FGE de Chiapas investiga linchamiento en Ostuacán; sobreviviente bajo custodia

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas abrió una investigación por el homicidio de un presunto feminicida durante el linchamiento ocurrido en Ostuacán, luego de que una turba irrumpiera en la presidencia municipal para sacar a los detenidos de los separos. El otro sospechoso, identificado como Armando “N”, fue rescatado con vida por fuerzas de seguridad federales y estatales y puesto bajo custodia médica y judicial, según confirmó la propia fiscalía. El episodio, que dejó un muerto y un herido grave, plantea un conflicto entre la exigencia social de justicia y el Estado de derecho.

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La FGE de Chiapas investiga el homicidio del presunto feminicida como un delito independiente del doble crimen que lo motivó. La carpeta busca identificar a los responsables materiales e intelectuales del linchamiento, ocurrido después de que la turba sacara a los detenidos de la sede municipal. El otro sospechoso, Armando “N”, sobrevivió y quedó bajo resguardo, lo que abre la puerta a que la fiscalía le impute el feminicidio agravado de Miriam Cruz Alpuche y su nieta Ariana Scarlett, de 12 años.

El rescate de Armando “N” por fuerzas federales y estatales evidencia que la seguridad de los detenidos quedó rebasada por la turba. La fiscalía no ha precisado si hubo omisión de las autoridades municipales, pero el hecho de que el sobreviviente haya tenido que ser extraído por corporaciones de otros órdenes apunta a una falla en los protocolos de custodia. Este punto es relevante porque, de comprobarse negligencia, el Estado mexicano podría incurrir en responsabilidad internacional por no garantizar la vida y la integridad de las personas bajo su custodia.

El caso ilustra un patrón de justicia por propia mano que las instituciones no han logrado contener. La turba no solo sustrajo a los detenidos, sino que mató a golpes a uno de ellos. La fiscalía deberá esclarecer si hubo participación de autoridades locales en el motín o si simplemente fueron rebasadas. Hasta ahora, no hay información pública sobre detenciones de los agresores ni sobre el estado procesal de la investigación por el linchamiento.

Los familiares de la víctima del linchamiento podrían acudir a instancias internacionales de derechos humanos. Aunque el presunto responsable había sido señalado por un crimen atroz, ningún ciudadano pierde su derecho a la vida ni al debido proceso. Si las vías internas se agotan o se demuestran ineficaces, los deudos pueden presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ejecución sumaria y violación al derecho a la vida. Esta vía, sin embargo, requiere primero que la fiscalía local concluya su investigación.

Qué sigue

La FGE de Chiapas deberá informar sobre los avances en la identificación de los participantes en el linchamiento y sobre la situación jurídica de Armando “N”, quien permanece bajo custodia médica y judicial. También queda pendiente esclarecer si hubo omisión de las autoridades municipales durante el motín y si se fincarán responsabilidades por la custodia de los detenidos. El caso de Ostuacán se suma a una serie de episodios de justicia por propia mano en México que plantean un desafío para las instituciones de seguridad y justicia.