CDH acusa omisiones de la Fiscalía en la desaparición de Natali Carmona

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió la recomendación 2/2026 a la Fiscalía General de Justicia local por las omisiones en la búsqueda e investigación de la desaparición de Natali Carmona Hernández y en la localización y entrega de sus restos. El instrumento no es un trámite menor: un organismo autónomo concluyó que la actuación de la fiscalía derivó en violaciones a derechos humanos y que el Estado debe reparar el daño a las víctimas.

Natali salió de su domicilio en Iztapalapa el 27 de enero de 2019 rumbo a Puebla con su pareja y avisó a su madre que regresaría ese mismo día. No volvió. Al día siguiente se reportó su desaparición y se presentaron denuncias. La carpeta se abrió con la clasificación de persona “extraviada o ausente”, una decisión que la primera visitadora general, Sofía de Robina Castro, señaló como punto central: “hoy sabemos que no se extravió, sino que desapareció”.

El 10 de febrero de 2019 fue localizado sin vida el cuerpo de su pareja en un terreno de cultivo en Huejotzingo, Puebla. Ante la falta de avance en las pesquisas, la madre de Natali presentó una queja ante la CDH. Solo después de una nueva denuncia por desaparición cometida por particulares, y tres años más tarde, el 15 de febrero de 2022 se ubicaron los restos de Natali a unos metros de donde había sido hallado el cuerpo de su pareja.

La lectura

La resolución acredita violaciones a cuatro derechos humanos: a la igualdad y la no discriminación, en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; al acceso a la verdad y a la justicia con debida diligencia; al derecho de toda persona a ser buscada, y a la integridad personal de la familia. La CDH formuló ocho puntos recomendatorios y reconoció a tres víctimas directas y cuatro indirectas, entre ellas los dos hijos y los padres de Natali, con medidas de reparación integral.

El caso permite leer un patrón institucional con evidencia acotada: la clasificación inicial como “extraviada o ausente” y la demora en la búsqueda no son un detalle administrativo, sino la decisión que condicionó el rumbo de la investigación. La titular del organismo, María Dolores González Saravia, lo planteó en términos de coordinación institucional: “la distribución territorial de competencias no puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los derechos ni trasladar a las familias las consecuencias de la falta de articulación institucional”.

La evidencia disponible no permite afirmar cuántas carpetas con esa clasificación inicial existen ni si la práctica persiste en la fiscalía capitalina. Tampoco precisa si la recomendación fue aceptada o rechazada, ni el contenido desagregado de los ocho puntos. Esos elementos son necesarios para medir si la resolución cambia procedimientos o queda como documento sin consecuencias.

Qué sigue

La recomendación obliga a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a responder y, en su caso, a instrumentar medidas de reparación. El punto verificable será si la fiscalía acepta la recomendación y si las medidas de reparación integral se traducen en actos concretos para las cuatro víctimas indirectas. También queda por esclarecer si la CDH dará seguimiento público al cumplimiento y si el caso se integra a un diagnóstico más amplio sobre búsqueda de mujeres desaparecidas en la capital.

El expediente deja una pregunta abierta sobre la articulación entre fiscalías de distintas entidades: la desaparición se reportó en la Ciudad de México y el cuerpo de la pareja apareció en Puebla. La recomendación apunta a que esa distribución de competencias no puede seguir operando como obstáculo para las familias.