Ugalde ve precampaña de facto en coordinadores de Morena rumbo a 2027

El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, cuestionó la figura con la que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está desplegando su estructura rumbo a 2027: los coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Su objeción es concreta —esa red podría vulnerar los plazos de precampaña y las reglas de fiscalización— y apunta al punto donde el partido gana más con menos obligaciones: una designación interna que coloca a alguien al frente de un territorio sin que exista, todavía, una candidatura que cumplir.

La estructura que no se llama precampaña

Los nombres ya están sobre la mesa. Eugenio Gino Segura —exsecretario de Finanzas del gobierno quintanarroense, 32 años— encabeza la estructura morenista en Quintana Roo; Verónica Díaz Robles, en Zacatecas, y Julieta Ramírez Padilla, en Baja California.

En ninguno de los tres casos hay candidatura registrada, precandidatura reconocida por el partido ni cargo reservado en una boleta. Hay algo distinto: un actor con responsabilidad organizativa que recorre el estado, mide lealtades y construye base.

El anuncio en Quintana Roo, el 15 de septiembre, mostró el costo interno del método. Simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México, gritaron “¡fraude!” durante la presentación. Para Arturo Espinosa, del Laboratorio Electoral, Díaz Robles enfrenta en Zacatecas el reto de una posible fractura interna ligada al monrealismo, los reclamos de José Narro Céspedes y las exigencias de transparencia sobre las encuestas. En Baja California, la definición se produjo de manera independiente y entre diferencias de los grupos morenistas.

Aquí conviene no confundir dos cosas. El marco legal reserva el término precampaña para los actos que realizan quienes buscan una candidatura dentro de un proceso partidista, y los sujeta a plazos, topes de gasto y reporte. La coordinación de Defensa de la Transformación no es, formalmente, ninguna de esas figuras. El señalamiento de Ugalde es que, en la práctica, puede producir efectos equivalentes —promoción, desplazamiento territorial y gasto— sin la carga regulatoria correspondiente.

La lectura política

La figura cumple una función que en el sistema mexicano tiene nombre viejo: es una precandidatura de facto sin el expediente de una precandidatura. Le permite a Morena tres cosas simultáneas: ordenar una sucesión interna antes de que arranquen los relojes legales, medir lealtades territoriales con costo político bajo y colocar a los designados en posición de salida para 2027. Si el cálculo funciona, el coordinador llega a la definición con estructura, nombre y agenda propios; si falla, no hay candidatura formal que se pueda impugnar por esa vía.

El riesgo señalado por el expresidente del IFE no es una falta ya acreditada, sino una zona gris que depende de cómo se conduzcan los coordinadores. Si sus actos se leen como llamados al voto en favor de un proyecto personal, si aparece gasto no reportado o propaganda fuera de tiempos, la frontera se cruza. El cuestionamiento no equivale a una resolución: para que el hueco se convierta en sanción haría falta una queja y un pronunciamiento de la autoridad electoral, elementos que la evidencia disponible aún no documenta. Ese vacío es justamente lo que mantiene la figura en pie.

El otro saldo es interno. La encuesta, que Morena usa como árbitro de sus definiciones, deja de ser un mecanismo de legitimación cuando los perdedores la impugnan en público. Los gritos en Quintana Roo y los reclamos zacatecanos miden lo mismo: la unidad proclamada depende de acuerdos con quienes quedaron fuera, no del anuncio.

Qué sigue

El ciclo se puede seguir con indicadores verificables. Primero, si el cuestionamiento de Ugalde se convierte en queja formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y su unidad de fiscalización, o se queda como opinión sin expediente. Segundo, si la revisión de los reportes de gasto de Morena incorpora los eventos y recorridos de estos coordinadores. Tercero, si, como se ha anticipado, restan siete estados por designar y a qué costo interno se cierran. Y cuarto, si las inconformidades sobre las encuestas en Zacatecas y Baja California derivan en instancias partidistas o en ruptura abierta. La ruta está trazada: mientras más se acerquen los plazos de 2027, más difícil será sostener la ambigüedad.