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Fiscalía CDMX prioriza delitos graves y digitalización en plan 2026

Bertha María Alcalde Luján presentó el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026, que ordena la investigación hacia homicidio, feminicidio, desaparición, secuestro y extorsión, y promete sacar el sistema penal del papel.

Ilustración editorial de Ruido Cero sobre crimen organizado
Ilustración editorial de Ruido Cero; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, presentó el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026. El plan prioriza la investigación de homicidio, feminicidio, desaparición, secuestro y extorsión, y contempla digitalizar procesos que hoy operan en papel. La fiscal vincula el cambio con mejorar la atención a víctimas y reducir la cifra negra; no se det

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026, un instrumento que ordena hacia dónde dirigir la investigación penal en la capital del país. La titular de la dependencia, Bertha María Alcalde Luján, lo resumió en tres vertientes: investigar mejor los delitos más graves, ofrecer salidas alternativas más ágiles y mejorar la atención a las víctimas desde su primer contacto con el Ministerio Público.

El anuncio tiene relevancia pública porque define prioridades en una institución que concentra la investigación y persecución de delitos en la ciudad más poblada del país. La Fiscalía capitalina fijó como prioridad investigar homicidio, feminicidio, desaparición, secuestro y extorsión, delitos donde, según Alcalde Luján, se necesita "toda la fuerza del Estado y del sistema penal, sin concesiones".

La fiscal describió el cambio como una combinación de método y operación. Su plan contempla investigaciones "más sustantivas y menos formales", con un rol más relevante de policías y peritos en la elaboración de los planes de investigación. Es decir, la prioridad no sólo se define por el catálogo de delitos, sino por cómo se construyen las carpetas desde el inicio.

Digitalizar para agilizar

Uno de los cambios que la propia fiscal calificó como de los más importantes es la digitalización de la Fiscalía. Alcalde Luján sostuvo que el sistema penal sigue operando en papel, lo que impide aprovechar herramientas tecnológicas para investigar mejor y conocer con certeza la actuación de cada ministerio público, policía de investigación y perito.

En su planteamiento, digitalizar no es un fin administrativo sino una condición para acortar tiempos y mejorar la calidad de las carpetas. Mencionó también el uso de inteligencia artificial para procesar la información disponible y hacer "verdadera inteligencia". La evidencia disponible no detalla qué herramientas, proveedores, controles de datos ni calendarios acompañan esa digitalización, un punto que queda por esclarecer.

El plan también reconoce que la cárcel no resuelve todos los casos. La fiscal planteó ser "más ágiles para ofrecer soluciones alternativas" y acuerdos reparatorios rápidos para víctimas que buscan recuperar su tranquilidad y su proyecto de vida. Esa vertiente convive con la prioridad de perseguir los delitos graves y plantea un debate público sobre en qué casos y con qué criterios se aplican las salidas alternativas.

La lectura

El discurso de Alcalde Luján conecta la priorización de delitos con un problema de confianza. La fiscal afirmó que, si no se mejora la experiencia de quien acude a una agencia del Ministerio Público y no hay resultados más rápidos, no se incrementará la confianza ciudadana ni se podrá reducir la cifra negra. Es una lectura institucional que desplaza el foco desde los casos mediáticos hacia los asuntos cotidianos.

Esa lectura, sin embargo, aún no se traduce en metas verificables. El hecho disponible no incluye indicadores de reducción de impunidad, tiempos de investigación, número de carpetas digitalizadas ni presupuesto asignado. Tampoco precisa cómo se medirá el desempeño de ministerios públicos, policías y peritos, aunque la fiscal mencionó la necesidad de generar información de calidad y medir con indicadores puntuales.

La presentación también ubica a la Fiscalía en una lógica de coordinación. Alcalde Luján habló de mantener los gabinetes de seguridad con el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México, y defendió que "una fiscalía autónoma no es una fiscalía aislada". Esa formulación importa en un contexto donde la autonomía del Ministerio Público local es materia de escrutinio público.

Qué sigue

El plan abre preguntas concretas: cuándo comenzará la digitalización, qué delitos o regiones se atenderán primero, cómo se medirá la reducción de la cifra negra y qué mecanismos de rendición de cuentas acompañarán la reorganización interna de equipos que la fiscal mencionó como apuesta central. También falta conocer cómo se articulará la priorización de delitos graves con las salidas alternativas y qué criterios evitarán que la agilidad se convierta en impunidad.

La fiscal fue nombrada en enero de 2025 para un periodo de cuatro años. El Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026 será, en los hechos, la primera prueba pública de su promesa de investigar con rigor, atender con dignidad y rendir cuentas.