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Asesinato del regidor Gabriel Rivas en Cuernavaca: exigen justicia y que la FGR atraiga el caso
Colectivos y la gobernadora Margarita González Saravia exigieron esclarecer el homicidio del activista de Morena, quien había denunciado amenazas y un presunto "cártel inmobiliario" en Morelos.
Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena y activista en Cuernavaca, fue asesinado el miércoles. Colectivos marcharon y pidieron a la FGR atraer la investigación; la gobernadora Margarita González Saravia prometió en el sepelio que no habrá impunidad. Rivas había denunciado amenazas de un grupo delictivo y la construcción irregular ligada al proyecto La Cacahuatera. La FGE mantiene varias líneas de in
El asesinato del regidor de Morena y activista Gabriel Rivas Ríos en Cuernavaca colocó frente a las autoridades de Morelos una pregunta incómoda: qué se hizo con las denuncias que el propio concejal había presentado antes de ser ultimado. Decenas de personas marcharon ayer en la capital morelense y se concentraron en el zócalo para rendirle honores y exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación, mientras la gobernadora Margarita González Saravia prometió en el sepelio que el crimen no quedará impune.
La exigencia de que la FGR atraiga el caso refleja la desconfianza de colectivos y vecinos hacia las autoridades locales, en un estado donde el regidor había advertido de amenazas y de construcción irregular. Integrantes de colectivos colocaron una ofrenda en el Memorial de Víctimas del palacio de gobierno como símbolo de resistencia. El féretro de Rivas Ríos fue colocado en el centro de la cancha del complejo deportivo de la colonia Flores Magón, cubierto por arreglos florales enviados por agrupaciones comunitarias y colonos a quienes respaldó durante su trayectoria social.
Cersando Bizarro, asesor del regidor y amigo de la familia, demandó que la Fiscalía General del Estado (FGE) indague a fondo las denuncias que Rivas hizo sobre la proliferación de bares tolerados en Cuernavaca y la entrega de dádivas ligadas al proyecto inmobiliario La Cacahuatera. Apenas unas horas antes de ser ultimado, Gabriel Rivas acudió al Tribunal de Justicia Administrativa para acusar a la empresa Alto Verde Portenta de promover la construcción irregular de fraccionamientos y torres inmobiliarias con el presunto aval de autoridades panistas, en lo que calificó como una operación del "cártel inmobiliario".
El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, reveló que hace más de un año y medio Rivas presentó una denuncia tras recibir amenazas de un grupo delictivo, por lo cual contó con escoltas provisionales que después le fueron retirados. Ese dato es central para la lectura pública del caso: el regidor había advertido de un riesgo concreto y contaba con protección estatal que dejó de tener. La evidencia disponible no permite establecer por qué se retiró la escolta ni si hubo evaluación de riesgo posterior; ese es uno de los puntos que las autoridades no han explicado.
En tanto, la FGE, encabezada por Fernando Blumenkron Escobar, informó que se mantienen abiertas múltiples líneas de investigación alrededor del caso, enfocadas en revisar los asuntos oficiales, reuniones y causas sociales en las que participaba el concejal antes del atentado. El fiscal aseguró que no se descarta citar a servidores públicos del ayuntamiento ni a directivos del desarrollo residencial señalado por Rivas Ríos.
La lectura
El caso combina dos dimensiones que las autoridades deben esclarecer por separado: el homicidio y el entramado de denuncias que el regidor venía presentando sobre corrupción inmobiliaria y tolerancia de giros irregulares. La gobernadora González Saravia, quien recordó que fue compañera de lucha del activista, afirmó en el sepelio: "Estoy tan dolida como ustedes y yo aquí quiero hacer una promesa frente a él, frente a su familia, frente a Amelia, frente a su hija, que no va a haber impunidad".
La trayectoria de Rivas Ríos ayuda a entender por qué su muerte tiene una dimensión pública que excede el cargo. Su activismo lo llevó a participar en la resistencia civil contra la construcción de un complejo comercial en los predios del Casino de la Selva, acto por el cual fue detenido por el gobierno del entonces gobernador panista Sergio Estrada Cajigal (2000-2006). Impulsó la creación de la Asociación Cívica Morelense —bautizada después como Gustavo Salgado, en homenaje al activista asesinado del Frente Popular Revolucionario—, organización que se consolidó como una de las principales redes de gestión popular contra el alza al impuesto predial y en defensa de tarifas sociales para agua potable, energía eléctrica y transporte público. En el ámbito regional, mantuvo alianzas y acompañamiento del pueblo de Amilcingo en la oposición al Proyecto Integral Morelos, los movimientos de búsqueda de personas desaparecidas y diversos litigios territoriales.
La promesa de la gobernadora y la apertura de líneas de investigación por la FGE no equivalen todavía a una imputación ni a una sentencia; la evidencia disponible no permite sostener que exista un responsable identificado. Lo que sí está documentado es que el regidor había denunciado amenazas, que contó con protección temporal y que horas antes de morir acusó a una empresa y a autoridades panistas por construcción irregular.
Qué sigue
La FGR debe resolver si atrae la investigación, como piden colectivos y vecinos, o si el caso permanece en la FGE. La fiscalía estatal tendrá que informar si las denuncias previas de Rivas Ríos —sobre bares tolerados, dádivas y el proyecto La Cacahuatera— fueron investigadas y con qué resultados. También queda por esclarecer por qué se retiraron las escoltas y si existió una evaluación de riesgo posterior a la denuncia por amenazas. El sepelio y la ofrenda en el Memorial de Víctimas muestran que la exigencia de justicia se sostiene en el espacio público; la respuesta institucional aún está en construcción.