Fiscalía confirma que bala que mató a Aranza salió de helicóptero estatal

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que la bala que mató a Aranza Aidelany, de siete años, en Matamoros, salió de un helicóptero de la Guardia Estatal que participaba en un operativo de seguridad. La niña murió el 29 de octubre por un disparo en la cabeza. La confirmación oficial convierte el caso en una crisis de rendición de cuentas para las fuerzas estatales: no se trata de un enfrentamiento entre grupos criminales, sino de fuego oficial que alcanzó a una menor.

Peritajes de balística identificaron que la ojiva, de calibre 7.62 milímetros, tuvo una trayectoria de arriba hacia abajo, consistente con un disparo desde una aeronave. Ese dato técnico es el que sostiene la versión de la Fiscalía y coincide con el relato de la madre de la niña, Claudia Pardo, quien declaró que un helicóptero comenzó a seguir su camioneta cuando la familia intentaba regresar a su casa en el ejido Las Rusias y encontró vialidades bloqueadas por hechos violentos. Pardo resultó lesionada en una pierna al intentar proteger a la niña.

El operativo, según informó la propia fiscalía, buscaba detener a Axel Alfredo Cárdenas, alias “El Titán”. Las bitácoras de vuelo de la aeronave están bajo análisis, pero hasta ahora no se identifica oficialmente al responsable del disparo, lo que deja abierto el tramo más delicado de la investigación: quién accionó el arma y bajo qué protocolo.

La lectura

El caso expone un problema de fondo que trasciende Matamoros. La confirmación de que el disparo provino de una aeronave oficial coloca a la Guardia Estatal en el centro de una investigación por uso de la fuerza que derivó en la muerte de una niña de siete años. No es un episodio aislado de violencia difusa: hay una cadena de mando, una aeronave identificada, un operativo con objetivo nombrado y bitácoras de vuelo que pueden reconstruir quién disparó y con qué autorización.

La respuesta institucional hasta ahora se limita a la confirmación pericial y al análisis de bitácoras. No hay detenciones ni suspensiones anunciadas. Esa ausencia de medidas inmediatas contrasta con la gravedad del hecho y con el patrón que la propia evidencia sugiere: una operación de seguridad en zona urbana, con presencia de civiles, que terminó con fuego real desde el aire.

El video difundido muestra a los menores corriendo hacia un domicilio entre gritos de “me voy a morir”. Ese material, junto con el relato de la madre, forma parte del expediente público que presiona por una explicación oficial. La fiscalía no ha precisado si el helicóptero disparó de manera directa o si el proyectil rebotó, ni ha detallado el protocolo de uso de armas desde aeronaves en operativos urbanos.

La pregunta central ya no es de dónde salió la bala, sino por qué se disparó desde un helicóptero en una zona donde viajaban menores y adultos. Responderla exige identificar al tirador, revisar la cadena de autorización del operativo y determinar si existió negligencia o violación de protocolos. Sin esos elementos, la confirmación pericial queda como un primer paso, no como una conclusión.

Qué sigue

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene bajo análisis las bitácoras de vuelo del helicóptero. De ellas debería desprenderse la identidad de la tripulación, la ruta seguida y las órdenes recibidas. También falta que la fiscalía precise si el operativo contaba con protocolos específicos para el uso de armas desde aeronaves y si estos se cumplieron.

El caso de Aranza ocurre en un contexto de operativos de seguridad en Tamaulipas que han involucrado a fuerzas estatales y federales. La confirmación oficial de que el disparo salió de una aeronave de la Guardia Estatal abre la puerta a responsabilidades administrativas y penales que, hasta ahora, no tienen nombre. La familia de la niña y la opinión pública esperan que la investigación no se detenga en el peritaje balístico.

La muerte de Aranza Aidelany, de siete años, ocurrió el 29 de octubre. La confirmación de la Fiscalía se conoce días después, en medio de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la protección de civiles durante operativos. Lo que falta esclarecer es quién disparó, bajo qué mando y con qué justificación operativa.