Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martí Faz Mora— volverán a proponer lineamientos para fiscalizar las precampañas adelantadas que los partidos disfrazan de procesos internos. El primer intento fue bloqueado hace siete meses por el bloque que respalda a Guadalupe Taddei. Con Morena ya designando 17 coordinadores estatales rumbo a 2027, la votación mide si el INE podrá vigi
Tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) llevarán otra vez al Consejo General un acuerdo para poner reglas y fiscalizar las precampañas que los partidos ya arrancaron. Carla Humphrey Jordan, Arturo Castillo Loza y Martí Faz Mora presentarán el proyecto este jueves, siete meses después de que un primer intento quedó bloqueado por el bloque mayoritario del propio Consejo, el que respalda a la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala. El asunto pesa rumbo a 2027 porque define si la autoridad electoral puede mirar dentro de procesos que se presentan como internos y que, en la práctica, ya reparten candidaturas.
Morena terminó hace unos días la selección de sus 17 "coordinadores" —sus precandidatos a gobernador en los estados que votarán en 2027— más de dos meses antes de los plazos oficiales. El mecanismo no es nuevo: el reporte lo rastrea hasta 2023, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador puso a competir a los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial y los llamó "corcholatas". La práctica migró después a la oposición.
Los candados que propone el proyecto
El documento autoriza los llamados "Procesos Políticos" siempre que no tengan "como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular". Admite el proceso, pero le retira el disfraz cuando su finalidad es electoral.
Los topes: aportaciones personales de los aspirantes hasta 3 millones 304 mil pesos; aportaciones de simpatizantes hasta 826 mil 223 pesos por persona, obligatoriamente por transferencia. Se prohíben recursos en efectivo o en especie de gobiernos federales y locales, del extranjero, de empresas, de personas no identificadas, de ministros de culto y de sindicatos. No habría propaganda en mobiliario urbano ni tiempos oficiales de radio y televisión derivados de prerrogativas.
Sobre las encuestas que definen a los ganadores —tema sensible tras los reclamos de aspirantes de Morena que no resultaron designados— los partidos tendrían que entregar metodología, costos, responsables y resultados, con ese gasto contabilizado como gasto ordinario. A los servidores públicos se les impediría aportar recursos o expresar postura a favor o en contra de un aspirante: solo asistirían en días inhábiles y sin "participación activa y preponderante"; los legisladores, cuando no interfirieran con sus actividades parlamentarias. La fiscalización quedaría en la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y la Comisión de Fiscalización (COF).
La lectura política
El proyecto no crea la precampaña adelantada: la nombra. Los partidos llaman "coordinador", "responsable organizativo" o "defensa de la transformación" a lo que en la práctica funciona como una precandidatura de facto: un cargo sin registro ante la autoridad electoral, sin tope de gasto verificable y sin obligación de informar encuestas. Ese hueco es el que tres consejeros quieren cerrar.
El límite es claro: nada de esto está vigente ni es todavía un acuerdo aprobado. Es una propuesta que debe votarse y que, según el propio reporte, corre riesgo de no pasar otra vez por el bloque mayoritario. La votación no es un trámite técnico: mide el equilibrio interno del Consejo General, la relación entre consejerías y presidencia, y la distancia que se ha acumulado en siete meses. Un rechazo dejaría al INE en la posición incómoda de saber qué está ocurriendo y no tener herramienta para revisarlo; una aprobación le daría margen de fiscalización, pero también la obligaría a aplicarla contra todas las fuerzas y no solo contra la que se adelantó primero.
Para los partidos la señal es doble: si el acuerdo pasa, los procesos internos tendrán que documentar dinero y encuestas; si no pasa, el costo de adelantarse sigue siendo casi nulo y el incentivo a replicar el modelo de 2023 se mantiene intacto de cara a 2027.
Qué sigue
El jueves la propuesta se somete al Consejo General, con tres escenarios verificables: aprobación, rechazo o modificación en la discusión. Si se aprueba, la UTF y la COF quedarían habilitadas para revisar recursos y posibles irregularidades en estos procesos durante el proceso electoral 2026-2027. Si se rechaza o se aplaza, la ruta previsible es la insistencia de las tres consejerías, denuncias o impugnaciones sobre hechos concretos —encuestas, gastos, propaganda— y presión pública sobre el bloque mayoritario. Falta un elemento para medir el alcance real: si los lineamientos incluyen plazos y sanciones específicas o solo criterios de revisión posteriores.