SEGURIDAD · MEDIUM
Cuautla lidera denuncias por extorsión y su regidora pide disolver la policía
El municipio acumuló 96 denuncias por extorsión presencial entre enero y julio de 2026, la cifra más alta entre localidades de más de 100 mil habitantes. La propuesta de disolver la corporación municipal abre una discusión sobre capacidad institucional que los datos disponibles a
Cuautla registró 96 denuncias por extorsión presencial entre enero y julio de 2026, con una tasa de 51.3 por cada 100 mil habitantes, la más alta del país entre municipios de más de 100 mil habitantes, según el SESNSP y un análisis de Morelos Rinde Cuentas. La regidora Anita Sánchez Guerra pidió disolver la Policía Municipal por la rotación de mandos y una presunta colusión que aún no ha sido acre
Cuautla cerró los primeros siete meses de 2026 como el municipio con más denuncias por extorsión presencial entre las localidades del país con más de 100 mil habitantes. Entre enero y julio de 2026, Cuautla registró 96 denuncias por extorsión presencial, con una tasa de 51.3 por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta en su categoría poblacional. El dato proviene del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de un análisis de la organización Morelos Rinde Cuentas.
La comparación interna en Morelos refuerza el contraste: Yautepec acumuló 24 denuncias en el mismo periodo, con una tasa de 22.7 por cada 100 mil habitantes. La diferencia entre ambos municipios muestra que Cuautla concentró una incidencia denunciada mayor bajo ese criterio, aunque no permite establecer por sí sola cuántos casos ocurrieron realmente en cada localidad. Las denuncias registradas tampoco representan la totalidad de los hechos: los expedientes por extorsión pueden no llegar a las autoridades por miedo a represalias, desconfianza o dificultades para presentar una denuncia. Las cifras oficiales deben leerse como casos registrados y no como un conteo exhaustivo de víctimas.
Sobre ese panorama, la regidora Anita Sánchez Guerra planteó disolver la Policía Municipal. Su argumento se apoya en la rotación de mandos y en una presunta colusión con grupos criminales. La solicitud de disolver la corporación refleja la propuesta de Sánchez Guerra ante los problemas que identifica, pero su viabilidad y sus consecuencias dependerían de decisiones legales, administrativas y operativas que aún no se han definido.
El cuestionamiento a la institución municipal se inserta en un contexto más amplio. Jesús Corona Damián, exalcalde de Cuautla, fue detenido en Acapulco el 30 de mayo de 2026, después de permanecer prófugo durante diez días. Su captura ocurrió dentro del Operativo Enjambre y se relacionó con acusaciones de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Según Sánchez Guerra, alrededor de 20 policías habían sido asignados a la protección del exalcalde. Las acusaciones contra el exalcalde no implican que todos los integrantes de la policía municipal estuvieran involucrados ni permiten extender responsabilidades a funcionarios que no han sido señalados formalmente. Para establecer si hubo colaboración de servidores públicos con grupos criminales se requieren investigaciones individualizadas y resultados judiciales.
La respuesta institucional
El Plan Cuautla contempla la participación coordinada de autoridades municipales, estatales y federales. En un balance presentado el 11 de septiembre, las autoridades informaron que más de 119 personas señaladas como presuntas generadoras de violencia habían sido detenidas dentro del despliegue general. Esa cifra corresponde al conjunto de acciones del plan y no debe atribuirse exclusivamente a investigaciones por extorsión. En este delito, el reporte oficial enumeró 60 cateos, 28 detenciones en flagrancia y 18 vinculaciones a proceso. También informó de una red de protección para dos mil 336 establecimientos y de otra dirigida a comerciantes de seis mercados y de la Central de Abasto, integrada por 506 locatarios.
El gobierno estatal anunció además una inversión de 477 millones de pesos entre septiembre y diciembre para acciones relacionadas con seguridad, infraestructura, educación, economía, cultura y bienestar. El monto se presentó como parte de una estrategia más amplia para el municipio, por lo que no corresponde atribuirlo íntegramente a la operación policial o al combate de la extorsión.
El 20 de octubre, autoridades municipales y estatales participaron en una mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad en las instalaciones del Quinto Regimiento Mecanizado, con el objetivo de dar seguimiento a las estrategias del Plan Cuautla. En el encuentro estuvieron el alcalde Salvador Molina Martínez; el secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado Ceballos; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, José Luis Bucio Quiroz; el fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, y Manuel Nieto Sotelo, encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. La reunión confirmó que la coordinación entre las instituciones continúa como uno de los ejes de la estrategia, pero el comunicado sobre el encuentro no detalló nuevas detenciones, operativos específicos contra la extorsión ni indicadores actualizados sobre la incidencia delictiva.
La lectura
Los datos disponibles permiten identificar dos dimensiones del problema: las acciones operativas anunciadas por las autoridades y el volumen de denuncias por extorsión registrado durante los primeros siete meses de 2026. Ambos elementos no son suficientes para determinar si el plan ha reducido el delito. Para establecer una tendencia, las autoridades tendrían que publicar cifras de meses posteriores y contrastarlas con los mismos periodos de años anteriores, con una metodología que distinga las modalidades de extorsión y evite atribuir cambios a la estrategia sin evidencia adicional.
También se requiere información verificable sobre la plantilla municipal, los resultados de los exámenes de control y confianza y los procedimientos de ingreso, permanencia y separación de los mandos. Esos datos permitirían evaluar los cuestionamientos sobre la capacidad de la policía sin depender exclusivamente de declaraciones políticas o de cifras generales de despliegue.
Qué sigue
El seguimiento de los casos judiciales es un componente pendiente: cuántas personas detenidas por extorsión fueron vinculadas a proceso, cuántas recibieron sentencia y qué resultados tuvieron las investigaciones sobre posibles redes de protección. La cifra global de detenciones del Plan Cuautla no sustituye ese desglose.
La propuesta de disolver la Policía Municipal y trasladar las tareas de seguridad a la Guardia Nacional abre una discusión sobre la capacidad institucional del municipio. Mientras no se conozcan los resultados de las investigaciones sobre presunta colusión, la situación real de la plantilla y la evolución de las denuncias, no es posible concluir que la disolución sea la única salida ni que la estrategia vigente haya fracasado.