Velasco pide transparentar encuestas que definirán gubernaturas rumbo a 2027

Manuel Velasco Coello, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pidió que se respeten las encuestas y que exista transparencia en el método para definir quién encabezará "los trabajos" de la Cuarta Transformación en las entidades que elegirán gobernador en 2027. "Yo lo que creo que es importante es que se respeten las encuestas, que exista transparencia en el método y que la mujer o el hombre que esté mejor posicionado encabece los trabajos, que fue el acuerdo que se hizo desde un inicio", dijo en entrevista.

La frase suena a defensa genérica de la técnica demoscópica. En el bloque oficialista es otra cosa: es la exigencia de fijar una regla de reparto antes de que la discusión se resuelva caso por caso, y de comprometer al socio mayoritario a atenerse a un resultado que hoy nadie ha publicado.

Velasco situó el precedente en 2023, cuando la coalición definió la candidatura presidencial. "Fue muy importante que existiera mucha transparencia en el método de las encuestas y que estas se publicaran cuando salieron los resultados", recordó, y pidió que los ejercicios que se han venido levantando se publiquen "en cada una de las entidades". Hacia el otro extremo del bloque mandó un mensaje de cohesión: llamó a "no ser soberbio" y sostuvo que el Partido del Trabajo (PT) es determinante en varios territorios, porque sus puntos en municipios, distritos locales y federales "pueden llegar a hacer la diferencia entre perder o ganar una alcaldía, un estado o una diputación".

La respuesta petista no cerró la puerta. La senadora Lizbeth Sánchez García dijo que la política de alianzas con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se analizará "de manera individual según la región": "En algunos lugares iremos juntos y en otros separados". Negó una ruptura, reiteró que Alberto Anaya Gutiérrez encabeza el PT y sostuvo que en el plano federal el bloque seguirá junto.

El nombre formal y la función real

La figura que se discute —"coordinador de la defensa de los logros de la Cuarta Transformación"— no existe en la ley electoral. Su antecesora, el "coordinador de la defensa de la transformación" de 2023, funcionó en la práctica como precandidatura: ordenó la competencia interna, fijó la visibilidad de cada aspirante y desembocó en la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo. Con otro nombre y tres años después, la etiqueta cumple una función parecida: coloca a quien la reciba en posición de salida hacia una gubernatura, aunque todavía no exista acto jurídico alguno.

Ese es el límite. No hay convocatoria, ni precandidatura registrada, ni candidatura formal; la selección interna es materia de la autonomía de los partidos y ninguna autoridad electoral califica el método con el que se levantan las encuestas. Si el "acuerdo" se queda en el terreno político, no hay instancia externa que lo haga valer: por eso la transparencia que pide Velasco es, sobre todo, una exigencia entre socios.

La lectura política

Quien pide publicar las encuestas no pide un dato: pide que la regla de decisión deje de ser discrecional. El PVEM y el PT son socios minoritarios con peso legislativo y voto propio, pero con techo insuficiente para pelear solos las gubernaturas. Su palanca no es ganar la encuesta, sino que la encuesta sea el árbitro. En un reparto decidido por negociación política, el partido con más estructura y más militancia —Morena— cobra cada posición en cuotas de poder; en un reparto decidido por encuestas publicadas, el resultado se vuelve un ancla que la fuerza mayoritaria difícilmente puede desconocer sin costo público.

Ahí está el incentivo de Velasco: habla como coordinador parlamentario, pero también desde la experiencia de quien ha sido candidato, y activa un precedente —el de 2023— que a su partido le conviene repetir cada vez que el socio mayoritario tenga la tentación de decidir por otras vías.

El PT juega una partida distinta y complementaria. Su "caso por caso" no es amenaza de ruptura, es precio: mantiene abierta la opción de acompañar a Morena en unos estados y no en otros, lo que obliga a negociar cada plaza por separado. El costo de esa ambigüedad es que erosiona el argumento de Velasco: si la regla es única, no admite excepciones estatales.

Para el adversario, la señal es que el bloque llega a 2027 discutiendo procedimientos internos y no programa. Para los aliados, que la disciplina se está renegociando. Y para los aspirantes de Morena en los estados, que una encuesta publicada puede volverse el argumento más difícil de revertir.

Qué sigue

El siguiente paso verificable es material: si las encuestas que ya se levantaron se publican y con qué metodología. En paralelo, la coalición tendrá que definir por escrito su método de selección y, cuando los procesos locales arranquen formalmente, registrar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) los convenios de coalición dentro de los plazos del calendario; ahí ya no habrá margen para encuestas, sino para firmas, estatutos y requisitos.

Falta saber qué entidades están en disputa y qué mediciones existen. Sin esos dos datos, la exigencia de Velasco puede leerse tanto como una regla general de la coalición como una defensa anticipada del espacio propio del PVEM.