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Asesinatos de policías suman 236 en 2026; cuatro en la última semana

Causa en Común reporta 236 agentes de seguridad pública asesinados en lo que va del año, con casos recientes en Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla. La organización advierte un abandono institucional que agrava la crisis de seguridad.

Ilustración editorial de Ruido Cero sobre seguridad pública
Ilustración editorial de Ruido Cero; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

Causa en Común registra 236 policías asesinados en México durante 2026, incluidos cuatro en la última semana de octubre en Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla. Jalisco, Michoacán y Sinaloa concentran las cifras más altas. La organización denuncia un abandono histórico de las corporaciones policiales y exige fortalecer sus condiciones laborales y de seguridad.

La violencia contra las corporaciones policiales en México no da tregua. En la última semana de octubre fueron asesinados cuatro agentes de seguridad pública en Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla, con lo que suman aproximadamente 236 policías asesinados en lo que va de 2026, según el registro de la organización Causa en Común. La cifra, difundida a través de su página oficial, expone una crisis sostenida que afecta a las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger a quienes lo representan.

El registro de Causa en Común contabiliza 236 policías asesinados en 2026, una cifra que refleja la persistencia de la violencia contra las fuerzas de seguridad en todo el país. Los casos más recientes ocurrieron en cuatro entidades distintas, lo que sugiere que el fenómeno no se limita a una región específica. De acuerdo con la organización, las entidades con más casos registrados son Jalisco, con 37; Michoacán, con 31; Sinaloa, con 25; Guanajuato, con 20; y el Estado de México, con 18. Estas cifras colocan a esas cinco demarcaciones como los focos rojos en la materia.

La distribución por corporaciones revela que la mayoría de las víctimas pertenecía a cuerpos locales: 93 eran policías municipales, 78 estatales, 45 de la Guardia Nacional, 12 del Ejército, 6 policías federales y 2 de la Marina. La mayor proporción de agentes municipales y estatales asesinados subraya la vulnerabilidad de las policías locales, que suelen operar con menores recursos y protección.

El registro de Causa en Común también indica que, entre el 1 de enero de 2024 y el 29 de octubre de 2026, han sido asesinados al menos 678 agentes de seguridad pública. La organización da seguimiento a estos casos a partir de información pública y ha utilizado este conteo para documentar la magnitud del problema. La cifra de 678 policías asesinados en lo que va de la administración actual evidencia una tendencia sostenida que no se ha revertido.

Más allá de las cifras, Causa en Común ha elaborado el informe “Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico”, en el que advierte sobre las precarias condiciones laborales de las corporaciones: bajos salarios, falta de seguridad social, jornadas excesivas y deficiencias en capacitación y equipamiento. Según la organización, durante el actual sexenio se han registrado al menos 137 protestas de policías para exigir mejores condiciones laborales. El vínculo entre condiciones laborales precarias y el alto número de asesinatos sugiere que el abandono institucional no solo afecta a los agentes, sino que contribuye a la inseguridad en el país.

La lectura

El patrón que emerge de los datos es claro: los asesinatos de policías no son incidentes aislados, sino parte de una crisis estructural que combina violencia criminal con negligencia institucional. La concentración de casos en ciertas entidades y la sobrerrepresentación de policías municipales y estatales apuntan a que las corporaciones locales son las más expuestas, en parte por la falta de recursos y respaldo. La organización ha sido explícita en señalar un “abandono histórico” y ha vinculado las condiciones laborales con la inseguridad, una lectura que, si bien está respaldada por su registro y su informe, requiere de una respuesta institucional que hasta ahora no se ha materializado de manera contundente.

El gobierno federal no ha emitido una declaración específica sobre estas cifras en la evidencia disponible. Tampoco se detallan las circunstancias de cada uno de los cuatro casos recientes ni si hay detenidos o líneas de investigación. Esa ausencia de información pública limita la posibilidad de establecer responsabilidades directas o de evaluar la respuesta estatal caso por caso.

Qué sigue

La organización ha planteado la necesidad de fortalecer a las policías y atender el abandono institucional. Sin embargo, no se conocen medidas concretas anunciadas por las autoridades a partir de este registro. Queda por esclarecer si los gobiernos estatales y federal implementarán políticas de protección para los agentes, si se investigarán los cuatro casos recientes con la debida diligencia y si se atenderán las demandas laborales que han motivado 137 protestas en el sexenio. La evidencia disponible no permite anticipar una respuesta, pero el registro de Causa en Común seguirá documentando la violencia mientras las condiciones estructurales no cambien.