Yucatán pide mesura al Iepac y anticipa el techo del gasto electoral de 2027

El secretario de Administración y Finanzas de Yucatán, Juan Sánchez Álvarez, pidió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) no caer en “excesos” al elaborar su proyecto de presupuesto para 2027, el año en que se elegirán presidencias municipales y diputaciones locales. El llamado no llegó en un debate electoral, sino en el trámite de entrega de proyectos presupuestales: el plazo para que nueve organismos autónomos y los poderes Legislativo y Judicial presenten sus proyecciones ante el Gobierno del Estado vence a la medianoche del jueves 15 de octubre. En la práctica, es un aviso anticipado sobre el techo del dinero con el que se organizará la elección intermedia.

Sánchez Álvarez acompañó el señalamiento con un llamado general: “Yo espero que sean muy responsables, muy prudenciales, que entiendan la realidad económica del país y del Estado”. Sobre el organismo electoral fue más concreto: pidió no caer en excesos “ni en situaciones que no se puedan constatar en la realidad”. El argumento de fondo es que una elección intermedia no implica las mismas exigencias económicas que unos comicios para gobernador o para presidente de la República. Y delimitó su propio papel: “Nosotros desde aquí no fiscalizaremos, pero sí seremos muy responsables y muy puntuales respecto a cuál parece ser o se establecería el destino de los recursos”.

La secuencia importa. Una vez recibidas las proyecciones de los organismos autónomos, la Secretaría las integra al Presupuesto de Egresos de Yucatán para 2027, que el Ejecutivo enviará al Congreso del Estado a más tardar el 25 de noviembre. Los diputados tienen hasta el 15 de diciembre para aprobarlo. La solicitud del Iepac es, por tanto, una propuesta: la cifra final pasa por dos instancias que no pertenecen a la autoridad electoral.

La lectura política

El dinero es el primer acto del proceso electoral. Antes de coaliciones y campañas, se define cuánto costará organizar la elección, capacitar a funcionarios de casilla, actualizar el padrón y fiscalizar el gasto de los contendientes. La autonomía de un organismo electoral empieza por su presupuesto, y ese presupuesto no lo decide él.

De ahí la relevancia de que el aviso sea público. La petición de prudencia se dirige formalmente a nueve organismos autónomos y a dos poderes, pero el señalamiento electoral es el único con costo político visible. Colocar la elección como el lugar natural de la austeridad, antes de conocer la cifra solicitada, funciona como un anclaje: fija el marco en el que la solicitud del Iepac será leída, incluso si el monto resulta razonable.

Conviene subrayar la asimetría que el propio secretario describió: el Ejecutivo estatal no fiscalizará los recursos, pero participa en definir su destino. Institucionalmente, la revisión del gasto corresponde al propio Iepac y a los órganos de auditoría; políticamente, quien establece el techo conserva ventaja sobre quien lo administra.

El cálculo tampoco es misterioso. En 2027 se renueva el mapa municipal y el Congreso local, es decir, la estructura territorial sobre la que se apoya cualquier proyecto político estatal en los años siguientes. Un organismo electoral con menos recursos para vigilar el origen y destino del dinero de campaña no fortalece a ningún contendiente en particular, pero reduce la capacidad institucional en el terreno donde suele librarse la competencia más dura: los ayuntamientos.

Dos precisiones. Primera: la evidencia disponible no acredita un recorte. La petición tiene base técnica —una elección intermedia cuesta menos que una gubernatura— y podría tratarse de un mensaje de disciplina fiscal sin efecto material. Faltan tres datos para sostener cualquier conclusión más fuerte: cuánto pedirá el Iepac, cuánto sobrevive a la integración de la Secretaría y cuánto aprueba el Congreso. Tampoco aparece en la información una reacción pública del organismo electoral. Segunda: nada en el hecho convierte a Sánchez Álvarez en aspirante ni en precandidato. Su intervención es administrativa; el peso político del movimiento pertenece al gobierno estatal en su conjunto, no a un proyecto personal.

Qué sigue

- 15 de octubre, medianoche. Vence el plazo para que los nueve organismos autónomos y los poderes Legislativo y Judicial entreguen sus proyectos de presupuesto 2027. - 25 de noviembre. Fecha límite para que el Ejecutivo estatal presente el paquete al Congreso de Yucatán. - 15 de diciembre. Plazo para que los diputados aprueben el Presupuesto de Egresos 2027. - Señales a vigilar. La cifra que solicite el Iepac y su defensa pública del proyecto; si el ajuste —en caso de existir— toca las áreas de organización, capacitación y fiscalización de campañas; y si el Congreso modifica la propuesta del Ejecutivo.