Extorsión en México crece 65%: el cobro de piso asfixia a comercios

La extorsión se ha consolidado como una de las amenazas más letales y silenciosas contra la economía formal en México. Un nuevo informe de la organización de investigación *México Evalúa* revela que la tasa de este delito aumentó 65% entre 2015 y 2026. En los primeros nueve meses de este año, se registraron 8,551 víctimas, una cifra que no solo refleja la magnitud del problema, sino su capacidad para asfixiar a comercios, transportistas y empresas locales bajo la amenaza del "cobro de piso".

El panorama de inseguridad no es homogéneo, sino que se concentra geográficamente de manera alarmante. El 85% de las víctimas se ubica en las principales regiones productivas del país: el Centro, el Bajío-Occidente y el Norte industrial. Esta distribución no es casual; los grupos delictivos han identificado que estas zonas ofrecen mayor flujo de efectivo y vulnerabilidad institucional. De hecho, apenas 42 municipios concentran la mitad de todos los casos reportados a nivel nacional, lo que indica que la violencia económica está altamente focalizada en núcleos urbanos y corredores logísticos clave.

Morelos emerge como el estado más afectado por habitante. Con una tasa de 28.2 víctimas por cada 100 mil habitantes, la entidad supera más de cuatro veces el promedio nacional. Le siguen Querétaro y Colima, que alcanzan máximos históricos en reportes de extorsión. Estos datos sugieren que, lejos de dispersarse, la presión criminal se intensifica en estados con alta actividad comercial y logística, donde la capacidad de pago de los comerciantes es mayor, pero la presencia del Estado para protegerlos es percibida como insuficiente.

La cifra oficial, sin embargo, representa solo la punta del iceberg. El 97.5% de los delitos de extorsión jamás se denuncia, debido a un profundo miedo a la represalia y una desconfianza generalizada en las autoridades. Este silencio forzado crea un círculo vicioso: al no reportarse, no hay estadísticas precisas, no se asignan recursos específicos y los grupos delictivos operan con impunidad total. El cobro de piso se convierte así en un impuesto ilegal y obligatorio que devora los márgenes de ganancia de pequeños negocios, desde tienditas de abarrotes hasta empresas de transporte de carga.

Las consecuencias económicas son directas. Para el comerciante promedio, el cobro de piso no es un gasto opcional, sino una condición de operación. Quien no paga, enfrenta daños a su propiedad, agresiones físicas o el cierre forzoso. Esto tiene un efecto dominó: reduce la inversión formal, empuja a la informalidad a quienes intentan sobrevivir y debilita la recaudación fiscal del Estado. La extorsión, por tanto, no es solo un problema de seguridad, sino un obstáculo estructural para el desarrollo económico regional.

El informe de *México Evalúa* también destaca la necesidad de repensar las estrategias de combate. La impunidad del 97.5% en no denuncia exige mecanismos de protección a testigos más robustos y garantías de anonimato real. Además, requiere una coordinación intergubernamental que no solo persiga el delito, sino que desarticule las redes financieras que sostienen el cobro de piso. Sin confianza ciudadana, las estadísticas seguirán siendo un reflejo distorsionado de la realidad.

Lo que observaremos a continuación es si las autoridades estatales y federales pueden romper el ciclo de silencio. La concentración de casos en 42 municipios sugiere que existen focos rojos que requieren intervenciones específicas y no solo políticas genéricas de seguridad. Si Morelos, Querétaro y Colima no logran revertir la tendencia, el modelo de "pago por protección" se extenderá a más regiones, erosionando aún más la confianza en las instituciones y la viabilidad del comercio formal en México. La extorsión ya no es solo un delito contra la propiedad; es un ataque a la capacidad del país para generar empleo y riqueza de manera segura.