SEGURIDAD · HIGH
Extorsión en Uruapan sube 19.4% pese a operativo militar
Los registros oficiales de extorsión crecieron en Uruapan mientras comerciantes describen cobros, amenazas y balaceras que no aparecen en las cifras.
Uruapan acumuló 74 registros de extorsión entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, 19.4% más que en los once meses previos, según el Secretariado Ejecutivo. Comerciantes entrevistados dicen que el crimen organizado mantiene cuotas y amenazas pese a retenes y patrullas militares. El delito tiene alta cifra negra y las autoridades municipales admiten que el problema persiste.
En Uruapan, Michoacán, los registros de extorsión aumentaron 19.4% entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, mientras comerciantes reportan que el crimen organizado mantiene cobros y amenazas pese a la presencia militar. La cifra oficial, contenida en las bases municipales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), contradice la percepción de que el despliegue de fuerzas federales y los operativos locales bastan para contener uno de los delitos que más castiga la vida cotidiana de la ciudad.
Uruapan acumuló 74 registros de extorsión entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, frente a 62 en los mismos once meses anteriores: un aumento del 19.4 por ciento, según el SNSP. El dato no es un pico aislado: compara dos periodos de igual duración y muestra una tendencia sostenida. Pero esas cifras apenas muestran una parte del problema, porque la extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra en México. Cuando se les mencionan los números oficiales, empresarios y encargados de locales entrevistados sueltan una risa unánime: aseguran que son muchos más. Hablan del miedo a las represalias, del control de los grupos criminales y de la desconfianza en las autoridades. Pagar y callar, explican, es menos peligroso que denunciar.
El relato de un restaurantero, identificado como Carlos para proteger su identidad, ilustra esa brecha. Contó que sufrió dos intentos de levantón, que su local fue baleado en marzo y que, tras el aviso, los hombres volvieron a pedirle 50 mil pesos mensuales. Negoció: dio 20 mil de entrada y tres mil al mes. "Con Carlos Manzo y sin Carlos Manzo, en Uruapan sigue el problema de la extorsión. Es el gran problema que seguimos teniendo. Te dicen que denuncies, pero yo lo hice y jamás pasó nada. Al contrario, me puse más en riesgo", dijo. Su testimonio no prueba por sí solo un patrón general, pero coincide con la queja recurrente que recogen las autoridades municipales.
La alcaldesa Grecia Quiroz reconoce que el problema persiste y afirma que lo plantea en las mesas de seguridad, a las que dice que no siempre la invitan. "Son los propios ciudadanos los que se quejan, los que dicen que la extorsión sigue y que hay algo que se debe hacer", declaró. Sostiene que su administración realiza los operativos que le corresponden y atiende la seguridad de proximidad. El regidor Víctor Hugo de la Cruz, del Movimiento del Sombrero, tampoco niega las extorsiones: "No podemos decir que todo está bien porque sería caer tanto en el egocentrismo como en querer maquillar cosas". Para él, la colaboración ciudadana es indispensable, aunque reconoce que para un comerciante amenazado el Ayuntamiento es la autoridad más cercana.
El contraste entre la presencia militar y la persistencia de los cobros es el eje del descontento. En los recorridos por la ciudad hay retenes y patrullas. Los comerciantes reconocen algunos cambios, como la disminución de los cobros de policías y agentes de Tránsito. Juan Daniel Manzo, subsecretario de Gobernación de Michoacán y hermano del exalcalde Carlos Manzo, admite ese avance parcial: "Tampoco con Carlos se resolvió el problema de la extorsión, pero de alguna manera se atendió. Lo que se resolvió fue la extorsión institucionalizada, la de los agentes de policía local y tránsito". Es decir, el cobro de autoridades locales habría bajado, pero el del crimen organizado no.
La lectura
El dato del SNSP y los testimonios apuntan en la misma dirección: la extorsión en Uruapan no cede con el despliegue de fuerzas federales ni con los cambios de administración municipal. La comparación de dos periodos idénticos permite sostener que el aumento no es un artefacto de calendario. Sin embargo, la evidencia disponible no permite afirmar cuánto del alza refleja más denuncias y cuánto más extorsiones, ni qué grupo criminal controla cada giro. La cifra negra impide dimensionar el fenómeno con precisión, y las autoridades consultadas no ofrecieron datos de carpetas de investigación, detenciones o sentencias por extorsión en el periodo. Tampoco hay evidencia pública sobre el número de mesas de seguridad celebradas ni sobre los resultados de los operativos contra este delito en particular.
Qué sigue
El expediente deja abiertas preguntas verificables: si el SNSP desagrega las 74 denuncias por tipo de extorsión, cuántas derivaron en investigación y cuántas en imputación; si la coordinación entre el Ayuntamiento, el gobierno estatal y las fuerzas federales produce detenciones de extorsionadores; y si la administración municipal hará públicos los acuerdos de las mesas de seguridad. Para los comerciantes, la disyuntiva sigue siendo pagar o denunciar sin protección visible. La evolución de los registros en los próximos meses indicará si el aumento fue un repunte o una tendencia consolidada.