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Fiscal Nacional advierte que recortes a la Supraterritorial aumentarán la impunidad
Ángel Valencia criticó la decisión de la Subcomisión Mixta de Presupuesto de suprimir los recursos para la nueva fiscalía y postergar la llegada de fiscales. El Ministerio Público supera los dos millones de denuncias en lo que va de 2026.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, calificó como un retroceso la supresión de recursos para la Fiscalía Supraterritorial en el Presupuesto 2027 y la postergación de dos tercios de sus fiscales hasta diciembre del próximo año. Advirtió que menos fiscales implica procedimientos abreviados, penas más bajas e impunidad, en un contexto de más de dos millones de denuncias en 2026.
El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, advirtió que la supresión de los recursos contemplados para la Fiscalía Supraterritorial en el Presupuesto 2027 y la postergación de la llegada de sus fiscales constituyen un retroceso que aumentará la impunidad. La controversia se originó en la decisión de la Subcomisión Mixta de Presupuesto de eliminar la partida de ese organismo creado recientemente, reasignar ese financiamiento al presupuesto general del Ministerio Público y dilatar la incorporación de los nuevos persecutores.
La advertencia no es menor: se produce en medio de la discusión legislativa de la partida y mientras el sistema penal acumula una carga que, según la autoridad, superó los dos millones de denuncias en lo que va de 2026. Valencia sostuvo que la postergación de dos tercios de los fiscales de la Supraterritorial hasta diciembre del próximo año convierte una gradualidad de dos años en una de tres.
El argumento de la carga de trabajo
El Fiscal Nacional explicó que el aumento de fiscales previsto en cuatro años no alcanza a cubrir el incremento de causas. "Vamos a llegar al final del periodo a mil fiscales. Pero si esos mil entraran hoy, la carga por profesional apenas equivaldría a la que teníamos en 2022", afirmó en conversación con Radio Universo. Según su lectura, lo que está haciendo el sistema es reducir el retroceso, y esa gradualidad se dilata en vez de anticiparse.
El impacto, según Valencia, se traduce en decisiones concretas sobre cómo se persigue el delito. "En términos sencillos, con menos fiscales, si quisiéramos ir con más causas por delitos sexuales graves a juicio oral, tengo que ir a procedimiento abreviado; tengo que pedir penas más bajas porque no tengo suficientes fiscales. Es así: menos recursos es impunidad", sentenció.
La advertencia apunta a un efecto directo sobre la capacidad de llevar adelante juicios e investigaciones de alta complejidad, no solo sobre el volumen de causas. El propio Fiscal Nacional vinculó la falta de dotación con la calidad de la persecución penal: menos fiscales disponibles implican más salidas alternativas y penas menores en delitos graves.
La lectura
El pronunciamiento de Valencia instala un conflicto entre el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda en la recta final de la discusión presupuestaria. La decisión de la Subcomisión Mixta no elimina el organismo, pero sí cambia su ritmo de instalación: al reasignar los fondos al presupuesto general y postergar la llegada de los fiscales, el diseño original de la Fiscalía Supraterritorial queda condicionado a una implementación más lenta de la prevista.
El punto político central es que la discusión dejó de ser sobre una partida específica y pasó a ser sobre el vínculo entre recursos y capacidad de perseguir delitos graves. Valencia respaldó su petición con los resultados obtenidos por el Ministerio Público en los últimos tres años y aseguró que la administración de los fondos disponibles permitió "reducir la brecha de impunidad". Es decir, su argumento no es que el sistema haya empeorado, sino que el recorte interrumpe una mejora en curso.
La evidencia disponible no permite establecer cuál será el monto final que se aprobará ni si la Subcomisión Mixta revisará su decisión. Tampoco permite verificar de forma independiente la proyección de carga de trabajo citada por la autoridad, más allá de su propia declaración. Lo que sí está documentado es la posición del Fiscal Nacional y el origen legislativo del conflicto.
Qué sigue
La discusión presupuestaria continúa y Valencia instó al Ministerio de Hacienda a buscar una salida a las discrepancias antes de que concluya el trámite. El desenlace dependerá de si el Ejecutivo y el Congreso reponen los recursos para la Supraterritorial o mantienen la reasignación y la postergación de los fiscales.
Queda por esclarecer el calendario exacto de ingreso de los nuevos persecutores, el monto que finalmente se asignará al Ministerio Público y si la advertencia del Fiscal Nacional encuentra respuesta formal de Hacienda. También falta precisar cómo se distribuirá la carga de trabajo entre las fiscalías existentes mientras la Supraterritorial opera a menor ritmo.