SEGURIDAD · HIGH
Fiscalía de Michoacán reporta 90% de avance en caso Manzo y 29 vinculados
A un año del asesinato del exalcalde de Uruapan, la Fiscalía sostiene la hipótesis de represalia del CJNG, pero aún no ejecuta una orden de aprehensión clave ni obtiene los teléfonos del edil.
La Fiscalía de Michoacán reporta un avance del 90% en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Hay 34 detenidos y al menos 29 vinculados a proceso. La hipótesis oficial es represalia del CJNG, sin indicios de móvil político. Faltan dos diligencias: detener al exjefe de escoltas y obtener los celulares del edil.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó un avance del 90 por ciento en la investigación del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas. El encargado de despacho de la dependencia, Israel Vega Rodríguez, informó que autoridades estatales y federales han detenido a 34 personas presuntamente relacionadas con el crimen, de las cuales al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso. La cifra, presentada a un año del homicidio, convierte el caso en uno de los expedientes con mayor número de imputaciones formales en la historia reciente de la entidad.
El significado público del dato no está sólo en el porcentaje. La Fiscalía sostiene que el homicidio fue una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación por las acciones que Manzo emprendió contra el crimen organizado en Uruapan, y descarta por ahora un móvil político. Esa hipótesis institucional importa porque desplaza la lectura del caso desde el conflicto partidista hacia la disputa territorial y la infiltración del crimen organizado en estructuras municipales. Las autoridades no han encontrado indicios de que el ataque tuviera motivación política, según la versión del funcionario.
La línea de investigación apunta a los enfrentamientos que el entonces edil sostuvo con grupos delictivos en Uruapan y la región, particularmente después de la detención de un presunto integrante del crimen organizado conocido como El Rhino. Entre los detenidos más relevantes están Ramón Ángel Álvarez Ayala, El R1, identificado como líder regional del CJNG y presunto autor intelectual, y Jorge Armando “N”, El Licenciado o El Contador, señalado de diseñar y coordinar la ejecución. El primero fue capturado el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco; el segundo, el 19 de noviembre de 2025 en Morelia, y trasladado al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano.
El expediente también alcanzó a personas cercanas al propio gobierno municipal. Siete escoltas del exalcalde fueron vinculados a proceso, y entre los detenidos figuran Samuel “N”, entonces director de Protocolo, señalado de presuntamente filtrar información sobre la agenda privada de Manzo, y Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar, detenida por su probable responsabilidad en encubrimiento por favorecimiento. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló previamente que personas cercanas al exalcalde habrían proporcionado información al grupo criminal. La implicación de colaboradores y funcionarios municipales sugiere que el caso no se agota en la ejecución material, sino que apunta a una red de vigilancia y filtración interna.
El volumen de la pesquisa es inusual: tres mil 500 actos de investigación, el análisis de mil 200 horas de videograbaciones, 120 audiencias, tres mil actuaciones periciales y 72 extracciones de información, según el desglose de Vega Rodríguez. Ese despliegue explica en parte el número de vinculaciones, pero también plantea una pregunta pública: si el avance es del 90 por ciento, ¿qué contiene el 10 por ciento restante y por qué no se ha cerrado?
La lectura
El caso Manzo se ha convertido en un termómetro de la capacidad institucional michoacana para procesar un magnicidio con presunta participación de una estructura criminal trasnacional y de funcionarios locales. La atribución a una represalia del CJNG, sin indicios de móvil político, no exime al Estado de explicar cómo operó la red que habría facilitado el ataque desde dentro del Ayuntamiento. La detención de una secretaria de Bienestar y de un director de Protocolo, junto con siete escoltas, describe un patrón de vulnerabilidad en los equipos de seguridad y en el manejo de información de los presidentes municipales.
La ausencia de indicios de motivación política es un dato relevante en sí mismo, pero también una afirmación que la Fiscalía tendrá que sostener con el expediente completo. Hasta ahora, la hipótesis se apoya en las líneas de investigación sobre enfrentamientos previos y en las detenciones de presuntos integrantes de la estructura criminal, no en una reconstrucción pública de la cadena de mando del ataque.
Qué sigue
La Fiscalía considera la investigación prácticamente concluida, pero mantiene dos asuntos pendientes que son decisivos. Falta ejecutar la orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, exmilitar y exjefe de escoltas del alcalde, y obtener los teléfonos celulares de Manzo, que actualmente están en poder de la alcaldesa Grecia Quiroz García. Sin esos dos elementos, el 90 por ciento reportado no puede traducirse en una consignación completa ni en una reconstrucción cerrada de cómo se coordinó el ataque.
El caso también deja abierta la pregunta sobre la responsabilidad de quienes habrían filtrado la agenda privada del edil y sobre el alcance de la participación de la estructura criminal en el reclutamiento, la vigilancia y la distribución de drogas en la región. La sociedad de Uruapan y el propio gobierno municipal enfrentan el reto de explicar cómo un presidente municipal en funciones fue asesinado en un evento público pese a contar con equipo de seguridad. El avance del 90 por ciento es un dato de gestión; la prueba pública será la sentencia.