Tribunal Electoral de Sinaloa confirma infracción a Imelda Castro rumbo a 2027

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) confirmó por mayoría el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) que declaró existente una infracción por promoción personalizada atribuida a la senadora Imelda Castro Castro. La resolución no es un trámite de escritorio: acredita que los actos de difusión de una legisladora federal guardaron proximidad e incidencia con el proceso electoral local 2026-2027. En la práctica, coloca a la senadora en el terreno donde una aspiración deja de ser un cálculo privado y se convierte en expediente público. Lo hace, además, sin que exista candidatura, precandidatura ni registro alguno de por medio: lo sancionado es el método de posicionamiento, no una postulación formal.

El caso llegó a esta segunda vuelta por orden de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), expediente SG-JG-46/2026, que revocó parcialmente una resolución previa del TEESIN y le ordenó rehacer el análisis de dos elementos: el temporal y el objetivo.

Cómo se acreditó la infracción

Sobre el elemento temporal, el tribunal consideró infundado el agravio de la promovente. Revisó publicaciones, reuniones, asambleas y otros actos de difusión realizados entre agosto de 2025 y mayo de 2026, además de manifestaciones vinculadas con las aspiraciones políticas de la senadora, y concluyó que, valorados en conjunto, esos actos son próximos al proceso electoral local 2026-2027 y tienen incidencia en él, conforme a la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF.

Sobre el elemento objetivo, el TEESIN sostuvo que el análisis no puede limitarse a verificar si el nombre, la imagen o la voz de una servidora pública aparecen en la propaganda. Revisó publicaciones en redes sociales, notas periodísticas, materiales impresos, lonas, elementos de difusión usados en reuniones y asambleas, videos y otras constancias. En ellos identificó mensajes sobre logros legislativos, programas sociales, cualidades y atributos de la senadora, referencias a sus aspiraciones y elementos de posicionamiento individual. Pesaron la sistematicidad de los actos, la reiteración de su nombre e imagen y la vinculación de su actividad legislativa con beneficios derivados de políticas públicas.

La información disponible sobre el caso no detalla los argumentos de la minoría que votó en contra, ni si la promovente anunció una nueva impugnación, ni la sanción que corresponde a la infracción declarada. Son tres piezas que faltan para medir la firmeza del criterio y el calendario real del expediente.

La lectura política

"Promoción personalizada" es el nombre jurídico; su función práctica es otra: trazar la frontera entre informar como servidora pública y posicionarse como aspirante. No castiga una candidatura —no existe—, castiga un método: repetir nombre, atributos y logros, ligar programas sociales a una figura y hacerlo de manera sistemática cuando el calendario electoral ya se aproxima.

Los incentivos quedan así: el IEES y el TEESIN consolidan un criterio que cualquier actor de Sinaloa puede invocar; quien compita con la senadora por un espacio en 2027 —dentro o fuera de su fuerza política— gana un argumento documentado. Ella pierde discrecionalidad en su comunicación. Una infracción de este tipo no equivale a inhabilitación ni impide por sí misma una candidatura; lo que hace es encarecerla políticamente y entregar material listo a cualquier proceso de selección interna.

Hay un dato de diseño institucional que conviene leer con calma: la jurisprudencia 12/2015 permite contar como "próximos" actos realizados más de un año antes de la jornada, si el proceso ya está en curso. Eso estrecha la ventana de tolerancia para todos los servidores públicos que planeen posicionarse en el mismo periodo. Y hay un costo conocido: cuando la infracción se confirma tras una cadena de impugnaciones, buena parte de los actos ya cumplió su función ante la ciudadanía. La disuasión llega después del efecto.

La votación por mayoría añade una duda razonable: sin conocer los argumentos de la minoría no puede afirmarse que el tribunal local haya fijado una doctrina unificada. La señal, por ahora, es más fuerte como advertencia que como jurisprudencia consolidada.

Qué sigue

Agotada la instancia local, la ruta natural es el TEPJF: la propia Sala Regional Guadalajara, ya involucrada en el expediente, o la Sala Superior, según la vía que elija la promovente. La información disponible no precisa plazos ni anuncio de impugnación, y tampoco la sanción aplicable.

El punto verificable hacia 2027 no es retórico. Primero, si el criterio se replica en otras denuncias por actos de difusión del mismo periodo en Sinaloa. Segundo, si aparecen nuevas quejas por propaganda posterior a mayo de 2026. Y tercero, el más político: si la senadora sostiene su aspiración cuando el proceso local abra, y si lo hace desde una comunicación distinta a la que el tribunal acaba de calificar como infracción.